El divorcio pactado se resolverá en dos meses, y el contencioso, en seis

Divorciarse será más rápido. El anteproyecto de ley que ultima el Ministerio de Justicia para enviarlo al Gobierno en septiembre prevé suprimir la separación como paso obligatorio para el divorcio y agilizar éste. Con esta reforma, la disolución matrimonial por mutuo acuerdo tardará menos de dos meses, y la contenciosa, menos de seis, según el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra. Ahora hay que esperar un año como mínimo. Esta reforma aliviará el trabajo de los juzgados, que el año pasado recibieron 126.742 demandas de separación y divorcio, un 32,8% más que en 2000. En ese lapso las bodas se redujeron un 3%. En 2003 se celebraron 210.155 matrimonios.

Sólo a falta de los últimos retoques. El Ministerio de Justicia prevé llevar en septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que reformará el Código Civil en materia de divorcio. Una de las principales novedades de la reforma estriba en que la separación "dejará de ser obligatoria como paso previo al divorcio", explica el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra. No obstante, se mantendrá la separación (única ruptura admitida por la Iglesia católica) para los cónyuges que opten por ella en lugar de divorciarse.

El hecho de que la separación deje de ser un paso preceptivo para lograr el divorcio agilizará de entrada el proceso de disolución del matrimonio y aliviará la carga de trabajo de los tribunales. El año pasado recibieron 79.423 demandas de separación (el 67,6% por muto acuerdo) y 47.319 de divorcio (el 59,5%, consensuadas), según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta derogación era una demanda antigua. La Asociación Española de Abogados de Familia la pidió ya en 2001. Argumentó, entre otras cosas, que así se reducirían "las posibilidades de pelear", ya que los cónyuges abordarían un sólo proceso, en lugar de dos.

Según la normativa actual, que el PP rechazó cambiar en su etapa de gobierno, para poder separarse de mutuo acuerdo debe haber transcurrido al menos un año desde la boda. En caso de no haber consenso entre los cónyuges, el que quiera separarse debe alegar una causa, como la infidelidad, el alcoholismo o el cese de la convivencia libremente consentido durante seis meses. En algunos casos existen plazos y en otros, no (artículo 82 del Código Civil). La reforma que prepara el Gobierno suprimirá la obligación de esperar un plazo para iniciar el proceso de ruptura, detalla López Guerra.

Ahora, con la ley vigente, una vez obtenida la separación, quien desea divorciarse debe proseguir camino y alegar motivos en su demanda. El primero que recoge la normativa es "el cese efectivo de la convivencia conyugal" durante al menos un año ininterrumpido desde que se presentó la demanda de separación.

Cuando esté aprobada la reforma, las parejas podrán acudir directamente al divorcio y podrán hacerlo, como ahora, de dos maneras: por mutuo acuerdo (fórmula en alza) o de forma contenciosa. En el primer caso, que obliga a los cónyuges a pactar un convenio regulador, podrían obtener la disolución de su matrimonio en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la demanda, según López Guerra.

La reforma de Justicia prevé "reducir al máximo o eliminar" la necesidad de que se aduzcan causas (como el cese de la convivencia, la infidelidad o el alcoholismo) para pedir la disolución matrimonial. "Indudablemente, no se puede obligar a estar casado a quien no quiere estarlo, ni establecer culpabilidad cuando no hay consenso para romper la unión", apunta el secretario de Estado. Calcula que los tribunales resolverán los divorcios contenciosos "en menos de seis meses desde que se presente la demanda".

En Justicia apuntan que, a medio plazo, las rupturas por mutuo acuerdo podrán resolverse en un juicio rápido. El año que viene comenzarán, de forma experimental, los juicios rápidos de casos civiles (incluidos temas de familia).

23 años después

Éste será el primer gran cambio en la normativa del divorcio desde que en 1981 se legalizó de nuevo la disolución matrimonial, prohibida durante la dictadura. Fue esa una ley que dividió profundamente al entonces partido en el Gobierno, la Unión de Centro Democrático (UCD) entre su ala socialdemócrata, encabezada por el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, y la democristiana, encabezada por Óscar Alzaga.

Esta ley de divorcio, que la izquierda aceptó sin entusiasmo, refleja en su articulado las tensiones que vivió su tramitación, en forma de cautelas que han alargado innecesariamente los procedimientos de ruptura matrimonial.