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Francia pone en libertad al etarra Zubimendi en la frontera con España

La Audiencia Nacional condena a dos miembros de la banda a 27 años de cárcel

El etarra Mikel Zubimendi Berastegi fue liberado ayer en la frontera española de Port Bou (Girona) tras haber cumplido una pena de seis años de prisión en Francia. Zubimendi, que estaba condenado por asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia ilícita de armas y falsos documentos, no fue detenido tras cruzar la frontera, ya que no hay causas pendientes contra él en España.

Zubimendi fue parlamentario de Euskal Herritarrok en el Parlamento vasco de 1994 a 1998. En marzo de 1995 arrojó un saco de cal sobre el escaño vacío del socialista Ramón Jáuregui. Un año después pasó a la clandestinidad como uno de los responsables de ETA, y su pista se perdió hasta que fue arrestado en marzo de 1999 junto al entonces responsable del aparato militar de la banda terrorista, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, y otros cuatro etarras.

En las últimas semanas, Zubimendi había seguido una huelga de hambre para evitar que la policía española lo detuviera al cruzar la frontera.

Por otra parte, la Audiencia Nacional condenó ayer a Ibon Etxezarreta y a Luis María Carrasco a 27 años y medio de prisión cada uno por atentar contra la Subdelegación del Gobierno de San Sebastián en 1997, disparando contra la entrada del edificio donde se encontraban dos agentes de la Guardia Civil, que resultaron ilesos.

Los dos terroristas se negaron a declarar durante el juicio, que se celebró el pasado 24 de febrero, si bien la sentencia estima que son los autores de los hechos por las declaraciones que prestaron ante la Ertzaintza tras su detención, en agosto de 2001, cuando "ambos reconocieron su pertenencia a ETA y su propia intervención y la de su compañero" en el atentado, que relataron de "forma detallada".

Etxezarreta y Carrasco han sido hallados culpables de sendos delitos de atentado con resultado de amenazas (14 años de cárcel para cada uno), atentado con resultado de detención ilegal (10 años de cárcel cada uno) y robo de uso de vehículo de motor (tres años y seis meses). Se les absuelve del delito de atentado en relación con un asesinato en grado de tentativa del que habían sido acusados por la fiscal.

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