La Generalitat prepara una ley para que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos

El Departamento de Bienestar y Familia quiere que la homosexualidad deje de ser una barrera para las parejas de gays o lesbianas que desean adoptar hijos. Para ello, la Generalitat revisará la Ley de Uniones Estables de Pareja, según aseguró ayer la consejera Anna Simó, quien anunció, además, que incrementará las ayudas a las familias monoparentales, creará 6.800 plazas de residencia para ancianos y cederá más competencias a los ayuntamientos.

La consejera Anna Simó aseguró ayer en el Parlament, en la que era su primera comparecencia en la comisión de política social, que su departamento ya tiene elaborado un borrador de la nueva Ley de Uniones Estables de Pareja, en cuya exposición de motivos argumenta que en toda adopción "el criterio que ha de prevalecer es el derecho del niño a tener unos padres, así como la idoneidad de los solicitantes para adoptar, sea cual sea la orientación sexual de éstos".

Cataluña se convertirá en la cuarta comunidad autónoma en impulsar una legislación para que la homosexualidad deje de ser una barrera para las parejas que desean adoptar hijos. Navarra y el País Vasco ya han elaborado leyes que recogen el derecho de las parejas de gays o lesbianas a adoptar, pero ambas están suspendidas porque el PP recurrió contra ellas ante el Tribunal Constitucional. La comunidad de Aragón aprobó también una normativa similar en diciembre del año pasado, pero está pendiente de su aprobación definitiva. El PP ya ha anunciado que recurrirá también contra esta ley aragonesa.

El nuevo Gobierno catalán quiere equiparar también las parejas homosexuales con las heterosexuales en el derecho al matrimonio y por ello ha anunciado que impulsará medidas legislativas en el Congreso destinadas a alcanzar este objetivo, ya que es una competencia estatal.

Éstas son otras de las actuaciones previstas por el Departamento de Bienestar anunciadas ayer por la consejera:

- Familias monoparentales. El Gobierno ampliará las ayudas a las familias monoparentales (formadas por un solo progenitor) dado que sufren "mayor riesgo de exclusión" que las familias convencionales. Este tipo de unidades familiares (más de 14.000 en Cataluña) se equipararán a las familias numerosas y recibirán una paga anual de 625 euros

por cada hijo menor de seis años. El año pasado esta ayuda (que era de 600 euros) fue concedida a 105.000 familias numerosas. Al margen de estas ayudas, la Generalitat seguirá pagando al resto de las familias 525 euros por cada hijo menor de tres años.- Adopciones nacionales.

Bienestar Social quiere dar prioridad a la adopción nacional sobre la internacional, y muy especialmente a la acogida profesional (es decir, la de familias que reciben ayudas económicas para acoger temporalmente a niños desamparados). "En los centros de la Dirección General de Atención a la Infancia, hay muchos niños susceptibles de ser adoptados o acogidos", afirmó ayer Anna Simó. La consejera también anunció que a más largo plazo los técnicos del departamento asumirán las tareas de gestión y tramitación de las adopciones internacionales, que ahora se delegan en entidades externas, con lo que tanto la Administración autonómica como los adoptantes "se ahorrarán muchos gastos".

- Ancianos. Hasta 2006, el nuevo Gobierno de izquierdas creará 6.800 plazas financiadas públicamente para alcanzar la cobertura del 2%. Según cálculos provisionales del Ejecutivo, casi 800 ancianos están en lista de espera para una plaza pública en una residencia. Bienestar y Familia quiere, sin embargo, que los ancianos que lo deseen (la gran mayoría) puedan envejecer en casa, por lo que ampliará del 1% al 4% la cobertura en atención domiciliaria.

- Discapacitados. Se modificará la normativa para derogar la obligación actual de los padres de contribuir a financiar la acogida de los discapacitados en residencias (actual decreto de precios públicos).

- Complementos a las pensiones. Pese a la ley estatal que prohíbe complementar pensiones a las comunidades autónomas, Bienestar y Familia seguirá con su "firme compromiso" de ayudar a las personas con menos recursos. El departamento ya ha abierto la convocatoria de ayudas para complementar la pensión de viudedad a 135.000 personas. La consejera anunció ayer que se establecerán ayudas anuales para conseguir en ocho años que todas las personas beneficiarias de pensiones contributivas y no contributivas lleguen como mínimo al 100% del salario mínimo interprofesional.

- Cesión de competencias a los ayuntamientos. Simó quiere reforzar el papel de los ayuntamientos en la prestación de servicios sociales, algo a lo que, según denunció ayer, el anterior Gobierno se mostró excesivamente reacio. En un plazo de entre cuatro y seis años, las oficinas que Bienestar Social tiene en casi todas las poblaciones pasarán a manos "del mundo local". La gestión de equipamientos cívicos, como casals u hoteles de entidades, también se cederá a los ayuntamientos en un plazo de seis años.

Éste es uno de los pocos anuncios de Anna Simó que generaron ayer las suspicacias de la oposición. La ex consejera de Bienestar Social Irene Rigau apuntó que su sucesora pretende "adelgazar" el departamento despojándose de sus responsabilidades, a lo que Anna Simó respondió que la Generalitat seguirá coordinando, coplanificando e inspeccionando todos los servicios sociales

- Más gasto en política social. Ante las preguntas del PP y CiU sobre cómo piensa financiar las medidas anunciadas, Simó explicó que su departamento cumplirá el mandato del Parlament -"nunca cumplido por CiU", dijo- de destinar al menos el 4% del presupuesto de la Generalitat a políticas y servicios sociales. Bienestar y Familia también quiere reducir gastos con la supresión de cargos y con la asunción de labores que hasta ahora estaban delegadas en entidades privadas externas.

- Servicios universales. Universalizar el acceso a los servicios sociales, al igual que a la sanidad y la enseñanza, es el objetivo principal de la ley de servicios sociales que se redactará.