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sábado, 15 de marzo de 2003

La Hacienda vizcaína dice que todavía no conoce el "objetivo" de la investigación

41 de los casi 70 inspectores y subinspectores apoyan a su compañero que hizo la denuncia

ALBERTO URIONA Bilbao 15 MAR 2003

La Hacienda vizcaína afirma desconocer "el origen ni la finalidad" de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción pese a que, durante cuatro días , se ha tomado declaración a más de 30 funcionarios de la inspección. El diputado de Hacienda, Javier Urizarbarrena (PNV) aseguró ayer en las Juntas Generales que las auditorías internas realizadas los últimos ochos años no han detectado ninguna irregularidad "importante". 41 inspectores y subinspectores de Hacienda mostraron su apoyo al compañero que denunció presuntamente las irregularidades investigadas.

Las diligencias informativas iniciadas el lunes por la Fiscalía Anticorrupción en la Hacienda foral se han centrado en la toma de declaración de funcionarios, que concluyó el jueves. De la plantilla de más de 70 inspectores y subinspectores, se ha interrogado a una treintena, aunque fuentes de la Diputación afirmaron desconocer si la fiscal Teresa Gálvez y sus peritos proseguirán sus indagaciones en Bilbao la semana próxima.

El titular de Hacienda, Javier Urizarbarrena, no aportó ningún dato nuevo en su comparecencia urgente ante las Juntas Generales, la primera pública desde que se destapó el caso. "Desconocemos el origen y el objetivo último", afirmó antes de calificar de "conjeturas" los detalles que se han publicado sobre la investigación. Esta falta de información la calificó, sin embargo, de "lógica". Al tratarse de unas diligencias, "lo normal es que se vaya a investigar, sin que se puedan introducir elementos que corrijan los hechos que puedan evidenciar algo", indicó.

El diputado foral afirmó desconocer el origen de la investigación, que, según dijo, sólo ha podido partir de una denuncia o de la detección de irregularidades en algún expediente. "No lo sabemos, porque no nos lo han comunicado". Fuentes forales han comentado que fue uno de los inspectores quien denunció a otros dos compañeros, por una supuesta protección a empresas radicadas en Vizcaya. El presunto trato a favor se habría concentrado especialmente en grandes empresas, lo que explica que la investigación de la Fiscalía se haya centrado en los inspectores, que son los que se encargan de las compañías con mayor volumen de negocio.

El funcionario denunciante, según los mismos medios, tuvo a su cargo la inspección de Petronor, uno de los principales contribuyentes a la Hacienda vizcaína, y su celo excesivo motivó la queja de los directivos de de la empresa ante la Diputación.

Ayer mismo, la mayoría del colectivo de inspectores y subinspectores de la Hacienda, un total de 41 entre los más de 70 de plantilla mostró su apoyo al compañero a quien se atribuye a la denuncia. Aunque aseguran que "no consta que exista base" para atribuírsela, señalan que si, "así fuera, ello no justifica el descrédito personal y profesional al que está siendo sometido".

Los firmantes señalan en el comunicado que el inspector "merece nuestra más alta estima y consideración tanto personal como profesional" y rechazan que se pueda cuestionar la "profesionalidad y ética" del colectivo. y añaden que, si hubiera "irregularidades con relevancia penal", ellos serían los "primeros interesados" en que "sean depuradas".

En su comparecencia, el diputado de Hacienda dijo que la Fiscalía "nos ha agradecido" la colaboración prestada en la investigación. Pero reconoció que éste coloca en una "situación complicada" a su departamento, por los efectos que provoca en su seno y por la sombra de sospecha que se proyecta al exterior. En este sentido, Urizarbarrena expresó todo su apoyo "al personal" de la inspección, que se encontraría muy afectado, y, a la vez ,"la total disposición" a colaborar con los encargados de la investigación. Asimismo pidió a los ciudadanos que sigan "manteniendo la confianza en los trabajadores de Hacienda" resaltó que esta institución es "importantísima para nuestro autogobierno".

Los partidos de la oposición en las Juntas mostraron en general su confianza en los funcionarios de Hacienda e incluso, en el caso del PSE, con la dirección del departamento, "mientras no se demuestre lo contrario". Sólo el portavoz de la suspendida Batasuna, Endika Garai, expresó su opinión personal de que las presuntas irregularidades en la Hacienda foral no "son nuevas".

El representante del PNV, Ignacio Etxebarria, recordó que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción "no tiene precedentes en ninguna Hacienda foral" desde que existe el Concierto Económico y se mostró convencido de que la investigación "no va a poder demostrar corrupción" ni ninguna otra situación ilegal. Anunció que, en ese caso, se acometerán actuaciones "de reparación" del daño de imagen causado.

El doble de inspectores

Urizarbarrena destacó que desde 1995, cuando entró el actual equipo de Hacienda, se ha duplicado el número de inspectores y subinspectores -en 1998 se incorporaron 15 inspectores y 22 subinspectores- y "se reestructuró el servicio en dos áreas". Aseveró que las auditorías internas de los últimos ocho años "nunca han puesto de manifiesto irregularidades importantes" y sólo ha habido "irregularidades procedimentales que se han corregido rápidamente".

El pasado año se denunciaron a la Justicia doce presuntos delitos fiscales, que se unieron a los seis anunciados en 1999, lo que entonces le convirtió a la vizcaína en la primera Hacienda vasca que dio a conocer que había recurrido a la vía penal en la lucha contra el fraude fiscal.

La última polémica sobre cuestiones fiscales la ha tenido con el Tribunal Vasco de Cuentas, que en sus informes de los ejercicios desde 1994 a 1998, consideraba que hubo trato de favor para el pago de deudas fiscales en una treintena de expedientes por valor de más de 160 millones de euros. El tribunal sostenía que el aplazamiento o el fraccionamiento de las deudas incumplía la Ley General Tributaria, mientras que la Diputación alegaba que dicha normativa no era aplicable, ya que una sentencia que faculta al diputado de Hacienda a dar condiciones especiales para determinadas deudas.

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