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jueves, 11 de diciembre de 2003
Editorial:

Un favor a Ibarretxe

La mayoría del PP coló ayer en el Senado la anunciada reforma del Código Penal por la que podría ser encarcelado el cargo público que convocase un referéndum sin tener competencias para ello: una iniciativa expresamente dirigida contra Ibarretxe. Finalmente no lo hizo como enmienda a la Ley de Arbitraje, según había planteado inicialmente, sino a otra ley en tramitación en la Cámara alta que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Puede sonar menos extravagante, pero sigue siendo algo peor que una chapuza: una vulneración de la lógica parlamentaria (y de la lógica constitucional). Y además, un serio error político.

Vulnera la lógica del sistema constitucional porque una reforma de tanto calado no puede improvisarse ni hacerse pasar por esa vía de extrema urgencia que impide su debate en el Congreso, con trámite de ponencia y discusión de enmiendas. Aprobada por la mayoría del PP en el Senado, el Congreso sólo tiene capacidad para convalidarla en bloque: sí o no. Lo lógico habría sido actuar con tranquilidad y someter el proyecto, pues se trata de una ley orgánica, a los dictámenes del Consejo de Estado y del Poder Judicial.

El argumento del PP es que hay que utilizar todas las vías posibles para frenar el plan Ibarretxe antes de que su desafío a la legalidad sea irreversible. Desde luego, hay que utilizar los mecanismos del Estado de derecho, pero no necesariamente el Código Penal; no toda conducta ilícita se combate penalmente, y, llegado el caso, existen en el Código artículos que serían de aplicación. Al buscar una tipificación ad hoc se ha querido subrayar la voluntad de aplicar la ley con firmeza. Pero la firmeza no depende del gesto, sino de la legitimación.

Combatir lo que se califica de fraude de ley con una utilización fraudulenta de la norma más bien revela debilidad. Por supuesto que la ley hay que aplicarla con independencia de que hacerlo sea o no oportuno políticamente; pero la decisión de aprobar ahora en el Consejo de Ministros esa reforma del Código Penal es netamente política; debe juzgarse como tal, atendiendo a criterios como la falta de consenso en su aprobación y sus efectos negativos con vistas al objetivo buscado.

Pues bien, toda la oposición, excepto el PNV, ha anunciado su intención de recurrir la reforma, y casi todos los juristas consultados han mostrado su radical desacuerdo con el fondo y la forma de la misma. Ibarretxe, que se enfrenta a grandes dificultades para llevar adelante su proyecto ante la falta de suficiente apoyo, sólo confía en que errores graves del Gobierno provoquen un cambio en la opinión pública vasca y española; es decir, confía en que siga habiendo iniciativas como la que se votó ayer en el Senado.

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