Una comisión parlamentaria de Perú acusa de fraude al presidente Toledo
El mandatario falsificó firmas para registrar su partido, según un informe
El informe final de la comisión parlamentaria que ha investigado la presunta falsificación de firmas para que el partido del presidente de Perú, Alejandro Toledo, pudiera participar en las elecciones de 2001 concluyó que el mandatario es coautor de los delitos de asociación para delinquir y contra la fe pública. La comisión pide que se apliquen sanciones penales y constitucionales al mandatario. Sin embargo, una serie de irregularidades procesales ha puesto en tela de juicio la validez del documento, cuya suerte se decidirá el martes en el Congreso.
La comisión sostiene que se ha acreditado la existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación de firmas y se pronuncia sobre la responsabilidad penal de Toledo. Al presidente se le acusa de ser coautor de los delitos de asociación para delinquir y contra la fe pública por haber participado directamente en 1997 en la falsificación de firmas para lograr la inscripción electoral de su partido, Perú Posible, que venció en las presidenciales de 2001.
Más que la existencia de una organización de falsificación de firmas encabezada por Toledo, lo que se debate es si el informe ha sido aprobado o no con el quórum reglamentario.
El lunes pasado, después de tres meses de investigaciones, la comisión que preside el diputado Edgar Villanueva entregó su informe final al presidente del Congreso, Antero Flores Aráoz. El problema es que fue suscrito y aprobado por tres de sus cinco miembros, lo que podría acarrear su nulidad.
Los parlamentarios Marcial Ayaipoma, de Perú Posible, y Heriberto Benítez, del Frente Independiente Moralizador, socio del Ejecutivo, no asistieron a la sesión final de la comisión en la que se aprobó el informe.
El oficial mayor del Congreso ya se pronunció al respecto y sostuvo que la Comisión Villanueva requería de cuatro de sus cinco miembros para poder celebrar sesiones. En todo caso, será el Consejo Directivo del Congreso el que decidirá si el informe se remite al pleno para su debate y aprobación o si, simplemente, ordena que todo regrese a su punto de partida.
Para el analista político Santiago Pedraglio, la división en lo que respecta a la sanción contra Toledo es la mejor muestra de que no hay condiciones políticas para soportar un vacío en la presidencia o para acordar una sanción que suponga su abandono del cargo. Ningún partido está interesado en desalojar del poder a Toledo cuando faltan 11 meses para que termine su mandato.
"La papa caliente es la sanción contra Toledo, y ahí cada integrante de la comisión mantiene una posición: destitución [Edgar Villanueva], inhabilitación por 10 años [Xavier Barrón], suspensión [Víctor Velarde], traslado de todo lo actuado al Ministerio Público [Heriberto Benítez] y dejar sin efecto el trabajo de la comisión [Marcial Ayaipoma]", dice Pedraglio.
