El Gobierno reclama 236 millones a la clasificadora del 'Prestige' en otra demanda

El Gobierno vasco ha interpuesto una nueva demanda en Estados Unidos, dirigida ahora contra dos sociedades filiales de ABS (American Bureau of Shipping), la sociedad clasificadora que certificó la seguridad del petrolero Prestige tras su última gran reparación en 2001, a las que reclama 300 millones de dólares (236 millones de euros) por supuesta negligencia grave. La querella se presentó el pasado 22 de enero en un juzgado estatal del condado de Harris (Houston), dos días después de que un juez federal de la capital del Estado de Texas acordara trasladar la primera demanda por responsabilidad civil de ABS al juzgado de Nueva York donde está abierta la causa planteada en el mismo sentido por el Gobierno español (la clasificadora tiene sedes en ambas ciudades).

No obstante, en su auto del día 20, el juez Kenneth M. Hoyt incorpora un pronunciamiento muy desfavorable sobre la legitimación del Gobierno autónomo y las instituciones vascas que le secundan (las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián) para actuar por la vía civil ante un tribunal de Estados Unidos. En primer lugar, indica, porque no está claro "a quién conciernen las competencias afectadas" por el accidente del Prestige; y además, porque ya existe un procedimiento por responsabilidad penal (en el juzgado de Corcubión) y no está claro qué tribunales (españoles o estadounidenses) deben enjuiciar el caso del Prestige.

El despacho de abogados de Texas que representa a las instituciones vascas (Buzbee Law Firm) ha dirigido esta segunda demanda contra dos filiales de la clasificadora, ABS Marine Services y ABSG Consulting, por una actuación gravemente negligente. A ambas se les reclama, en concepto de daños y perjuicios, una indemnización de "no menos de 300 millones de dólares".El bufete de abogados que representa a las instituciones vascas en Houston fundamenta su millonaria reclamación en la supuesta existencia de un fax enviado en agosto de 2002 a ABS Marine Services por el penúltimo capitán del Prestige, Costazos Eftrapios (en la demanda el nombre que figura es "Esfraitos Costazos"), en el que denuncia el deficiente estado de algunos tanques e instalaciones del petrolero que naufragó frente a las costas gallegas quince meses después. Los demandantes dan por hecho que dicho fax fue recibido en la sede de la filial de ABS en Houston y que la sociedad actuó negligentemente al no ordenar a los armadores del barco la urgente reparación de los problemas señalados por el antecesor de Apostolos Mangouras o al no informar de su estado a la compañía matriz o a las autoridades. Por ello, solicitan una indemnización de 300 millones de dólares (236 millones de euros) en favor de las instituciones vascas demandantes.

El elevado importe de la cantidad declamada por daños y perjuicios contrasta con el importe realmente destinado en el País Vasco a la limpieza del litoral afectado por el fuel del Prestige. En la propia demanda se precisa que los demandantes han gastado ya "más de 75 millones de dólares" (59 millones de euros) en la recuperación de las costas y en ayudas a los afectados. Sin embargo, en la página siguiente se eleva la cifra de lo ya gastado o comprometido a 100 millones de dólares y se estiman en otros 200 millones los daños que sufrirán en el futuro el medio ambiente y los sectores pesquero y turístico de la comunidad autónoma.Fuentes jurídicas consultadas explican la desproporción entre el dinero efectivamente gastado y la cantidad reclamada a las filiales de ABS en el hecho de que los bufetes estadounidenses acostumbran a percibir una parte (un tercio, al menos) de las indemnizaciones que consiguen para sus clientes, por lo que les interesa elevarlas al máximo.

Fotocopia parcial

Las posibilidades de que prospere la demanda dependen, no obstante, de que pueda certificarse la recepción por ABS Marine Services del supuesto fax que remitió desde San Petersburgo el capitán Costazos Eftrapios en el verano de 2002. Una fotocopia parcial del envío apareció presuntamente entre la documentación requisada en el Prestige por técnicos de la Marina Mercante el 17 de noviembre, en vísperas del hundimiento del buque. Sin embargo, el supuesto fax no fue aportado hasta tres meses después por el abogado del Estado al Juzgado de Corcubión que lleva el caso por la vía penal y no ha sido presentado como prueba por el Gobierno español ante al tribunal de Nueva York que lleva la demanda por responsabilidad civil contra la clasificadora ABS. Desde esta compañía se sostiene que dicho fax no existe ni hay constancia alguna de que se recibiera en sus oficinas.