"Nuestra idea es que haya una alternativa a la pena de cárcel"
En su intervención la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, defendió un proyecto de ley que establece la suspensión de penas de cárcel para los delitos, incluso los más atroces, cometidos por los grupos paramilitares y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La inhabilitación para ser elegido o la prohibición de residir en ciertos lugares o aproximarse a sus víctimas son los castigos que sustituirían a las penas de presidio. "La paz definitiva es la mejor justicia", dijo Uribe. Los detractores de la iniciativa, algunos partidarios del presidente, aseguran que es una "impunidad disfrazada" y que las "atrocidades deben significar prisión". El artífice de la Ley de Alternatividad Penal es el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.
Pregunta. No falta quien califica las penas alternativas a la cárcel como una ridiculez jurídica. Y la ONU asegura que se corre el peligro de la impunidad porque no hay reparación a las víctimas.
Respuesta. Lo importante no es castigar al victimario, sino reparar a la sociedad y a la víctima. La consecución de la paz la entendemos como la reparación de la sociedad. Si una persona que pertenece a un grupo armado nos ayuda efectivamente a desmontar su organización creemos que ésa es una reparación eficaz a la sociedad. Si además esa persona puede contribuir, de manera material o simbólica, a la reparación de las víctimas, completamos de manera plena el horizonte de la reparación. El proyecto de ley deja en manos del juez las decisiones. Lo que no compartimos es que vayamos en contra del principio filosófico fundamental que es buscarle una alternativa a la pena de cárcel.
P. ¿No acepta que al menos paguen parte de la condena?
R. No, nuestra idea es que haya una alternativa a la pena de cárcel.
P. ¿Cómo se explica que Carlos Castaño, jefe paramilitar con 27 órdenes de captura por masacres y asesinatos, o Jorge Briceño, comandante de las FARC, queden libres a cambio de comprometerse a no ir a determinado lugar del país?
R. Nosotros tenemos que buscar una alternativa para esas personas que han cometido delitos atroces. Sin esto no puede haber una negociación efectiva y sólo queda la opción militar. El mundo nos pide que exploremos la salida negociada. Estos señores no van a negociar para ir a la cárcel. Este instrumento nos permite asegurar un pleno esclarecimiento de los hechos, pues exige al desmovilizado confesar sus delitos. No va a haber impunidad.
P. ¿Hasta qué punto se puede decir que esas investigaciones se van a cumplir en un país en el que hay tanta impunidad?
R. Lo que pretendemos con esta ley es fortalecer la justicia reduciendo el conflicto. Como no va a haber una amnistía global, las instituciones judiciales van a mantener plena capacidad de investigación. Por eso, no hay perdón ni olvido.
P. En El Salvador fue muy importante la comisión de la verdad, ¿no se ha pensado en esto?
R. Las comisiones de la verdad son extrajudiciales, propias de países donde la justicia está colapsada. Por esa razón excluimos esta posibilidad. El gran problema que tenemos es que por el poder de estas organizaciones armadas ha sido prácticamente imposible detenerlos y llevarlos a las cárceles. Lo que queremos es que colaboren a desmontar su organización.
P. Otro riesgo es que se puedan cobijar otro tipo de delitos como el narcotráfico.
R. Es muy difícil encontrar un jefe de una organización armada en Colombia que no tenga de una u otra forma responsabilidad en el narcotráfico. Pero de manera pragmática sí hay una distinción: las autodefensas se definen por una actividad antisubversiva, y la guerrilla por un propósito antiestatal. Aunque actúen como una mafia por momentos y se alimenten del narcotráfico, es evidente que tienen otro propósito. Con organizaciones de narcotraficantes no vamos a negociar.
P. ¿Cree que algún jefe de las FARC o del ELN se entregará?
R. Sí. Mucha gente me ha dicho que a los miembros de la guerrilla no les interesa su situación judicial. Es falso. No ofrecer alternativas judiciales a los miembros de la guerrilla es incitarlos a que sigan pensando que el único camino es derrocar el sistema.
