Bayer rechaza su imputación en 'Ardystil' porque sus productos no eran tóxicos
La defensa del grupo químico Bayer rechazó ayer la imputación como responsable civil subsidiario en el caso Ardystil - muerte de seis operarios y un centenar más de afectados en fábricas de aerografía textil por inhalación de productos químicos- en base a que sus productos "no eran tóxicos ni peligrosos". El fiscal y las cinco acusaciones particulares consideran responsables civiles subsidiarios a la multinacional alemana, junto con otras dos empresas químicas -éstas suministradoras de disolventes- y cinco compañías aseguradoras.
El abogado de Bayer esgrimió el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología para concluir que la causa del síndrome laboral no fueron los productos utilizados, "pensados para estampado y no para aerografía -pintado de telas mediante la pulverización de la pintura con pistolas neumáticas-, sino la manipulación de los mismos en un ámbito carente de medidas de seguridad e higiene", matizó. Esta parte enfatizó que Bayer no suministraba los productos directamente, sino a través de intermediarios y que nunca tuvo entre sus clientes a ninguna de las ocho fábricas donde se descubrió el síndrome. Además, también rechazó, por falta de pruebas, que un empleado de Bayer facilitará la formula de las mezclas a los empresarios.
El letrado de Bayer descartó, igualmente, en base a la actual jurisprudencia, que en un juicio por la vía penal se pueda declarar responsable civil subsidiaria a una entidad jurídica, pese a la ausencia de un imputado físico. "De una acusación penal virtual no puede derivarse una responsabilidad civil subsidiaria", argumentó el abogado.
Por su parte, el letrado de la segunda química imputada, la firma inglesa ICI, asumió los argumentos jurídicos de su colega de la Bayer y, además, insistió en que la acusación no tenía base "porque no se ha podido probar que el disolvente que un intermediario vendía a las aerografías era el fabricado por ICI".
Con anterioridad a estas dos partes, presentó su informe final la defensa del inspector de trabajo, Alfredo Ortolá, para el que las acusaciones particulares piden dos años de cárcel. El abogado solicitó la absolución del funcionario porque "ha sido probado que cuando éste visitó la fábrica Ardystil, en septiembre de 1990, la industria estaba inactiva". La defensa de los dueños de las últimas cuatro fábricas implicadas destacó que esas industrias iniciaron su actividad con "todos los permisos en regla".
