Pulso por un cubano
La coherencia política antiterrorista de la Administración Bush está siendo sometida a prueba tras la detención en Miami, forzada por una gigantesca manifestación en La Habana, de Luis Posada Carriles, buscado por Cuba y Venezuela desde hace años acusado de haber atentado en 1976 contra un vuelo de Cubana de Aviación en el que murieron 73 personas, de otros actos terroristas en Cuba y de haber intentado asesinar en Panamá en 2000 a Castro con ocasión de la Cumbre Iberoamericana.
EE UU no suele conceder extradiciones a Cuba o a países que colaboran con el régimen castrista, en este caso la Venezuela de Hugo Chávez. Lo importante es que se respete la ley, y que Posada Carriles sea juzgado con todas las garantías por los actos de terrorismo, pues no cabe otro nombre, de los que es acusado. De otro modo, Bush incumplirá sus propios principios.
Pese a las protestas de los anticastristas de Miami, cinco años atrás la Administración de EE UU actuó conforme a derecho al devolver a la custodia de su padre en Cuba al niño Elián González, Eliancito, cuya madre había fallecido en su escapada en bote a Miami. En este caso se trata de una persona acusada de un crimen tan horrendo como lo fue el atentado contra un avión de pasajeros sobre Lockerbie, por el que EE UU bombardeó Libia. Ex agente de la CIA, permanente activista anticastrista, Posada Carriles se escapó de una cárcel venezolana en 1986, donde esperaba un nuevo juicio tras haber sido declarado no culpable en una primera vista del atentado contra el citado vuelo. En 2000 fue indultado en Panamá del compló contra Castro. Y hace unos meses, entró ilegalmente en Miami.
Castro llevaba semanas clamando por su extradición no a Cuba, sino a Venezuela, con la que EE UU tiene un tratado bilateral que honrar a este respecto. La manifestación del lunes organizada por el castrismo contra el terrorismo, con un millón de personas desfilando ante la sección de intereses de EE UU en La Habana, fue la guinda de esta reclamación tan propagandística como justificada. Las autoridades de Estados Unidos tienen hasta hoy para tomar una decisión. Dejar escapar a un posible terrorista, incluso a sus 77 años, iría más allá de la decencia que debe mantener una democracia y constituiría un error con serias consecuencias para el prestigio de Washington.
