El Gobierno planea crear un gestor público para administrar las redes de gas y electricidad
El Gobierno estudia separar la gestión de las redes eléctricas (transporte y distribución) y gasistas de la propiedad de las infraestructuras para evitar eventuales conflictos de interés, indicaron ayer fuentes gubernamentales. La medida, que afectaría tanto a Red Eléctrica de España (REE) y a Enagás como a las compañías eléctricas, supondría dejar en manos públicas la gestión técnica de las redes, mientras que la propiedad podría seguir siendo privada.
Este planteamiento está recogido de forma genérica en el programa electoral del PSOE y responde a lo establecido en la Directiva europea sobre liberalización de los mercados eléctricos y gasistas, que España debe trasponer a la legislación nacional. En el caso de las redes eléctricas, la separación se aplicaría tanto en las infraestructuras de transporte (alta tensión), gestionadas por REE, como en las de distribución (media y baja tensión), operadas por las eléctricas.
En la actualidad, REE es propietaria de la práctica totalidad de las líneas de transporte eléctrico (le faltan las de Hidrocantábrico y Viesgo) y, además, opera como gestor técnico del sistema. Los ingresos de las dos actividades están separados, ya que REE recibe una cantidad por la gestión del sistema y cobra unos peajes por el uso de la red.
La idea del Gobierno es separar, por un lado, la gestión del sistema, tarea que correspondería a una sociedad pública, y, por otro, la propiedad de las líneas, que podría seguir en manos privadas. Según las fuentes consultadas, no tiene sentido que haya accionistas privados en el gestor técnico del sistema. Ahora, el principal accionista de REE es la SEPI, con un 28,5% del capital, seguido por las eléctricas, con un 13% (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico, con un 3% cada una, y Viesgo con un 1%). No obstante, el Gobierno no descarta que, para lograr una mayor coordinación, la empresa propietaria de las redes pudiera tener una participación en el gestor técnico, cuyo capital sería mayoritariamente público.
La idea es aplicar un esquema similar en las redes de distribución, ya que en la actualidad las compañías son, a la vez, propietarias y gestoras. Otro tanto se haría en el sector gasista, puesto que la red de gasoductos es propiedad de Enagás, empresa que se ocupa de la gestión del sistema y de garantizar el suministro a tarifa.
