El presidente de la Diputación provincial y hombre de confianza de Camps afronta dos investigaciones

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y hombre de confianza del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se enfrenta ya a dos investigaciones. Fabra, que controla desde hace años el PP provincial y cuyo apoyo ha sido determinante para Camps -en su pugna con Eduardo Zaplana por el liderazgo del partido a nivel autonómico- empezó a tener problemas con los juzgados en diciembre de 2003. En esa fecha, un empresario, Vicente Vilar, presentó, en los juzgados de Nules, dos querellas contra Fabra por estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, contra la salud pública y contra la propiedad industrial. Ninguna de las dos denuncias fue admitida pero tras leer el relato del empresario, la titular del Juzgado de Nules decidió abrir un procedimiento penal de oficio, ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que figuran el tráfico de influencias y el cohecho. Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de interceder ante la Administración para tratar de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Así, la juez decidió no limitar la investigación al presidente de la Diputación sino que la extendió al empresario denunciante, a la esposa de Fabra, Amparo Fernández, y a la ex esposa de Vilar, Monserrat Vives. La implicación de las dos últimas fue consecuencia de su aparición como titulares de una empresa compartida, Artemis 2000, a través de la que se solicitaban los registros de los productos fitosanitarios.

Otro de los sistemas de cobro, según el empresario, se realizaba a través de una sociedad de la que es titular Fabra. Esta mercantil, Carmacas, facturó hasta 140.000 euros al grupo empresarial de Vilar, Naranjax, por la supuesta confección de informes sobre prevención de riesgos laborales. La juez reclamó los citados informes, que se limitan a reproducir un texto que se encuentra en Internet y la guía de una mutua de trabajo local.

Las acusaciones de Vilar motivaron la investigación del patrimonio de Fabra, quien justificó su notable incremento -varias viviendas emplazadas en áreas residenciales en municipios de Castellón y Madrid- con su actividad como abogado y corredor de seguros en ejercicio, actividades que compatibiliza con el puesto de presidente de la Diputación de Castellón.