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miércoles, 12 de mayo de 2004

El Síndic insta a debatir la retirada de un busto de Franco en Orihuela

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, estima que los foros ciudadanos de Orihuela deben ser los que decidan qué debe hacerse con el monolito del dictador Francisco Franco que preside la mayor plaza pública de la ciudad, la Glorieta de Gabriel Miró.

En un escrito de contestación a sendas quejas presentadas ante el defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, éste recomienda al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del Partido Popular, que "en el plazo de tiempo más breve posible, someta el traslado del busto del general Franco a consulta y debate en los foros participativos municipales, con el objetivo que sean los vecinos y los colectivos de la ciudad los que discutan el mejor destino de la estatua para que sea retirada y sustituida, en caso que así lo decidan".

De manera sutil, Bernardo del Rosal, recuerda en este escrito que "no debemos olvidar la tendencia que se ha seguido durante la recuperación del sistema democrático en España que ha sido la progresiva sustitución de la simbología franquista de los ámbitos ciudadanos, con el objetivo, precisamente de evitar la crispación y afecciones a numerosas sensibilidades".

El Síndic considera que deben ser los colectivos ciudadanos los que decidan "la nueva localización del monolito", y concede de plazo un mes para que el Ayuntamiento de Orihuela traslade a diversos colectivos la polémica.

"Polémicas estériles"

El ciudadano Jesús Millán, que adjuntó decenas de firmas, y el colectivo Cercle Obert de Benicalap presentaron sendas reclamaciones ante el Síndic en las que pedían la retirada del busto del dictador. El defensor del pueblo sondeó la opinión del alcalde, José Manuel Medina, que explicó que no pretende "levantar polémicas estériles". Medina recordó cómo el busto se erigió con el apoyo de "un nutrido" grupo de ciudadanos y "como alcalde de Orihuela no quiero un enfrentamiento entre mis vecinos por un monumento que lleva varias décadas instalado en un espacio público", y asegura que prefiere mantenerse "ajeno a una polémica artificial creada por unos pocos". El Síndic responde que "entiende" la postura del alcalde de búsqueda de consensos y evitar enfrentamientos, pero Del Rosal dice que no observa "ninguna actuación para conseguir este acuerdo".

En el informe el Síndic dice que "la normativa más reciente invita, en consecuencia, a sustituir los monumentos de simbología franquista, pero esta obligación no existe en la Comunidad Valenciana".

Del Rosal que también recuerda cómo la Comunidad Foral Navarra, donde el PP está gobernando, aprobó en 2003 una ley que concedía un año de plazo para "retirar y sustituir" la simbología propia del régimen franquista", salvo en aquellos casos en los que los símbolos estén integrados en edificios de carácter histórico artístico.

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