Los servicios de Medio Ambiente en Bruselas desaconsejan financiar el trasvase del Ebro

El Plan Hidrológico Nacional (PHN) puede toparse con un serio revés financiero. La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, cuya opinión es crucial en este caso, ha expresado en una carta interna tener una "opinión suspensiva" sobre si se deben adjudicar las ayudas europeas que pide Madrid al albergar "serias reservas" sobre su impacto ambiental y su coherencia con la legislación europea. El Gobierno español cuantifica las obras en 4.207 millones de euros y ha solicitado a Bruselas el 30% del coste; es decir, 1.262 millones.

Un alza del precio del agua podría producir una reducción de la demanda agrícola

El documento interno de la Dirección General de Medio Ambiente es demoledor contra el proyecto de trasvase presentado por España en Bruselas. "En nuestra opinión", dice, "subsisten serias reservas sobre la viabilidad del proyecto así como su probable impacto medioambiental".

Sobre los costes financieros, dicho documento asegura que, en general, se "tienden a sobreestimar los beneficios, al tiempo que se subestiman sistemáticamente los costes". Ciertos costes ni siquiera están cuantificados, añade el informe, que firma la directora general Catherine Day, segunda de a bordo de la comisaria europea, Margot Walström.

Para colmo, según los expertos medioambientales de Bruselas, no están suficientemente explicadas ni las posibles reducciones de la cantidad de agua trasvasada ni la estructura de los precios del agua para usos agrícolas, industriales y privados. Se sobreestiman también, dice Day, "los efectos positivos en términos de empleo", no se ha explorado suficientemente la relación entre precio y demanda y tampoco se ha cuantificado el coste de los efectos medioambientales negativos.

Los servicios de Medio Ambiente citan como una novedad importante a tener en cuenta el anuncio del nuevo Gobierno catalán de revisar sus futuras necesidades de agua, consideran que hay demasiadas incertidumbres sobre el caudal que llevará en el futuro el río Ebro, no se sabe hasta el momento qué tipo de gestión del agua será necesaria para proteger el bajo Ebro y el delta del río y no está garantizada la adecuada protección de las raras especies que habitan en la zona dado que hay un riesgo real de propagación de especies invasoras no deseadas como el mejillón cebra o la almeja asiática.

Además de otras pegas al proyecto español, el documento asegura que "el procedimiento del informe de impacto medioambiental tiene un número importante de deficiencias. En particular, hay elementos esenciales del proyecto a los que el público no ha tenido acceso"... "Elementos clave para el funcionamiento del proyecto como los sistemas de bombeo y las estaciones eléctricas no están incluidos en el informe de impacto ambiental. Además, tales elementos consumen mucha energía, lo que podría influir en los objetivos españoles del Protocolo de Kioto

[de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero]".

En conclusión, el documento de Catherine Day, enviado a la Dirección General de Política Regional, que es la que gestiona los fondos regionales europeos, opone reservas a la adjudicación de las ayudas solicitadas debido al escaso beneficio medioambiental del proyecto, dada la nueva posición de la Generalitat de Cataluña y a su dudosa coherencia con la legislación y la política medioambiental europeas.

Más adelante, en un anexo del informe, se detallan todos estos aspectos y se insiste en la no rentabilidad del trasvase. "Es muy probable que un alza incluso ligera de la tarifa del agua condujera a una importante reducción de la demanda agrícola", dice el documento. "El proyecto parece por tanto sobreestimar la demanda potencial y podría rápidamente revelarse no rentable para los beneficiarios principales (los agricultores) a causa de la subestimación de los costes y la sobreestimación de los beneficios".

El trasvase del Ebro es el proyecto emblemático del Plan Hidrológico Nacional y el que siempre ha despertado más recelos en Bruselas, que lleva dos años negociando con el Gobierno sobre el mismo. Madrid presentó a finales del pasado año a la Comisión Europea dicho proyecto, que en realidad son cuatro unificados en uno, con la petición de fondos.

En total, el Gobierno español ha calculado que los cuatro proyectos tendrán un coste total de 4.207 millones y pide a la Comisión Europea el 30%. 542 millones procederían de los fondos de cohesión y, el resto, hasta los 1.262, de los fondos de desarrollo regional. A este respecto, los expertos de Medio Ambiente recuerdan que para acceder a los fondos de cohesión los proyectos deben aportar un claro beneficio medioambiental.

La Dirección General de Política Regional, que dirige el francés Michel Barnier, ha pedido su opinión a otros departamentos de la Comisión Europea, como es preceptivo. El de Medio Ambiente es partidario de obtener datos y nuevos cálculos más precisos antes de conceder las ayudas requeridas, pero su opinión es una importante losa para las aspiraciones del Gobierno de Madrid.