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Entrevista:PATRICK DE CAMBOURG | PRESIDENTE DE MAZARS

"La auditoría ya ha empezado a encarecerse"

El directivo asegura que las nuevas normas empujan al alza los precios de este servicio

Amaya Iríbar

Patrick de Cambourg, de 53 años, ha vivido la crisis de credibilidad que viven las auditoras desde la presidencia de Mazars, una firma mediana -5.000 empleados y alrededor de 500 millones de euros de facturación- y de origen europeo. De Cambourg confía en que a medio plazo el mercado se abra a la competencia y advierte que una de las primeras consecuencias es una subida de precios que ya "está empezando".

Pregunta. El último año ha sido complicado para las firmas de auditoría, ¿cómo lo ha vivido una firma mediana como Mazars?

Respuesta. Somos una firma mediana de cultura europea, empezamos en Francia hace unos 30 años y hemos abierto oficinas en otros países rápidamente. Nos hemos desarrollado con la ambición de convertirnos en un grupo independiente de las grandes firmas de origen anglosajón y siempre hemos pensado que el mercado europeo no podía ser controlado por ocho grandes firmas que luego fueron seis, cinco y ahora se han quedado en cuatro. La credibilidad de las firmas de auditoría ha disminuido. Desde hace casi una década se habla del expectation gap [la diferencia que hay entre lo que en realidad hacen los auditores y lo que la opinión pública cree que hacen], pero ha sido el último año cuando hemos conocido una crisis de credibilidad verdadera, brutal e importante.

"Los auditores debemos aceptar cierta responsabilidad. Las medidas tomadas son necesarias para devolver la confianza"
"La auditoría que se vendía a un precio atractivo para dar otros servicios de consultoría tiene que desaparecer"

P. ¿Ha afectado esta crisis de igual forma a las firmas medianas?

R. Ha afectado a la profesión en general y a la imagen que de ésta tienen la opinión pública y los políticos. Hay que entender que se trata de un verdadero problema para las empresas, para el mercado en general, porque el nivel de confianza en las cuentas de las compañías era alto y estaba justificado porque existía un control independiente. Ese control ha tenido fallos y esos fallos han provocado desconfianza. El otro hecho importante que me gustaría subrayar es que los políticos han decidido que la autorregulación, el autocontrol de la profesión, no era suficiente. Se ve en todo el mundo una tendencia a legislar de forma más estricta, aunque con diferencias entre países: la ley Sabarnes-Oxley en Estados Unidos, la recomendación de la Unión Europea, la ley financiera en España, el proyecto de ley en Francia...

P. ¿Por qué creen que son insuficientes cuatro grandes firmas?

R. Es demasiado poco. Me pongo en la posición de un directivo que necesita un auditor. Lo lógico sería que no quisiera que le auditara la misma firma que a su competidor.

P. En España parece que eso no importa porque Andersen, hoy en vías de fusión con Deloitte & Touche, sigue auditando a la mayoría de las empresas del Ibex y domina sectores enteros, como la banca.

R. La situación en España es bastante peculiar porque cuando se desarrolló la auditoría, Andersen era muy fuerte, y el mercado sólo se reequilibró cuando Price y Coopers se fusionaron. Lo que creo, y mi opinión no es radical, es que cuando se produce un movimiento como éste, hay efectos que necesitan tiempo. Al final, cuando una empresa tiene que cambiar de auditor hay factores importantes, como el equipo y la calidad del servicio.

P. ¿Los cambios legales han tenido ya un impacto en el mercado?

R. Lo tendrán a medio plazo. Hemos visto sólo una pequeña parte, como la desaparición de Andersen, que se ha fragmentado entre sus competidores.

P. Pero sus clientes no se han movido, al menos en España. ¿Han perdido las firmas medianas una oportunidad?

R. La primera reacción de los clientes es preguntarse cómo van a auditar sus cuentas este año y para eso quieren una solución inmediata. Creo que cuando vayan venciendo los contratos, se extienda la influencia de los comités de auditoría [obligatorios en España para las sociedades cotizadas] y se generalicen los concursos, el efecto de la desaparición se verá al completo. Los comités de auditoría tienen la responsabilidad de decidir quién auditará sus cuentas y controlar a ese auditor y no puedo creer que los clientes vayan a dar ese paso sin pensar. Muchos considerarán que quieren seguir con Andersen, pero otros elegirán otra organización.

P. ¿Cómo puede una auditora mediana competir con gigantes como Deloitte o PricewaterhouseCoopers?

R. En algunos países, como Francia, ya lo hacemos.

P. ¿Cuántas firmas audita Mazars del CAC 40 [el índice equivalente al Ibex 35 en Francia]?

R. Diez. Auditamos a más de 100 compañías cotizadas en Bolsa, de las cuales 10 son del CAC 40. La razón es doble: primero, por nuestras características, porque somos una firma mediana, de raíz europea pero con capacidad de actuar en todo el mundo, con una cultura profesional y multidisciplinar y un control estricto de las incompatibilidades. La segunda razón es de carácter legal: la obligación para ciertas empresas de someterse a una coauditoría. Cuando la COB [la comisión del mercado de valores francés] creó en 1993 un grupo de expertos para reflexionar sobre la independencia del auditor, identificamos la coauditoría como un factor que ayuda a garantizar la independencia del auditor. Las dos organizaciones que auditan a la empresa tienen su propia opinión y es mucho más difícil que un socio de una firma decida si las cuentas están bien o no. Es muy divertido ver que hasta hace un año o año y medio las grandes organizaciones consideraban que la coauditoría iba a desaparecer. Hoy en día se dice exactamente lo contrario y las grandes firmas en Francia apoyan el sistema.

P. ¿Mazars ofrece este servicio en España?

R. Claro. Tenemos algún caso, pero no es la regla.

P. ¿No hay peligro de que las firmas se pongan de acuerdo?

R. No es posible. La selección del auditor está cada vez más en manos del comité de auditoría. Yo diría que como mínimo la coauditoría obtiene hoy el estatuto de sistema perfectamente válido y con ciertas ventajas desde el punto de vista técnico y de la independencia.

P. ¿Cree que las leyes que se han aprobado se han preocupado más en poner barreras a los auditores que en controlar su actividad?

R. Yo diría que el esfuerzo es en ambas direcciones. Ésa es la paradoja de la situación, que a los auditores se les ha hecho responsables en gran parte de una crisis en la que han participado muchos agentes diferentes: los directivos de las empresas, los analistas financieros, bancos, etcétera. Es una responsabilidad compartida.

P. ¿En su opinión se les ha castigado demasiado?

R. Tenemos una responsabilidad clara con respecto al mercado, así que debemos aceptar cierta responsabilidad. Las medidas que se han tomado son necesarias para devolver la confianza. Hay que empezar por limpiar la propia casa.

P. ¿Se van a encarecer los servicios de auditoría por esta situación?

R. Sí, pero es un movimiento que todavía está empezando y veremos sus efectos a medio plazo.

P. ¿Cuánto?

R. Vamos a vivir una fase de mutación importante de la profesión. La relación con las empresas va a cambiar. Tenemos que reforzar el nivel de control de calidad en nuestras organizaciones y eso tiene un coste; Sabarnes-Oxley tiene costes directos e indirectos; la actitud anterior donde la auditoría se vendía a un precio atractivo y después se daba servicios de consultoría si ha existido, y lo digo con ironía, no puede existir en el futuro. La auditoría tiene que venderse por sí misma, con todos los gastos vinculados a la seguridad que tiene que tener. El tercer punto es que en muchos países, como Estados Unidos o Francia, la nueva regulación enfatiza el control interno, y los auditores van a tener que dar una opinión específica sobre este tema. Esto exige más tiempo, más trabajo, profesionales con más experiencia y todo eso encarece el servicio. Además, las empresas van a tener que hacer público lo que pagan a sus auditores.

P. ¿Esto da por terminada la guerra de precios para conseguir nuevos clientes?

R. Nuestra posición es que un servicio profesional tiene cierto precio y que no es sano, tanto para los profesionales como para las empresas, salir de algo que corresponde al sentido común. Es una disciplina que necesita ponderación y seriedad.

Un defensor de la co-auditoría

Patrick de Cambourg es un fiel defensor de la co-auditoría, un sistema obligatorio en Francia para determinadas empresas, por el cual dos auditoras diferentes participan en la revisión de las cuentas. Este procedimiento es obligatorio para las empresas cotizadas y para la elaboración de cuentas consolidadas, explica el presidente de Mazars. Es decir, cuando existe cierto grado de complejidad.

"El informe lo emiten dos organizaciones, que comparten responsabilidad. Ambas van a discutir entre ellas y con la empresa todos los aspectos relativos a la auditoría", explica de Cambourg. Pero se dividen el trabajo de campo, de tal forma que no supone una duplicación de todo el trabajo de revisión de los estados financieros.

Es decir, que las dos auditoras seleccionadas sólo abordan de forma conjunta temas como la opinión sobre los principios contables, la relación con el consejo de administración y la dirección de la empresa, los puntos de riesgo o los problemas de control interno, enumera el directivo francés en un perfecto castellano. El presidente de Mazars estima que este método supone un 10% de tiempo de trabajo añadido con respecto a una auditoría normal. "A cambio el control es altísimo", asegura.

Lo que no es capaz de estimar es el sobrecoste que ese esfuerzo extra supone para la empresa cliente: la auditoría es "un poco" más cara.

Hay una razón añadida para que una firma de tamaño medio como Mazars se muestre favorable a la co-auditoría: "Es una oportunidad de abrir el mercado".

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Sobre la firma

Amaya Iríbar
Redactora jefa de Fin de Semana desde 2017. Antes estuvo al frente de la sección de Deportes y fue redactora de Sociedad y de Negocios. Está especializada en gimnasia y ha cubierto para EL PAÍS dos Juegos Olímpicos y varios europeos y mundiales de atletismo. Es licenciada en Ciencias Políticas y tiene el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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