El PSOE exige que siga abierto el centro de Coslada para maltratadas
El portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, y su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Trinidad Jiménez, se comprometieron ayer a llevar propuestas al pleno del Parlamento autonómico y de los ayuntamientos para que las administraciones madrileñas doten de recursos al centro de atención integral a maltratadas, regentado desde hace 14 años por la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, y evitar así su cierre.
Este centro, que ofrece atención integral (alojamiento y apoyo psicológico, social, formativo) a las víctimas de la violencia doméstica, sólo tiene ahora recursos para mantenerse hasta julio, ya que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha reducido este año en un 20% la subvención que le concedía, pasando de los 498.000 euros de 2003 a los 399.000 de este ejercicio. En su década y media de existencia, el centro ha atendido a 287 mujeres y 410 niños de 22 nacionalidades diferentes.
Simancas explicó que para intentar implicar a todas las administraciones públicas madrileñas en la búsqueda de recursos para que el centro siga abierto, llevará una iniciativa parlamentaria al pleno regional del próximo jueves en la Cámara y anticipó que se presentarán mociones similares en todos los ayuntamientos de la región. Junto a ello, destacó que se emprenderá una campaña para recaudar fondos entre los militantes socialistas que se destinarán a la cuenta pública que se ha abierto (número 2100-2282- 41-0200082123) para salvar este centro.
Del mismo modo, Trinidad Jiménez presentará una proposición en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid para pedir al gobierno municipal que habilite una subvención extraordinaria para este centro. En ella también planteará que se tome esta instalación como ejemplo para la puesta en marcha de nuevos servicios destinados a víctimas de la violencia sexista.
Recorte de presupuestos
La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, explicó que desde el pasado verano ha estado negociando para que el Gobierno de José María Aznar no recorte los recursos destinados a este centro, una decisión que calificó de "represalia política" por las críticas realizadas por la federación a las actuaciones del PP en temas relacionados con la violencia sexista.
Tanto Simancas como Jiménez criticaron la "falta de sensibilidad" demostrada por el Gobierno central al recortar la subvención a este centro, del que aseguraron que se ha demostrado su eficacia a la hora de atender a mujeres maltratadas. Simancas argumentó que el recorte de las ayudas para este año se debe a que "alguien ha pensado en algún despacho que las mujeres que trabajan en este centro no son de las suyas y que como no son de las suyas y no piensan como la Conferencia Episcopal este centro se tiene que cerrar".
