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Ocho de los 12 acusados de malversar fondos de Turismo ya han devuelto el dinero

El abogado de la Generalitat también les imputará un delito de prevaricación durante el juicio

Ocho de los 12 acusados por la supuesta malversación de casi un millón de euros en el Consorcio para la Promoción del Turismo en Cataluña, dependiente de la Generalitat, ya han abonado las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que les reclama el fiscal en su escrito de acusación. La cantidad devuelta a las arcas públicas y de la que supuestamente se beneficiaron asciende a 268.711 euros. Cuatro de ellos han restituido el dinero en los últimos 10 días, después de que trascendiera que la Generalitat se había negado a cerrar un pacto entre todas las partes para evitar el juicio.

Al menos otros dos acusados de los cuatro restantes han expresado también en privado su interés por reintegrar esas cantidades antes de que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona empiece a juzgar el caso el próximo 5 de abril. Hasta entonces, todos pueden devolver las cantidades con la finalidad de que, en caso de condena, se les aplique la atenuante de reparación del daño y se les reduzca la pena impuesta por el tribunal.

El fiscal imputa a los 12 acusados los delitos de malversación y falsedad, y solicita penas de entre nueve y cinco años de prisión. Joan Queralt, el nuevo abogado que defiente los intereses de la Generalitat, tiene la intención de acusarlos también de un delito de prevaricación durante el juicio oral, según han explicado fuentes del Departamento de Comercio y Turismo.

Ausencias significativas

En el escrito de conclusiones provisionales que presentó la letrada de la Generalitat en el mes de septiembre de 2003, cuando todavía gobernaba CiU, se acusaba a 10 personas, y una de ellas, Gabriel Masdeu, acabó quedando fuera del banquillo porque el fiscal no presentó cargos contra él. En cambio, tres ausentes en el documento de la abogada de la Generalitat - Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Santiago Vallvé, Jesús María Rovira Caballero- finalmente sí se sentarán en el banquillo a petición del fiscal Fernando Rodríguez Rey.

Los dos primeros están imputados también en el caso Pallerols, relativo a la supuesta financiación irregular de Unió a través de los fondos de formación. Y Vallvé, en concreto, aparece en una filmación recibiendo dinero en un maletín, supuestamente entregado por el empresario Fidel Pallerols. En cuanto a Rovira, es cuñado del diputado de UDC en el Parlament por Tarragona Joan Manuel Carrera Pedrol.

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Pese al abono de esas cantidades, algunos de los defensores sostienen que eso no supone que sus clientes vayan a reconocer los hechos en el juicio, tal como estaban dispuestos a hacer hasta que se truncó el pacto entre las partes. "Mis clientes han pagado por la gravedad de las penas que se les reclaman, pero sigo pensando que son inocentes y no asumo que hayan cometido malversación", aseguró ayer a este diario Rafael Entrena, defensor de dos de los acusados. Pero no todas las defensas opinan de la misma manera. "Yo sí asumo una condena menor para mi clienta si reconoce los hechos y paga, como ya hizo en su día", explicó Jordi Pina, abogado defensor de Carme Fargas, la principal acusada. Fargas es la viuda de Joan Cogul, que dirigió el Consorcio de Turismo entre 1993 y 1995, y que murió en extrañas circunstancias en Manila en diciembre de 2003.

Fargas fue la primera en abonar, hace nueve meses, la cantidad por responsabilidad civil que le reclamaba el fiscal. En concreto fueron 117.919 euros. Días después lo hiceron los también acusados Montserrat Alsina y su esposo, Antoni Roig, así como Antoni Fortuny.

La común militancia en Unió

¿Qué es lo que unía a todos los acusados que se beneficiaron de los fondos de Turismo? Lo aclara el fiscal en su escrito de acusación: "Una relación de amistad y, en particular, la común militancia en el partido político Unió Democràtica de Catalunya".

Pero de las vinculaciones con el partido democristiano y del supuesto desvío de fondos públicos es posible que se hable poco en el juicio, aunque lo intentarán tanto el nuevo abogado de la Generalitat como la acusación particular, ejercida por Vladimir Blanes, en nombre de Iniciativa per Catalunya Verds, así como por Manuel González Peeters y Xavier Rotllan.

Con todo, resultará inevitable que algún acusado sea interrogado, por ejemplo, sobre la presunta utilización de fondos procedentes de Turismo para costear viajes privados al extranjero del entonces consejero del ramo, Lluís Alegre, y de su familia. Alegre tendrá que declarar como testigo.

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