Consumo demanda a los dueños de los aparcamientos públicos por fijar tarifas "por hora o fracción"
Cobrar dos horas por tener un coche en un aparcamiento público una hora y cinco minutos, por ejemplo, es "abusivo, y resulta una cláusula no negociada y preimpuesta" por los dueños de los garajes. Un portavoz del Instituto Nacional de Consumo resumió así ayer los motivos de la demanda que presentó el Ministerio de Sanidad y Consumo ante los juzgados de primera instancia de Madrid para evitar la práctica de facturar el tiempo de utilización de los garajes "por hora o fracción".
La iniciativa ya fue anunciada por la ministra Ana Pastor el 15 de julio. "Desde entonces se han mantenido conversaciones con representantes del sector, pero sin que se llegara a un acuerdo. Ellos afirman que se trata de un mercado libre y que no hacían nada mal", explicó el mismo portavoz.
La demanda se dirige contra un número de propietarios, porque la ley exige que se actúe contra personas jurídicas concretas seleccionadas a partir de las actas de las comunidades autónomas, pero el objetivo último del Instituto de Consumo es que, una vez que el tribunal declare que se trata de "una cláusula abusiva", ésta se inscriba en el registro de Condiciones de Contratación, "de manera que cualquiera que la utilice a partir de ese momento sabrá que puede ser demandado", explicó el portavoz del departamento.
Los titulares contra los que se procede se han seleccionado de manera "aleatoria" entre los aparcamientos privados, pero ello no quiere decir que los de titularidad pública (como muchos de los municipales) no se vean afectados por el previsible antecedente que suponga la sentencia, indicó el portavoz del Instituto.
Fuentes de Consumo no descartan que se llegue a un acuerdo antes de que el tribunal redacte una sentencia. En este sentido, Sanidad recuerda que el Ayuntamiento de Málaga ya ha anunciado que a partir del año que viene los aparcamientos de titularidad pública empezarán a cobrar por minutos. El Ministerio va a mantener nuevas reuniones con representantes del sector "para intentar evitar una solución judicial".