'Sí, pero' a la ley contra el maltrato

Las organizaciones de mujeres aplauden que el nuevo Gobierno vaya a enviar al Congreso antes del 30 de junio un proyecto de ley integral contra la violencia de género. Aunque no les faltan sus peros. Sobre todo, porque el informe sobre la futura ley que ha divulgado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deja fuera dos de sus reivindicaciones más importantes: la creación de juzgados específicos de Igualdad y Asuntos Familiares, que unificarían las jurisdicciones Civil y Penal en conflictos familiares, y el establecimiento de un Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, por el que el Estado adelantaría las pensiones de los hijos en caso de impago del padre o de la madre tras la ruptura matrimonial y perseguiría al deudor.

"El impago de las pensiones tendría que considerarse violencia económica"

El Ejecutivo garantiza que habrá un amplio debate social y que la ley se hará con sosiego

"El juez debería recibir formación específica en problemas de género", afirma una experta

El primer Consejo de Ministros ordinario de esta legislatura estudió el pasado viernes el informe sobre la futura ley integral contra la violencia de género, que José Luis Rodríguez Zapatero prometió en campaña electoral que sería la primera ley que enviaría al Congreso. En él se recogen básicamente las líneas de la proposición de ley orgánica integral que el PSOE ya llevó la legislatura pasada al Congreso, y que había sido consensuado con diversas organizaciones de mujeres de corte profesional y social.

Representantes de la Red de Mujeres contra la Violencia, que engloba a varias federaciones de organizaciones de mujeres, se reunieron el mismo viernes con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras el Consejo de Ministros. A la salida se mostraron satisfechas porque el Gobierno les ha garantizado que va a haber un "amplio debate social" y que la ley se hará de "forma sosegada".

Para ellas es bueno que no se haya presentado ya el borrador definitivo, o un calco del proyecto presentado la legislatura anterior, porque muchas cosas han cambiado desde entonces. Sobre todo, desde la entrada en vigor de la ley reguladora de la Orden de Protección a las mujeres maltratadas, el pasado agosto. "Nos han dicho que se van a retocar cosas", decía una asistente a la reunión.

Sin embargo, no deja de haber reticencias porque se hayan excluido dos de sus reivindicaciones. "Habrá que ver cómo se elabora finalmente la ley integral", afirmó Ángela Alemany, presidenta de la Asociación de Juristas Themis. "Vamos a estar vigilantes", añadió.

Porque lo que se presentó el pasado viernes no es un borrador definitivo. "Ahora va a cada departamento implicado", explicó un portavoz del ministerio. "Esto es un embrión de lo que será la ley", añadió, tras explicar que cada ministerio afectado aportará los cambios que considere necesarios y, sobre todo, presentará una memoria de su coste económico.

¿Pero cuál es la importancia de los dos puntos que han quedado fuera?

El Gobierno ha decidido sustituir los juzgados específicos por una "especialización en los juzgados del orden penal" y, en principio, habría al menos un juzgado especializado por provincia. De esta forma, dentro de la jurisdicción penal, los asuntos de maltrato recaerían por reparto siempre en el mismo juzgado, que es el que se especializa. Es lo que ocurre hoy, por ejemplo, con los juzgados de familia.

La propuesta alternativa implicaba que los asuntos relacionados con una misma familia, ya fueran de la jurisdicción civil o de la penal, quedaran bajo la competencia de un juzgado específico creado para ello, el de Igualdad y Asuntos Familiares, que supervisaría todos los casos de conflictos familiares y de convivencia. Su creación supone un coste mayor que la simple especialización de los juzgados ya existentes.

"A nosotras nos parecía más adecuada la posibilidad de crear unos juzgados unificados, porque debería existir unidad de criterio en las resoluciones judiciales", asegura Alemany. Se refiere a que en la actualidad se podría producir la paradoja de que un padre condenado por maltratar a su esposa pueda tener la guardia y custodia de los hijos. Esto se debe a que la condena por maltrato llega por la vía penal, mientras que la decisión sobre los hijos se produce en la jurisdicción civil. Aunque, desde que se ha regulado la orden de protección, esa posibilidad se reduce.

"Ahora, cuando una víctima denuncia, hace una declaración ante la policía, otra ante el juzgado de instrucción, otra ante el médico forense y otra ante el juez penal", cuenta la abogada María Durán, secretaria de la Asociación de Mujeres Juristas Europeas. "Si además quiere separarse, tiene que hacer otra ante el juez civil". La idea que se proponía con unificar juzgados implicaba que fuera la misma persona que recibe la denuncia quien dictase la sentencia de separación.

"Eso evitaría la victimización secundaria, que se produce por ir de juzgado en juzgado, pero también es por economía judicial", agrega Durán. Para ello, continúa, sería precisa una formación especializada del juez desde la escuela judicial.

"Debería ser formación específica en problemas y perspectiva de género", apunta la abogada Carmen Sánchez, especializada en violencia sexista. "Porque se da el caso de que en un juicio de maltrato se trata al agresor sin tener en cuenta las condiciones específicas de que es la pareja de la víctima, y se le trata como si fuera el vecino el que está maltratando, por lo que no se estudia la raíz del problema". En su opinión, si se incluye esa formación específica, la especialización de los juzgados penales "no está mal pensada".

Por otro lado, en esa formación sobre los problemas del maltrato se deberían incluir otros conocimientos sobre la repercusión de la violencia en las familias. "El juez debe entender que lo peor que le puede suceder a un niño es tener a un padre maltratador como referente", apunta Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, quien se queja de que en muchos casos de custodia esto no se tiene en cuenta. "No hay que sacralizar la paternidad por el hecho de que uno tenga un padre biológico, porque es un derecho del niño el vivir en un clima de calma, de diálogo, de comunicación y afecto".

Respecto al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, la tesis del ministro Jesús Caldera es que ese fondo no debe entrar en una ley sobre violencia sexista, sino en otra ley diferente. Se trata de una cuestión que afecta a muchas más familias y no sólo a aquellas que padecen el maltrato.

"Nos hubiera gustado al menos una mención a ese fondo", alega Alemany. "Creemos que ese impago debe considerarse una violencia económica y patrimonial".

Además, hay otras peticiones de las organizaciones de mujeres que no entraron en el primer proyecto, pero que ellas opinan que son relevantes para la lucha contra la violencia machista. Una de ellas es que la policía dictara el alejamiento del agresor respecto de la víctima cuando ésta pusiera la denuncia por maltrato. Esta medida debería ratificarla un juez al cabo de 72 horas. "Los expertos señalan que esas 72 horas entre que hay denuncia y se produce la primera comparecencia ante el juez son de alto riesgo para la víctima", matiza Durán.

También contemplan la posibilidad de incluir en el Código Penal una mención específica a la mujer como víctima, en el artículo que recoge como delito el uso de la violencia contra una persona.

"Esta ley se la debemos a las mujeres muertas", zanja Durán.