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miércoles, 17 de diciembre de 2003

Bruselas sigue analizando el PHN y advierte de que no admitirá presiones

El nuevo Ejecutivo catalán transmite a Bruselas su oposición al trasvase del Ebro

Estrasburgo 17 DIC 2003

Los comisarios europeos de Medio Ambiente y de Política Regional, Margot Wallström y Michel Barnier, respectivamente, destacaron ayer el "diálogo constructivo" que mantienen con el Gobierno español en torno al Plan Hidrológico Nacional (PHN) y subrayaron que Bruselas no aceptará presiones de ningún sector. En su primera comparecencia sobre el PHN ante la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, los comisarios explicaron que el plan sigue pendiente de análisis en un proceso que quiere asegurar el cumplimiento de las directivas comunitarias.

"El PHN decía que las aguas del Ebro iban a ir al Júcar. Eso era una infracción"

Wallström dijo que "es muy difícil que la Comisión presente soluciones inmediatas" respecto a la cofinanciación del PHN, ya que "está en juego" el principio de "sostenibilidad". La comisaria aseguró que no aceptará "presiones" en torno al proyecto. "Hasta el momento se ha intentado fijar una hoja de ruta para el PHN español, pero todo está en estudio", afirmó. Tanto Wallström como Barnier destacaron durante la comparecencia ante los eurodiputados la "colaboración" del Gobierno español, que presenta lo que piden "y mantiene un diálogo constructivo", aunque "no siempre ha sido fácil por la situación política tan tensa", según la comisaria.

Wallström reconoció que el asunto tiene mucha carga política en España y dijo que la Comisión ha recibido desde 2001 "muchísimas quejas" con respecto al trasvase del Ebro -15 individuales y 32.000 de formulario genérico- a las que va dando respuesta, si bien no ha encontrado motivos para abrir un procedimiento de infracción. El nuevo Gobierno catalán ya ha enviado a una carta a Wallström para pedirle una entrevista y anunciar que la "política catalana va a experimentar un giro" que implica una revisión del PHN desde una oposición "rotunda" al trasvase. Al respecto, la comisaria indicó que ello podría afectar a los costes del plan.

Lo que interesa a la Comisión es el cumplimiento estricto de las directivas comunitarias, y eso ha llevado a que alguno de los proyectos del PHN haya sido modificados por el gobierno español. Como ejemplo, Wallström cito que "el PHN decía que las aguas del Ebro iban a ir al Júcar. Eso era una infracción. El Gobierno enmendó la propuesta para decir que no habrá trasvase al Júcar". También señaló que queda excluido que el agua del Ebro sea empleada para regar campos de golf y que se han aumentado los tramos en túnel para evitar impactos ambientales. "El trasvase podría tener impacto negativo sobre las aves de la zona del Delta del Ebro y en las zonas receptoras", dijo la comisaria, pero también "es cierto que puede ser una ventaja para el Delta [en referencia al plan integral para recuperarlo] y que podría haber beneficios. No lo podemos excluir. No hay mal que por bien no venga".

No obstante, Wallström se declaró preocupada por cuestiones sin solventar, como un análisis pormenorizado de los efectos del cambio climático en el futuro caudal del Ebro. La comisaria indicó también que "la directiva marco del agua no prohíbe que se hagan trasvases, pero debe ser siempre el último recurso, porque es dramático".

Barnier y Wallström insistieron en que van a considerar el PHN, integrado por unos 800 proyectos, en su conjunto. Entre las decisiones de cofinanciación ya pedidas al margen del trasvase del Ebro, está "aprobado o a punto de aprobarse" el embalse de La Breña, y la transferencia del Júcar al Vinalopó. "No hay todavía fondos comunitarios para trasvasar el Ebro porque queremos asegurarnos de que cumple las directivas", dijo Wallström, quien insistió en que no ha recibido ninguna petición del Gobierno español. Precisamente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció ayer tras la comparecencia de los comisarios, con la que se mostró "satisfecho", que va a presentar ya los proyectos de los cuatro tramos del trasvase del Ebro licitados -dos de ellos en la Comunidad Valenciana- por más de 120 millones de euros para pedir la cofinanciación europea, informa Inmaculada G. Mardones.

Michel Barnier recordó que cualquier proyecto de más de 50 millones de euros para el que se busca cofinanciación debe cumplir siete requisitos, desde el tipo de inversión y el beneficio que generará hasta las ventajas sociales y económicas, "especialmente el empleo", pasando por el impacto medioambiental y su conformidad con las directivas europeas.

El tono de la sesión informativa fue distendido. Los diputados de la izquierda subrayaron que el debate no ha sido posible en España por la negativa del Gobierno y de las administraciones autonómicas controladas por el PP. "Sobre eso no puedo responder. Nadie debería quedar excluido", dijo Wallström.

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