El buen gestor

Por lo que parece, no mengua la tensión, y los roces entre Francisco Camps y Eduardo Zaplana se repiten e incluso se agravan. Pero, como revela el caso de José Luis Olivas y otros tantos de que dan cuenta los cronistas, la liza se libra también en el segundo nivel de los cargos autonómicos, en el de esos empleos que en la jerga administrativa forman el personal eventual. Es en ese momento, en la ejecución de las decisiones, cuando se facilita o se entorpece una gestión y cuando las hipotecas humanas contraídas se saldan o se agigantan. Según leemos en la ley de la función pública valenciana, el personal al servicio de la administración se clasifica en funcionario de carrera, funcionario interino, laboral y personal eventual. De todos ellos, es una categoría aparte el denominado personal eventual: lo constituyen quienes, en virtud de libre nombramiento y en régimen no permanente, ocupan un puesto de trabajo que no está reservado a funcionarios. De acuerdo con lo previsto, este personal eventual sólo podrá desempeñar los empleos en que expresamente se requieran las funciones de confianza o asesoramiento especial. La designación de los cargos será libre y corresponderá al presidente de la Generalidad Valenciana, a los consejeros o a las restantes autoridades institucionales. En todo caso el personal eventual cesará automáticamente cuando decaiga la autoridad a la que preste su función asesora, de confianza. Hasta aquí, la paráfrasis de la prosa legal. De ese léxico pesadamente administrativo me gustaría retener estos datos: el personal asesor es de libre nombramiento en virtud de la confianza que le presta una autoridad. Analicemos ese aspecto.

La vida es una sucesión de acuerdos entre partes. O, en otros términos: la existencia es siempre un repertorio de convenios que se establecen entre dos o más individuos sometidos a ciertas obligaciones recíprocas, a ciertas formalidades, con el fin de obtener ventajas mutuas. La obligatoriedad es el requisito básico para el cumplimiento de esos acuerdos, requisito que, en principio, se basa en la confianza personal. Ahora bien, como no siempre podemos depositar nuestro crédito en alguien a quien no conocemos e incluso como no siempre ese a quien conocemos es fiel a su palabra, necesitamos instituciones y compromisos formales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones. Por eso, la confianza institucional es básica y constituye el elemento fundamental en un gran número de actividades humanas y sociales. En toda relación de cooperación entre dos o más individuos es necesario el crédito recíproco, saber qué cabe aguardar del otro, su buen hacer. Confiar es esperar que el otro respete la palabra dada, esperar que se cumplan la obligación que nos hemos prometido o la expectativa que sensatamente nos hemos hecho de las personas y de las cosas. Cuando esto no se verifica, cuando no hay un sistema eficaz de sanciones para quien incumple sus funciones, entonces la confianza se deteriora, la irresponsabilidad se premia y el crédito público se deteriora. Hasta aquí, la paráfrasis de la prosa sociológica. Debería pedirles disculpas por hablar tanto y tan seguido con estos terminachos, entre administrativos y abstractos, propios quizá de una erudición estéril, pero el asunto o el ejemplo que les propongo lo merecen.

Si no estoy equivocado, el actual jefe de gabinete de Rafael Blasco es Herminio García Cuadra. No sé si lo conocen. Don Herminio fue el director general de centros docentes con el anterior consejero de Educación, Manuel Tarancón, y en fecha previa fue, si no ando errado, gerente económico del Hospital Arnau de Vilanova. Ahora, pasada la canícula, y por Resolución de 12 de septiembre de 2003, del consejero de Territorio y Vivienda, se nombraba a Herminio García personal eventual a su servicio. ¿Por qué digo todo esto? Porque, para empezar, sorprenden la procesión o, mejor, la elasticidad del gestor y la capacidad para cobijarse en sitios tan distintos y tan distantes: Hospitales, Colegios, Viviendas: eso sí, todos a cubierto, todos bajo techo. No sé, la verdad, cómo explicar este caso: o es un eficaz técnico, competente para enfrentar lo que sea, diestro en ramos dispares, o es un asesor habilísimo que sabe hacer valer con arte e influencia la confianza, la confidencia de sus superiores. ¿Confianza? ¿No es eso lo que justifica la designación del personal eventual? Al poco de su nombramiento como consejero de Educación, Esteban González Pons hizo alguna declaración manifestando su propósito de acabar con los barracones instalados en colegios e institutos por el anterior gabinete, esos contenedores metálicos con ventanucos en los que se agolpan los muchachos. Admitir que es posible alcanzar dicha meta, admitir que es posible redimir a los niños liberándoles de esas aulas que les oprimen, supone reconocer que tal vez los gobiernos de Eduardo Zaplana desatendieron culpablemente la educación pública. ¿Quizá por la inacción del anterior director general de centro docentes? ¿Qué vaticinar, pues, de su nueva gestión, ahora que se pone al frente del departamento de... barracones, perdón, de Territorio y Vivienda? Quienes piensen mal dirán que hay lastre que arrastrar, compromisos ineludibles de antiguos beneficiados, tan serviciales. No sé. Lo creíamos amortizado, cesante, crucificado; lo pensábamos dedicado a su profesión, y, de repente, descubrimos que resucita, que regresa o, mejor, que nunca se marchó, que cambia de competencias, que se desplaza de Consejería, pero, eso sí, que sobre él se deposita, se renueva, la confianza, justamente por querer ser el buen gestor. Amén.

Justo Serna es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.