Madrazo se compromete a abordar la creación de un centro para maltratadores

El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de IU, se comprometió ayer a analizar la propuesta de la asociación Clara Campoamor de crear en el País Vasco un centro para maltratadores como medida "para garantizar las órdenes de alejamiento que dictan los jueces". El centro sería el primero de su tipo que se crease en España. Madrazo recalcó en la apertura de unas jornadas en Bilbao sobre la violencia conyugal que el Gobierno central debería tratar a las mujeres que sufren malos tratos de la misma forma que a las víctimas de ETA.

Las jornadas, tituladas Políticas integrales para mujer e infancia en el campo de la violencia de género, analizarán hasta mañana este tipo de violencia "desde todos los aspectos y todas las personas implicadas", recalcó Blanca Estrella Ruiz, presidenta de Clara Campoamor, asociación que organiza el foro junto a la consejería.

Madrazo se refirió en su intervención a un proyecto defendido desde hace bastante tiempo por dicha asociación de defensa de la mujer: la apertura de un centro para maltratadores. "Mi departamento estudia la propuesta de la asociación, primero para determinar de quién es la competencia en este terreno. Después, aunque no a corto plazo, se pasará a quien corresponda y la consejería gestionará lo que dependa de su competencia, como puede ser el poner a disposición el edificio para el centro", comentó.

El consejero destacó que la violencia de género es "un problema de gran magnitud" y recordó que un 4% de las mujeres españolas admite ser víctima de abusos por parte de su pareja, porcentaje que sube hasta el 11% si el concepto se amplía a otras formas de violencia como la sumisión, la retirada de dinero o la utilización sexual, entre otras. El año pasado se presentaron en toda España un total de 11.117 denuncias por malos tratos frente a las 8.573 de 2001, según indicó Madrazo. "En el País Vasco, el año pasado hubo 2.041 denuncias", concretó, de las que un 74,08% correspondía a malos tratos infligidos por la pareja o ex pareja de la víctima.

Sólo entre julio y agosto pasados, cuando entró en vigor la ley que regula la orden de protección a las víctimas de violencia la doméstica, 25 mujeres murieron en España por esta causa. "Ha sido el verano más sangriento de todos", apuntó Blanca Estrella Ruiz, quien recalcó que "el 90% de los culpables de estas muertes tenían una orden de alejamiento".

Para Ruiz, la creación de "un centro integral para maltratadores" garantizaría el cumplimiento de la ley, haciendo efectiva la orden de alejamiento. "Ahora, como están las cosas, la mujer no tiene garantías de que el agresor vaya a cumplir la orden de alejamiento. Nosotros pretendemos que no sea la víctima la que tenga que abandonar el hogar y su entorno familiar y social".

El titular de Asuntos Sociales señaló al Estado español como "responsable subsidiario" de la violencia de género y añadió que detrás de cada crimen contra una mujer se esconde la "desidia" de una administración "muchas veces inoperante" y que "o bien ha hecho poco o se ha hecho mal". Madrazo reclamó al Gobierno central que preste "la misma atención a las víctimas del terrorismo de ETA y a las víctimas de la violencia de género".

Madrazo consideró "prioritario" que no se olvide el análisis de "las secuelas psíquicas en las víctimas de malos tratos", algo que "las estadísticas rara vez recogen y, sin embargo, lastran la vida de las afectadas, que pierden la seguridad en sí mismas, la autoestima, su dignidad, su independencia y su capacidad para decidir sobre su vida".

La primera ponente de la jornada de ayer, la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Montserrat Comas, mostró su convencimiento de que las mujeres se hallan "más protegidas" con la ley de protección a las víctimas de la violencia de género, aunque matizó que "hay que seguir perfeccionándola".

Comas indicó que desde que entró en vigor la ley el pasado agosto, unas 1.500 mujeres han presentado denuncias por maltrato, de las que el 76% fueron admitidas, lo que demuestra que los jueces "están capacitados" para aplicarla. La ley determina que los jueces deben resolver la denuncia en el mismo día en que es presentada o en un plazo máximo de 72 horas desde que se presenta, plazo que se está cumpliendo, indicó.

[Un joven de 25 años, J.M.P.E., vecino de San Sebastián, fue detenido ayer en la capital guipuzcoana por agredir a su compañera sentimental, a quien presuntamente golpeó de forma repetida e incluso trató de tirar por la ventana de su domicilio, informa Efe].