Dos y dos no siempre son cuatro
Los periodistas suelen ser mayoritariamente gente de letras, y más de uno suelen utilizar esta disculpa cuando se enfrentan a fallos que implican un conocimiento mínimo de las matemáticas, la física o cualquier otra materia de ciencias. "¡Es que soy de letras!", como si la cultura fuera, a estas alturas del siglo en que las células madre se han incorporado a nuestro lenguaje y los robots envían noticias de Marte, sólo una cuestión de humanidades y los conocimientos científicos, algo exótico reservado a unos pocos chalados. Hay errores, de los que se quejan los lectores, que se repiten sistemáticamente en EL PAÍS y que esta Defensora traslada en cada caso a sus responsables. En unas ocasiones los asumen y prometen poner más atención para evitar la repetición; en otras, los redactores suelen exclamar "¡bah, eso no tiene importancia!", como si el saber sumar las cantidades más elementales, sacar un tanto por ciento o escribir correctamente kilovatios hora no fuera, además de básico, absolutamente necesario para el rigor de la información. A veces, son simples despistes, falta de atención, ceros de más o de menos, cantidades que no coinciden, números bailados o simple falta de coordinación; a veces, provocan carcajadas; en ocasiones, sonrojan.
Hay lectores especializados en cazar gazapos de cifras. Uno de ellos es Antonio Casero, que escribe casi a diario a esta Defensora -no resulta difícil imaginarle periódico y rotulador en mano a la caza y captura-. He aquí una muestra variada de su aportación: "En la página 18 de Cultura del 23 de febrero, hablando de una pareja, se dice: 'Y paga de cuota 335 euros al mes. Más 375 euros de alquiler suman 715 euros'. Sí, señor, así se suma, con alegría". Casero refleja a continuación dos errores aparecidos en la sección de Deportes, su favorita: "En el apartado de fichajes se puede leer que Arteta ficha por el Glasgow Rangers en 1993. Dado que este chico nació en 1982, resulta que fichó por el Rangers con 11 años..., y por nueve millones. Tiene que ser un récord mundial". "En el reportaje titulado El nuevo oficio de Jorge López se afirmaba: 'Le sentó fatal que el futbolista riojano pidiera el pasado verano cuadruplicar su sueldo, ganar 1,2 millones en vez de 400.000 euros...'. No me extraña que lo echaran, mira que pretender cuadruplicar su sueldo por tres". Y, por último, señala otro fallo aparecido el pasado día 27 en la sección de España: "En la página 15 se dice: 'Ana Botella, tercera teniente de alcalde de Madrid, aprovechó el martes que una junta municipal había invitado a 1.400 pensionistas a un cocido...'. Y en la página 18: 'La dirección del PP en Madrid va a tener que pagar al Ayuntamiento de la capital los 21.000 euros que costó a las arcas públicas el cocido colectivo ofrecido a más de 700 jubilados...". Fallo de coordinación que asume y lamenta José Manuel Romero, redactor jefe de España.
Hay lectores que, como Joaquín Ruiz, confiesan que es "un aliciente" atrapar estos gazapos. Ruiz señala uno, del 10 de febrero pasado, aparecido en la página 40 de Cultura, en una entrevista al actor Rupert Everett: "En África hay un billón de terroristas o adeptos potenciales...". Sin duda, demasiados terroristas, incluso dando por hecho algo tan peregrino como que toda la población africana -menos de 900 millones- pudiera aspirar a ser terrorista. "Supongo que debe de ser la típica confusión entre el billón norteamericano (mil millones) y el europeo (un millón de millones)", dice el lector. Efectivamente, así fue.
¿De verdad alguien puede creer que son detalles sin importancia? Por supuesto que no se inventan noticias, ni fuentes, ni se manipulan informaciones deliberadamente. Comparativamente, son cosas menores. Pero estos fallos reiterados desvirtúan claramente el contenido de las informaciones y dicen poco a favor de la fiabilidad de los autores, y del periódico que las publica. "Cuántas falsedades nos contarán en temas complicados que no controlamos, si cometen tantos errores en cosas tan sencillas y evidentes". Es un comentario que hacen con frecuencia a esta Defensora los lectores que detectan este tipo de equivocaciones.
Tribunales confusos
Otros lectores lamentan el escaso cuidado que pone el periódico al citar el nombre correcto de los tribunales, tanto en titulares como en informaciones. Una imprecisión que les resulta impropia de EL PAÍS, cuando no realmente incomprensible.
Jesús Rey Marcos, de Madrid, cita tres casos recientes en una semana. "En el editorial Carta equivocada, del miércoles 18 de febrero, se dice: 'Está vivo ante el Tribunal de Estrasburgo su recurso contra la interrupción del procedimiento'. Pero debe decir el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que es el competente en materia de relaciones entre los países de la Unión Europea y sus instituciones, en este caso la Comisión. El Tribunal de Estrasburgo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Tiene toda la razón el lector y es un error que reconoce el equipo editorial.
En las páginas de Madrid, del mismo día, continúa Rey Marcos, en la información titulada El Constitucional estudiará si es ajustada a derecho la ley regional de parejas de hecho, se informa de que "la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha analizado...'. Pero en el párrafo siguiente se dice 'por ello el Supremo señala...". El lector también está en lo cierto en esta ocasión, no se trataba del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como reconoce el redactor jefe de Madrid, Jesús Duva, quien lamenta el error cometido al editar el texto de la Agencia Efe.
Finalmente, Marcos cita una información publicada el 19 de febrero en la página 36 de Cultura. Una crónica del corresponsal en Lleida, Lluís Visa, donde se decía que la Nunciatura Apostólica, "máximo tribunal eclesiástico del Vaticano", había rechazado el último recurso de súplica presentado por el obispado de Lleida en un contencioso. "¿Desde cuándo la Nunciatura Apostólica es un tribunal? ¿O se refiere más bien a la Signatura Apostólica, con sede en Roma, que es efectivamente el 'máximo tribunal' eclesiástico? Ciertamente, era al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica al que se refería Lluís Visa, quien reconoce "un lapsus a la hora de escribir la crónica, debido a que en la nota oficial del Obispado se hacía referencia a la Nunciatura Apostólica".
Otro lector madrileño, Juan Aulló Vázquez, se queja de la frecuencia con que EL PAÍS suele confundir los nombres del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) y la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. "A los que ustedes llaman indistintamente tribunal o Corte, creando equívocos inadmisibles. Las dos últimas veces ha sido en informaciones publicadas los días 22 y 23 de febrero, en las páginas de Internacional. Ambas noticias se refieren al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y así lo citan en todo el texto, pero en los subtítulos lo mencionan como 'la Corte'. Al llamar así al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya hacen que se confunda con la Corte Penal Internacional ( nombre oficial ratificado por España). No entiendo por qué no se fijan y escriben los nombres correctamente". Confusión que reconoce y lamenta la redactora jefe de Internacional, Berna González Harbour, quien asegura que no se repetirá.
En efecto, una cosa es la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y otra, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La primera -definida así en el DRAE- es un tribunal de carácter supranacional, creado por acuerdo de Estados y organizaciones internacionales, que tiene la función de enjuiciar y condenar por los delitos más graves de relevancia internacional, como genocidio o lesa humanidad, cometidos por personas individuales. El segundo, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es el primer órgano judicial de la ONU, creado en 1946, para arreglar disputas legales entre Estados a la luz del derecho internacional. Recientemente ha debatido sobre el muro de Israel.
¿Qué pensaríamos si los tribunales se equivocaran y citaran en sus sentencias los nombres de unos periódicos por otros?
Los lectores pueden escribir a la Defensora del Lector por carta o correo electrónico (defensora@elpais.es), o telefonearle al número 913 377 836.
