Holanda sin asilo
Holanda está asociada en el imaginario colectivo universal con las ideas de apertura, tolerancia y resolución inteligente de los conflictos. Ya hace varios siglos, cuando muchos países europeos, entre ellos España, seguían políticas inquisitoriales de represión de todo lo que no se correspondiera al modelo racial, religioso y político dominante, la burguesa Holanda abría generosamente sus puertas a individuos y minorías perseguidos. Pero esta tradición se ha roto con el voto mayoritario de su Cámara baja a favor de un proyecto presentado por el Gobierno de centro-derecha por el cual serán expulsados en los próximos tres años unos 26.000 solicitantes de asilo que han visto denegadas sus demandas y viven irregularmente en el país.
El proyecto, pendiente todavía de aprobación en el Senado, provoca el rechazo del 60% de los holandeses, según las encuestas, y del Consejo Nacional de las Iglesias. La posibilidad de que fugitivos de Somalia, Haití, Chechenia o Afganistán sean devueltos a sus atormentados países espanta a muchos holandeses. Tal como ha señalado Ruud Lubbers, alto comisario de Naciones Unidas para los Refugiados y antiguo primer ministro holandés, preocupa el hecho de que muchos de los candidatos a la expulsión lleven más de cinco años viviendo, aunque sea irregularmente, en Holanda y allí tengan hechas sus vidas, incluidos trabajos, estudios y familias. Por este país corren también los vientos del rechazo al extranjero, como demostraron los buenos resultados obtenidos en los últimos comicios por el partido del ultraconservador Pim Fortuyn, asesinado en 2002.
Como otros Gobiernos occidentales, el holandés utiliza la estrategia de la criminalización de los fenómenos migratorios para justificar su actitud. Y así asegura que conceder una plena amnistía a los demandantes de asilo que han visto rechazadas sus solicitudes "mandaría el mensaje equivocado a las redes de tráfico de personas". Si los sin papeles fueran regularizados, vendrían más, afirman las autoridades holandesas.
Resulta muy preocupante que, de acuerdo con su propia argumentación, el Ejecutivo y el Parlamento holandés opten por enviar el mensaje correcto a esas redes del tráfico de emigrantes destrozando las vidas de 26.000 personas ya instaladas en su país y abandonando toda una tradición nacional. La opinión pública internacional sigue con inquietud esta anunciada deportación masiva. "Con esta decisión, el Gobierno holandés se ha apartado de su histórico papel como líder de la protección de los derechos humanos en Europa", ha señalado Humans Rights Watch, la ONG de derechos humanos con sede en Nueva York.
El que Holanda se sume a la corriente dominante, la de cierres y expulsiones, es otro triste signo del miedo que domina este comienzo de milenio. En una Europa que necesita inmigrantes por razones económicas y demográficas se impone una política común. No puede reducirse, como hasta ahora, a reforzar el control de las fronteras, sino que debe plantearse el abordar a nivel comunitario la llegada y la plena integración de exiliados e inmigrantes, que son también nuevos europeos.
