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Reportaje:EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA

Camps busca proyecto político para el 2007

El jefe del Consell llega a mitad de legislatura con la obsesión de revalidarse y librarse de los lastres internos

Valencia
El 25 de mayo se cumplen dos años de las elecciones autonómicas, en las que el PP, con un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps, se alzó con la mayoría. En estos dos años el PP ha ganado en la Comunidad Valenciana todas las convocatorias electorales celebradas, lo que no ha librado a Camps de un sinfín de sobresaltos políticos y cambios de proyecto -del Eje de la Prosperidad al Arco Mediterráneo, entre otras cuestiones-. Con una crónica política sobre la mitad de la legislatura y un examen a la gestión del Consell por parte de la oposición y las organizaciones sociales, EL PAÍS inicia hoy la publicación de una serie de reportajes para analizar de forma sectorial este período.

¿Por qué celebrar los dos años de Consell de Francisco Camps y no diez años de Gobierno popular en la Comunidad Valenciana? La respuesta en el seno del PP es bien sencilla: hay una ruptura entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Una fractura, que se traduce en una diferente concepción de partido y de gobierno, que ha marcado desde los primeros compases estos dos años de legislatura.

Camps inició su labor como presidente de la Generalitat con un proyecto valencianista cargado de simbolismo. Fue el primer presidente que, con un discurso en valenciano, juró su cargo sobre

Els Furs y sobre la Biblia. El impulso valencianista que pretendía el jefe del Consell duró poco. Sólo unos meses después, en octubre de 2003, José María Aznar, en una cena en el Palacio de la Moncloa con los dirigentes del partido que se habían formado en las juventudes de Nuevas Generaciones, reprochó en privado a Camps su deriva nacionalista -el documento de Ares del Maestrat para impulsar la normalización lingüística, la recuperación del monasterio de La Valldigna como misión patriótica y otras iniciativas-. A partir de ahi, el proyecto de Camps quedó en el aire, sometido a los vaivenes de la crisis interna y condicionado por la obligación de defender el proyecto de una España salpicada de tintes regionalistas.

El victimismo del agua y las señas de identidad permite al PP mantener la ventaja en los sondeos

El jefe del Consell ha sorteado a trancas y barrancas el dictamen de la lengua y la deuda

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La otra gran declaración de intenciones, simbolizada por el juramento sobre la Biblia, sí se ha mantenido. Camps ha intentado recuperar para la vida pública los valores del cristianismo. Un hecho que se ha traducido en un mejor trato a la Iglesia católica y una mayor presencia del presidente de la Generalitat -que declaró tres días de luto oficial por la muerte del Papa-

en actos religiosos, pero también en la aparición de un nuevo talante. El jefe del Consell ha optado por levantar la tutela en colectivos marcados antes férreamente -como las organizaciones empresariales- y dejar la iniciativa a los agentes sociales.

Pero fundamentalmente, lo que ha marcado los dos primeros años de gobierno de Francisco Camps ha sido su propia cultura de partido y la dura pugna que mantiene con los zaplanistas. Una cuestión que se ha llegado a convertir en una auténtica obsesión y que ha llevado al dirigente popular a elaborar un discurso monocorde, independientemente del papel que ejerciese: presidente del PP, de la Generalitat o barón territorial en Madrid.

En el discurso de Camps la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 provocó un giro de 360 grados. Es decir, volvió al mismo discurso que tenía en campaña electoral, sólo que cambió el positivo -cuando gobernaba Aznar- por el negativo -con la victoria de Zapatero. La llegada del PSOE al Gobierno de España hizo que, de repente, todas las decisiones procedentes de Madrid fuesen negativas para la Comunidad Valenciana. Empezando con la derogación del trasvase del Ebro y acabando, por ejemplo, con las ayudas al desempleo temporal generado por las heladas en el campo valenciano.

Una línea argumental que, pese al escepticismo de muchos, a fecha de hoy sigue dando sus frutos y coloca al PP de Francisco Camps varios puntos por delante de los socialistas en los sondeos electorales. Así, la cuestión del agua, las señas de identidad, y la marginación estatal han acabado por conformar un trípode que está presente en las declaraciones diarias del Consell.

De puertas hacia dentro, la realidad del Consell ha sido otra. El Ejecutivo de Camps ha afrontado la actividad ordinaria de manera deslavazada y lastrado por la crisis interna del PP. Una situación que la remodelación realizada por Camps en agosto de 2004 no arregló. Pese a todo, la gestión de Camps ha tenido luces y sombras.

Las principales cuestiones que el jefe del Ejecutivo valenciano ha tenido que afrontar han sido tres: el dictamen sobre la unidad del valenciano y el catalán emitido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua -que creó una grave crisis institucional salvada in extremis apelando a la cordura-; el Plan de Estabilidad Financiera negociado entre el consejero de Economía, Gerardo Camps, y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para que la Generalitat pudiese hacer frente a la elevada deuda que arrastra; y la reforma del Estatut todavía en negociaciones y en la que Camps se juega buena parte de la legislatura.

La estrategia del jefe del Consell de saltar de mojón en mojón -los objetivos se han marcado en función de las elecciones generales, los comicios al Parlamento Europeo, la convocatoria del congreso regional del PP, el referéndum sobre la Constitución europea y, ahora, las autonómicas de 2007- no le ha impedido a Camps colaborar con el Gobierno en cuestiones como el Plan de Infraestructuras o la celebración de las regatas de la Copa del América.

Todo ello en medio de continuos sobresaltos provocados por la crisis del PP -el plante de diputados zaplanistas, la pelea entre militantes populares en Elche, las críticas a la reforma estatutaria del presidente de las Cortes- y los diez años de gobierno del PP que empiezan a evidenciar serios problemas. Los escándalos relacionados con el urbanismo y los supuestos casos de corrupción, en los que aparecen mencionados dirigentes como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el alcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, amenazan con socavar los cimientos de un Consell que afronta 2005 como "un año clave".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de mayo de 2005