Una fundación participada por la Diputación de Castellón vendió una masía a la esposa de Fabra
Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, adquirió en enero de 2003 una parcela rústica de 800 metros cuadrados con una masía, sobre la que existe el proyecto de hacer un restaurante, a la Fundación Blasco de Alagón, participada, entre otros, por la propia Diputación. La fundación, sin ánimo de lucro, se formó, en 1996, a instancias del entonces recién nombrado presidente de la corporación, que implicó a otras entidades, públicas y privadas, tanto de Castellón como de Teruel, con el objetivo de rehabilitar el patrimonio en ambas provincias.
La finca fue escriturada a favor de Fernández por 14.512,24 euros, lo que supone una cantidad de alrededor de 2.000 euros más de lo que pagó la Fundación Blasco de Alagón, en 1998, a su anterior propietario, según la información que aparece en el registro de la propiedad. La parcela, descrita en la nota registral como un suelo de secano cultivado con almendros, está ubicada en el paraje de l'Arc, en el término municipal de Vall d'Alba, del que es alcalde el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez. Su localización es especialmente privilegiada, ya que está en las cercanías del arco romano de Cabanes.
Ésta es una de las tres fincas que el propio Fabra incluyó entre las propiedades de su esposa en la declaración notarial con la que quiso responder a las acusaciones de haber protagonizado un importante incremento patrimonial. Dos de las parcelas se encuentran en el mismo municipio de Vall d'Alba, mientras que la tercera está ubicada en Oropesa.
La declaración notarial de Fabra fue hecha pública días después de que el empresario Vicente Vilar presentara dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, al que acusó de cobrarle las gestiones realizadas ante la Administración para tratar de agilizar las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las querellas no prosperaron, pero la juez abrió dos procedimientos de oficio por los que tanto Fabra como su esposa son investigados por presuntos delitos contra la salud pública y la Administración pública.
