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Columna
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Extremismos

Esta semana se ha conocido una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de los de Barcelona por la que se condena al imam de Fuengirola a una pena de prisión por incitar a la violencia contra las mujeres. Entiende el imam que su religión permite y obliga a este tipo de practicas por parte del marido. Entiende la sentencia que el derecho constitucional a la libertad religiosa no puede amparar y no ampara este tipo de comportamientos, sino que se sancionan penalmente en nuestro Estado de Derecho. Pues bien, sin duda esta sentencia constituye un punto de apoyo para todos los que pensamos que ninguna doctrina, religiosa o no, puede servir de cobijo para justificar la violencia por razón de sexo. Sin embargo, esta resolución también invita a realizar otra reflexión. Una reflexión que lleva a decir que cuando cualquier clase de doctrina encuentra apoyo en el poder civil, o éste se sirve y se justifica con aquélla, una y otro termina adoptando posiciones extremas en favor de quiénes interpretan la doctrina y ejercen el poder, y en contra de quiénes están excluidos de su interpretación, ejercicio, o no participan de sus ideas.

En este sentido, y en cualquier otro que se mire, es bienvenida esta sentencia. También la decisión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de querellarse contra un editor de Granada por apología del nazismo. Es lo menos que se puede decir de unas actuaciones judiciales que ponen y tratan de poner coto a la invasión de doctrinas que justifican este tipo de conductas en nuestra sociedad.

Sin embargo, tampoco estaría de más que pudieran servir de alguna otra reflexión, que bien podría aplicarse al momento político actual. Sobre todo cuando, de nuevo, la religión se impone con carácter obligatorio en los colegios, y a nuestro hijos. No ya porque posibilite la interpretación de practicas de violencia por razón de sexo o su doctrina fomente el nazismo, sino porque fomenta su fuerza en un estado laico, lo que puede favorecer que llegue a adoptar posturas extremas -ahí esta la historia reciente- y hoy por hoy constituye una isla en nuestro estado que se permite expulsar de colegios públicos a profesores divorciados, no casados o que manifiestan unas ideas que no sean de su agrado.

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