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sábado, 30 de agosto de 2003

Los detenidos empezarán a quedar en libertad a partir del lunes y los expedientes serán archivados

Buenos Aires 30 AGO 2003

Los 39 militares argentinos y el abogado arrestados preventivamente desde hace un mes por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, a solicitud de Baltasar Garzón quedarán en libertad, previsiblemente, en cuanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informe al juzgado de que el Gobierno español ha desistido de reclamar la extradición.

En todo caso, el juez Canicoba Corral tiene previsto ordenar "la libertad lisa y llana" de los detenidos a partir del lunes y a medida que se vaya cumpliendo en cada caso el plazo legal de 40 días que establece el tratado de extradición entre Argentina y España para completar la documentación. Los abogados defensores se presentaron ayer ante el juzgado para pedir "la inmediata excarcelación".

Los expedientes serán archivados, pero los familiares y representantes de las víctimas podrán presentar denuncias contra ellos en los tribunales federales de todo el país, una opción que se reabrió, al menos en la primera instancia, después de que el Congreso argentino anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a las que podían acogerse hasta ahora los acusados. Esos procesos dependerán luego de la decisión del Supremo, que tiene aún que pronunciarse sobre la constitucionalidad de esas leyes de impunidad.

"No lo esperaba"

Canicoba Corral admitió que "en realidad, no esperaba" esta decisión del Gobierno español. Aún así, fuentes judiciales consideran posible, a pesar de la decisión española, reanudar los juicios interrumpidos en 1987, en los que pueden volver a ser juzgados más de 2.000 ex militares beneficiados entonces por las leyes que promulgó el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Garzón había imputado en principio a 45 militares y al abogado Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, acusado de participar en los llamados vuelos de la muerte, desde los que se arrojaba a los prisioneros al mar. Tres de los militares han muerto y otros tres -el ex capitán de fragata Jorge Raúl Vildoza Ostuni, el ex coronel Arturo Félix González Naya y el ex teniente coronel Antonio Arrechea Andrade- permanecen huidos de la justicia argentina.

Los ex comandantes de la dictadura Jorge Videla y Emilio Massera, el capitán de la marina Eduardo Acosta y el ex general Carlos Suárez Mason permanecen en prisión preventiva acusados del robo de niños nacidos en los campos de concentración, y serán sometidos a juicio oral y público. El suboficial de la prefectura naval Juan Antonio Azic, que intentó suicidarse, permanece ingresado en el hospital naval y otros siete de los reclamados eran asistidos hasta ahora en hospitales o en sus casas porque comunicaron al juez que estaban "enfermos".

Ayer por la mañana, antes de que se conociera en Buenos Aires la decisión del Gobierno español, María Consuelo Castaño Blanco y un grupo de familiares de desaparecidos españoles se reunieron con la directora de Derechos Humanos de la cancillería argentina, Alicia Oliveira, y le entregaron una carta para el presidente Néstor Kirchner en la que reconocen "sus declaraciones en defensa de la verdad y la justicia y la ratificación por su Gobierno de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".

Castaño manifestó que la decisión del Gobierno español "se corresponde con una actitud general de indiferencia hacia la situación de los 35 desaparecidos españoles y de otros 600 hijos de españoles (...) Allí [en España] no hay ninguna conciencia. Suecia reclama todavía por una sola desaparecida, hija de un sueco; Francia juzgó en ausencia a Astiz por las monjas francesas desaparecidas, también Italia, pero en España nadie ha hecho nada, salvo Garzón", se quejó.

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