Once años de espera
La justicia ha tardado 11 años en pronunciarse sobre el llamado síndrome Ardystil, causante de la muerte de seis trabajadores de la industria textil de Alicante en 1992 y de graves secuelas en la salud de otro centenar, pero su veredicto ha sido recibido con alivio por las familias de las víctimas y por los afectados. La espera ha sido demasiado larga como para no apreciar un fallo judicial que condena a seis años y seis meses de prisión, respectivamente, a Juana Llácer, la dueña de la fábrica en que fallecieron cinco de las seis víctimas mortales, y a Alfredo Ortolá, el inspector de Trabajo que incumplió sus funciones en una situación de grave riesgo para la salud de los trabajadores. Y endosa a la Generalitat valenciana la responsabilidad civil subsidiaria en el pago de una indemnización de 4,1 millones de euros al conjunto de las víctimas. Es, en cualquier caso, inaceptable que se tarde tanto en determinar las responsablidades penales de los causantes de una tragedia debida a la inhalación de los productos químicos empleados en la aerografía textil sin las más mínimas medidas de seguridad e higiene.
La sentencia no ha podido determinar el agente químico que provocó la aparición de llamado síndrome Ardystil. Pero no era necesario para constatar que la enfermedad aparecida en la industria textil alicantina en 1992 se debía, como la de la colza una década antes, a la combinación de un desmedido afán de lucro con el relajo en sus funciones de control de las autoridades administrativas. La sentencia no lo dice expresamente, pero está implícito en su descripción escalofriante de las condiciones en que los trabajadores hacían sus labores de estampado de las telas-sin mascarillas, sin sistemas de ventilación y con conocimientos nulos sobre los productoss químicos que manejaban- y en su calificacion como de "grosero" del desinterés de la empresaria condenada por no dotar a su industria de las obligadas medidas de seguridad. Y qué decir de la irresponsabilidad de una autoridad laboral que conocía desde 1990 la vulneración de las normas y que no hizo nada para cortar en seco una actividad industrial que ponía en grave riesgo la salud y vida de los trabajadores.
