Un pulso abre el curso empresarial

Pedro Coca, secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), acostumbra a leer la prensa por la mañana, pero el pasado 10 de septiembre, después de una reunión de cúpula de la patronal provincial, salió de madrugada para comprobar como reflejaban los hechos las primeras ediciones de los periódicos. No era para menos. Su responsabilidad en la venta de un edificio de la CEV le había situado en el ojo de un huracán.

Una ventolera imprevista cuando el inicio del curso empresarial se presentaba apacible. El PP había revalidado su mayoría absoluta en las Cortes Valencianas en mayo y no eran previsibles gestos políticos de calado hasta las elecciones generales de marzo. Rafael Ferrando, presidente de la CEV desde 1997, había sido aclamado al frente de Cierval, la patronal autonómica, en junio. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), un grupo de 70 poderosos empresarios valencianos, había elegido como presidente a Francisco Pons, presidente de Importaco. Tanto Ferrando como Pons representan a la perfección las supuestas virtudes de unas organizaciones que habían celebrado su madurez con ocasión del 25 aniversario de su institución.

"La CEV sugiere que Roig no soporta que Ferrando actúe al margen de su dictado"

La sacudida reveló un nuevo escenario de relaciones entre empresarios. Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002, había alentado estrechas relaciones entre el poder autonómico y el mundo empresarial. Bajo su mandato, la Generalitat vinculó a varios empresarios a sus proyectos y el presidente se permitió llamar la atención a cualquier portavoz que discrepara de su discurso.

El equipo que preside Francisco Camps, sin embargo, mantiene una prudente distancia institucional hacia la clase empresarial y, para sorpresa de todos, deja hacer.

La alteración del paisaje político coincide con el relanzamiento de AVE y la entrada de hombres afines a Juan Roig, presidente de Mercadona y hombre fuerte de la asociación privada, en puestos clave de la Cámara de Comercio o la CEV. En la espiral en torno a Coca confluían todos los extremos.

Durante varios días, Coca había sido objeto de graves descalificaciones a raíz de la venta de un edificio de la Fundación Empresa, una entidad de la CEV, porque, supuestamente, había cerrado la operación sin informar a la cúpula de la patronal. Coca era el objetivo, pero los daños colaterales amenazaban a Ferrando, y por ende a toda la institución.

Los ataques procedían incluso de altos cargos de la propia patronal provincial. Varios vicepresidentes amenazaron con dejar la CEV si Coca no era destituido. Pero el día 10, todos ellos pactaron un comunicado en el que admitían haber sido informados del inicio de las gestiones para vender el edificio y apoyaban la gestión de Ferrando y Coca. Sólo mantenían vivo el conflicto al reclamar nuevas aclaraciones sobre la operación.

La venta del inmueble sacó a relucir la presión de fondo entre sectores enfrentados de la clase empresarial. Todas las versiones del episodio apuntan a la configuración de dos frentes: de un lado, los sectores más tradicionales, con la construcción por delante; de otro, los que se apoyan en torno a los promotores industriales. En una parte los "entreguistas", en otra los "reivindicativos", apuntan los más críticos. Y, en casi todos los casos, la CEV frente a AVE. Alrededor de estos dos bloques una figura insólita: un alto cargo de la ejecutiva del PSPV que se dedica a filtrar detalles sobre la venta cerrada por Coca.

El pulso entre la patronal y AVE se sostiene sobre un detalle cronológico. Los comentarios públicos sobre la operación sólo afloraron tras la inauguración de la sede de AVE, una galería cuyo peso específico fue refrendado por la presencia en el acto del presidente de la Generalitat y sus consejeros de Economía e Industria.

Pons ha declarado que arrastra bastantes quebraderos de cabeza como para perder el tiempo en socavar la credibilidad de otras organizaciones. Y ha reiterado su interés por dignificar la clase empresarial. Además, la mayoría de los miembros de AVE de la provincia de Valencia pertenecen a la CEV. El propio Ferrando es miembro del selecto grupo de poderosos.

Pero por debajo de la representación formal, empresarios, consultores, incluso algún financiero, apuntan a Juan Roig como instigador del enfrentamiento. Una fuente de la CEV sugiere que Roig no soporta que Ferrando pueda actuar al margen de su dictado, una libertad de acción como la que supone la venta del edificio de la Fundación Empresa que permitirá pagar las deudas pendientes por el uso indebido de fondos de formación en épocas pasadas. Según la misma versión, la mayoría absoluta del PP impide influir sobre el poder político a un hombre que habría apostado por la entrada en las Cortes de un partido nacionalista que ejerciera como bisagra de cualquier mayoría. La obsesión de Roig sería socavar la posición de Ferrando, convertir AVE en el único interlocutor empresarial solvente frente al poder político y, finalmente, ocupar la patronal provincial, cuya marca institucional es clave.

Otra fuente próxima a las grandes superficies afirma que el propietario de Mercadona no soporta la condescendencia de la CEV ante la libertad de horarios que exige la Unión Europea y que impulsa el Gobierno central.

Otras fuentes, sin embargo, recuerdan el volumen del negocio de Roig para desestimar su interés por afianzar su proyección social. Pero es un hecho que las últimas renovaciones de las cúpulas de la CEV y la Cámara de Comercio han abierto hueco a hombres vinculados al presidente de Mercadona, que parece empeñado en salir del anonimato y elevar su perfil público. Más aún, hay quien señala que Roig sabe bien que la representación empresarial reside en la CEV y que AVE, por mucho que pueda agitar, nunca podrá sustituir a la patronal. En síntesis: la venta del edificio de la Fundación Empresa se convierte en ariete para asaltar y conquistar la sede de la CEV.

Un empresario que se afana por sostener su industria ofrece otra lectura. Ferrando procede del mundo de la construcción, un sector donde la información es clave. Y apunta un hecho que levanta ampollas. Desde su posición en el consejo de Bancaixa, el presidente de la CEV puede tener acceso a detalles sobre sus competidores. Ferrando ha ejercido su papel representativo con firmeza frente al presidente del Gobierno, pero ha sido más pusilánime ante la Generalitat, la institución que avaló su cargo en Bancaixa.

Las diferencias entre la clase empresarial se complican, precisamente, ante la inminente renovación de algunos cargos directivos en las cajas. Recientes modificaciones legales reducen a dos los tres actuales miembros del consejo de Bancaixa que ejercen sus cargos en representación de la Generalitat. Lo mismo ocurre con los representantes de las corporaciones municipales. Entre los consejeros sujetos a renovación se cuentan Julio de Miguel, presidente de Bancaixa, Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio, o Manuel Ríos, consejero de Endesa. La distancia que mantiene el presidente de la Generalitat hacia los valedores del poder valenciano sólo contribuye a sembrar el nerviosismo entre ciertos empresarios acostumbrados a la proyección pública.

El PSPV ha deslizado que mantendrá en el consejo de Bancaixa a Eduard Montesinos, pero también pretende situar en la caja a algún destacado representante de la clase empresarial, probablemente, un miembro de AVE. Eso, después de que un miembro de la ejecutiva del PSPV, inmerso en una polémica urbanística en Náquera, filtrara información perjudicial para la CEV.

La patronal se ha concedido unos días para resolver el episodio de la venta del edificio. El caso se cierra esta semana. Es posible que Coca vuelva a comprar la prensa de madrugada.Entretanto, la solvencia patronal para evitar las secuelas que pueda dejar para el futuro el pulso que abre el curso empresarial, ha sido puesta a prueba.