El TSJ archiva la denuncia por la cúpula de cristal del Palau pero advierte de que no puede ser 'legalizada'
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha archivado la denuncia presentada en noviembre del pasado año por el portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, contra la construcción de una cubierta de cristal en el patio gótico del Palau de la Generalitat. Sin embargo, el dictamen advierte de que la citada obra será considerada delito si no se respeta su carácter provisional. El Palau de la Generalitat tiene el máximo nivel de protección. El fiscal Eduardo Olmedo señala en su dictamen que "la provisionalidad de las obras y la concesión de la licencia denunciadas no constituyen, actualmente, una alteración grave del edificio singularmente protegido".
Pero, como precisó ayer Rubio en conferencia de prensa, en el último párrafo de la respuesta de la Fiscalía se considera que "transcurrido el plazo de tres años, la permanencia del elemento arquitectónico referido [la cubierta de cristal del patio], cualquiera que fuese el contenido del Plan Director del Edificio, convertiría la alteración del edificio en grave". Para el portavoz socialista, quien recordó que el Gobierno valenciano propuso la permanencia del cubrimiento "con carácter provisional y transitorio", durante un máximo de tres años, hasta que se aprobase el Plan Director del Palau, "la decisión de la Fiscalía tiene un importante valor simbólico, pues deja claro que a pesar de las posibles intenciones que se tengan de dejar la cubierta permanentemente, no se puede, por mucho plan director que se presente, contravenir la ley".
Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, del Partido Popular, afirmó que la licencia de obras concedida para la construcción de la cubierta de cristal del Palau de la Generalitat "ya recogía la provisionalidad" de la citada instalación. Bellver acusó a Rubio de tratar de "confundir a la opinión pública, queriendo enmascarar una decisión de la Fiscalía que dice expresamente que se archivan las diligencias penales". Y agregó: "No podemos olvidar que la licencia se adecuaba a los informes técnicos emitidos por los técnicos del Ayuntamiento, además de contar con la autorización de Patrimonio de la Consejería de Cultura y del dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio Municipal". Según el edil, "la decisión de la Fiscalía, contrariamente a la denuncia del Grupo Socialista, confirma la correcta observancia por parte del Ayuntamiento de la legalidad vigente y nuevamente pone en evidencia las decisiones del PSOE".
