El consejero Lamela denuncia al juez las sedaciones y desactiva la investigación del fiscal

El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, ha quitado a la Fiscalía de Madrid la iniciativa de la investigación sobre supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa, de Leganés (Madrid), al haber presentado una denuncia en los juzgados de esta localidad. Ahora será un juez quien se haga cargo del asunto, que debe comenzar a tramitarse de nuevo. El caso ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 7, que ayer mismo incoó diligencias. Con su denuncia, Lamela ha bloqueado la investigación de la fiscalía madrileña, que estaba a la espera de recibir un informe de la Clínica Médico Forense de Madrid sobre 13 casos.

El informe de la comisión de expertos nombrada por Lamela señala que entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005 se aplicaron 73 sedaciones irregulares (34 no adecuadas, 35 no indicadas y 4 contraindicadas). El número de historias clínicas revisadas por los expertos asciende a 169.

El caso Leganés es fruto de una denuncia que entregó en marzo Lamela al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. Esa denuncia, anónima, indicaba que en los últimos años se habían producido 400 homicidios en las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés debido a sedaciones indebida, inadecuadas, excesivas o contraindicadas.

Para judicializar el tema, Lamela ha optado por la fórmula de la denuncia. Es decir, ha remitido al juzgado un escrito con los cuatro tomos del informe de su comité. Al ser una denuncia, el juez tiene ahora que pedir la ratificación de la misma y preguntar a los denunciados sobre los hechos.

En lugar de una denuncia, Lamela podía haber presentado una querella, pero ésta requiere una mayor fundamentación e indicar en ella quién, a juicio del denunciante, es o son los autores de los delitos. "Los autores del informe tendrán que ir a ratificarse ante el juez caso por caso, y no irán como peritos sino como denunciantes", señalan fuentes jurídicas.

Lo habitual cuando una Administración cree que algún funcionario de los suyos ha cometido una infracción penal es poner los hechos en conocimiento de la fiscalía para que éste la analice y decida, tras una primera investigación, si debe terminar o no en un juzgado. "Esto hace sistemáticamente, por ejemplo, la Agencia Tributaria", aseguraron fuentes jurídicas.

El consejero Lamela utilizó esta vía inicialmente. Habló con el fiscal jefe de Madrid el pasado 11 de marzo y le indicó que le iba a enviar una denuncia anónima que aludía a la existencia de eutanasias activas en Leganés. Según Lamela, esa denuncia se la había hecho llegar la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias.

La Fiscalía inició así sus pesquisas y requirió a Lamela toda la documentación que tuviese sobre el asunto. Sanidad le envió un primer informe de sus inspectores sanitarios en el que se indicaba que se habían analizado casi 400 historiales clínicos de pacientes sedados (todos con enfermedades terminales) y que se habían observado irregularidades en 25 casos.

La Fiscalía hizo un primer análisis de esos 25 casos y optó por investigar sólo 13 de ellos y desechar los otros 12 debido a que no vio ningún indicio penal en los mismos. Tampoco los vio en los otros 13, pero dadas las dudas que gravitaban sobre ellos decidió pedir a Sanidad los historiales clínicos completos de los 13 pacientes afectados y entregarlos a peritos independientes de la Clínica Médico Forense de Madrid para que éstos dictaminasen sobre ellos.

Dudas penales

Si Lamela no hubiese judicializado el caso, la fiscalía habría proseguido con la investigación y, terminada ésta, habría tenido dos opciones: presentar una denuncia si creía que había delitos o, en caso contrario, archivarla. Antes de darse a conocer las conclusiones del comité Lamela, en fuentes de la fiscalía existía la impresión de que no había infracción penal en lo denunciado por Lamela, aun cuando pudiera haber alguna irregularidad administrativa ajena al Código Penal.