La lucha contra el terrorismo tras el 11-M

Las bombas colocadas en cuatro trenes de cercanías de Madrid el pasado 11 de marzo y su resultado de 191 personas muertas han marcado la política de seguridad del Gobierno elegido en las elecciones que se celebraron tres días después. Tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como el Gobierno que encabeza y, muy en especial, el Ministerio del Interior, dirigido por José Antonio Alonso, se han esforzado estos meses en impulsar la lucha contra el terrorismo islamista, autor de la matanza.

El combate se ha desarrollado en varios frentes: incremento de operaciones policiales y refuerzo de las plantillas de las fuerzas de seguridad (sobre todo para aumentar las labores de información); dispersión y aislamiento de los presos islamistas encarcelados; nuevas estrategias de colaboración internacional contra este tipo de criminales, y mayor participación de los partidos democráticos en reuniones sobre política antiterrorista. Estas acciones se traducen en múltiples medidas legislativas y de organización en el ámbito de la seguridad.

ACCIÓN POLÍTICA Todos unidos contra el terror

Todos los partidos políticos democráticos han mostrado su repulsa hacia el terrorismo islámico desde los atentados de Madrid y han expresado su disposición a luchar juntos contra él.

El pacto antiterrorista que forman el PP y el PSOE se ha reunido en dos ocasiones desde que gobierna este último partido. La manera de afrontar unidos el terrorismo internacional centró ambos actos. El Gobierno ha introducido un cambio en la manera de proceder de estas reuniones: el resto de partidos democráticos obtienen información de los asuntos tratados por medio de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso una semana después de su celebración.

MEDIOS HUMANOS 550 nuevos agentes

El peor atentado de la historia de España dejó claras las carencias de los servicios de inteligencia y policiales del Estado para hacer frente a una amenaza que se desplegó ese día con toda crudeza. Tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han anunciado que ampliarán sus efectivos para reforzar sus respectivos grupos de investigación y espionaje contra el terrorismo internacional.

El Grupo de Información Exterior del instituto armado va a contar con 150 nuevos guardias en los próximos meses que se sumarán a los 62 que tiene esta unidad. Antes de incorporarse a sus tareas, los guardias pasarán por el Centro de Adiestramiento y Reciclaje del Servicio de Información recién creado, donde se les formará para luchar contra "el resto de amenazas terroristas tanto a nivel nacional como internacional [de la acción contra ETA se encarga la Unidad Central Especial 1], así como los grupos delincuenciales organizados con potencial desestabilizador y organizaciones dedicadas a favorecer la inmigración ilegal".

Otros 150 funcionarios se incorporarán en breve a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. En Interior anuncian que "el concurso ya está abierto y los candidatos han superado las primeras fases de la convocatoria". Estos agentes triplicarán el número de los que trabajan en el Servicio de Asuntos Árabes e Islámicos, dentro de la Unidad Central de Información Exterior que hoy cuenta con 74 funcionarios.

En el CNI también se ampliará la plantilla de agentes dedicados a la nueva prioridad que supone para el servicio secreto el terrorismo de inspiración islamista. El presupuesto de la institución para el próximo año gozará de una subida del 17% (hasta disponer de 189,7 millones de euros) que se dirigirá en su mayor parte a la contratación de 250 efectivos.

COORDINACIÓN Compartir bases de datos

La actuación conjunta de los distintos cuerpos de seguridad del Estado es considerada "básica" por Interior para evitar disfunciones en la lucha antiterrorista. Así, el 9 de mayo se creó el Comité Ejecutivo del Mando Único Antiterrorista, del que depende el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Esta entidad de nueva creación -que tendrá sede propia, funcionarios adscritos y un organigrama diferenciado- dispondrá de cinco millones de euros para su puesta en marcha en 2005.

El cruce de información entre las fuerzas policiales está contemplado en el proyecto SUBA (Sistema Unificado de Consultas de las Bases de Datos), que a partir de enero compartirán sus bases de datos. Serán seis registros sobre las siguientes materias: documentos de identidad; armas y explosivos; viajeros y alquiler de vehículos; ADN y huellas dactilares y reconocimiento de voces.

DISPERSIÓN DE PRESOS 107 internos en 33 cárceles

La dispersión entre cárceles de internos radicales islamistas para evitar su agrupamiento y el régimen de aislamiento son la norma impuesta desde el Gobierno a partir del 11-M.

Los 107 presos de este tipo encarcelados hoy en España, entre los que esperan juicio y los ya condenados, se encuentran en 33 centros aunque más de la mitad vive en cárceles de Madrid, como por ejemplo, todos los detenidos en las dos operaciones Nova dirigidas por el juez Baltasar Garzón desde el 18 de octubre. En la prisión de Soto del Real hay 16 internos islamistas; son 13 en la de Aranjuez; 10 en Navalcarnero; 9 en Valdemoro, y siete en la cárcel de Meco.

Todos los implicados en los atentados del 11-M detenidos se encuentran en centros de otras comunidades excepto Rafá Zouheir y Emilio Suárez Trashorras, que continúan en las cárceles de Aranjuez y Meco, respectivamente.

TRADUCTORES Intervención en las prisiones

La noticia de que el atentado previsto por un grupo de islamistas dirigido por Mohamed Achraf contra la Audiencia Nacional se gestó a partir de los contactos entre varios de sus componentes en las cárceles españolas, en especial en la de Topas (Salamanca), decidió al Gobierno a aumentar el número de traductores de árabe a disposición de los centros penitenciarios. Este otoño se supo también que en la anterior legislatura miles de cintas y documentos que registraban conversaciones entre presos y comunicaciones de éstos con el exterior se destruyeron sin ser analizados debido a la ausencia de suficientes traductores de árabe.

Durante la presentación de las cuentas de su ministerio para el próximo ejercicio en el Congreso, Alonso anunció que "el cuerpo de traductores de árabe ha aumentado y seguirá aumentando". Interior ha aprobado ya la contratación de 36 traductores en las diferentes direcciones generales y en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Instituciones Penitenciarias convocará 30 plazas, 28 de las cuales estarán destinadas a distintas cárceles. El presupuesto de Interior aumentará un 8,8% en 2005.

EXPLOSIVOS Aumento de los controles

Desde que ETA robó 8.000 kilos de Goma-2 de un polvorín cercano a Santander en 1980, no se había producido en España una sustracción de explosivos tan dañina. La dinamita del mismo tipo que utilizaron los terroristas para volar los trenes en Madrid y para suicidarse matando al geo Francisco Javier Torronteras el 3 de abril fue obtenida de una mina asturiana durante varios días y por distintos individuos.

El transporte, almacenamiento y consumo de explosivos por las empresas que los usan en sus procesos productivos sin el debido control o directamente descontrolados por los encargados de su guarda se reveló así como un aspecto fundamental de la seguridad que falló en la cadena de errores que posibilitaron el 11-M.

La "preocupación prioritaria" de Interior por este asunto tomó cuerpo con la aprobación el 7 de julio por el Consejo de Ministros de una serie de medidas tendentes a mejorar el control de este material. Una orden ministerial de Industria e Interior obliga desde entonces a los usuarios de explosivos a llevar dos libros que registren el consumo y los movimientos del material, así como el destino del sobrante. Habrán de nombrarse responsables de estos libros, y se refuerza la inspección de las explotaciones. Este control, que corresponde a la Guardia Civil, es ahora más estrecho en Asturias donde se audita la presencia de explosivos en depósitos y talleres "al menos una vez al mes".

Todas las unidades del instituto armado, incluido el Servicio de Protección de la Naturaleza, han recibido instrucciones para hacer constante la presencia de agentes en las fábricas, depósitos y puntos de consumo de sus demarcaciones. Además, el 27 de octubre se constituyó un sistema de intercambio de información sobre tráfico de armas y explosivos entre distintas unidades de la Guardia Civil con especial atención a la amenaza de las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ). Un plan de actuación para prevenir ataques de este tipo por parte de la Guardia Civil contará con 1.700 guardias, según se anunció el 11 de noviembre.

Interior ha previsto también la inminente reforma del Reglamento de Explosivos y del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. El Ministerio de Justicia trabaja asimismo en el aumento de las penas impuestas "a quienes en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, contravengan las normas de seguridad y pongan en peligro la vida e integridad de las personas". El Gobierno calibra también la necesidad de reforzar la aplicación del precepto anterior con la introducción de otro tipo penal que lo endurezca en función del resultado de la conducta probada.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Agregados en embajadas

El objetivo es compartir información con otros países para combatir el terrorismo islamista, fenómeno con bases y grupúsculos, armas y capitales que se mueven con facilidad por los cinco continentes.

Con Francia, y gracias a los hábitos de cooperación en la lucha contra ETA, este esquema se extenderá al combate contra el terrorismo internacional. Se ha establecido un sistema de alerta temprana de robos de explosivos; el intercambio de listas de sospechosos -por ejemplo, aquellos que estuvieron en campos de entrenamiento en Bosnia, Chechenia o Afganistán-, y un equipo de investigación que operará conjuntamente.

El Gobierno también potenciará la coordinación con otros países por medio del envío de agregados del Ministerio de Interior a las embajadas de España en zonas con potenciales focos de terrorismo islamista. Trípoli (Libia), Yakarta (Indonesia), Damasco (Siria) e Islamabad (Pakistán) serán los primeros lugares de destino de estos policías. Otros cinco países en África, América, Asia y Europa recibirán próximamente nuevos agregados u oficiales de enlace.