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Tribuna:

Los dos mitos del siglo XX

En 1934, el ideólogo nazi Alfred Rosenberg publica El mito del siglo XX. En obra tan tediosa que hoy resulta ilegible se presenta una visión positiva del mito, en cuanto capaz de movilizar a las masas. En un contexto en el que se subraya la fascinación de lo irracional, el mito engendra entusiasmo e incita a la acción; en el fondo yace el Sorel de Las reflexiones sobre la violencia. El mito que ensalza Rosenberg es el de la superioridad de "la raza aria". El racismo fue el gran mito de la primera mitad del siglo XX que, paradójicamente, los crímenes nazis lograron erradicar. Ello no quita que, al permanecer las causas que lo originaron -el colonialismo pervive en nuevas formas-, tienda a rebrotar, ahora como xenofobia.

Hablo de los mitos del siglo XX sin engarzar con la tradición soreliana. Al contrario, desde el plano racional que pretende estar conforme con el saber científico, mi valoración es claramente negativa, pero ello no es óbice para no reconocer su eficacia; de algún modo responden a una necesidad humana o a intereses grupales muy específicos. Los mitos podrán ser falsos, pero cumplen funciones sociales importantes, por lo que no cabe eliminarlos sin más. Probablemente, una sociedad sin mitos no podría existir; de ahí que, según decaen unos, sean sustituidos por otros, de modo que van cambiando con los tiempos. Tal vez la mejor forma de describir a una época sea enunciar los mitos en los que ha creído.

Dos son los mitos que han dominado la segunda mitad del siglo XX: el mito de la igualdad y el mito del mercado que se regula a sí mismo. La aparición del Estado moderno puso en marcha un proceso de igualación social. Entendido como potestad suprema o soberanía, representa un poder absoluto, ab-solutum, es decir, disuelto, separado de cualquier otro poder que pueda cercenarlo. Concentrado todo el poder en el Estado, individuos e instituciones sociales quedan así igualados por la misma carencia de poder. Con lo que resulta factible distinguir entre Estado, que reúne todo el poder, y sociedad, formada por el conjunto de individuos despojados por igual del poder, distinción que no cabía hacer en el mundo antiguo ni en el medieval.

El Estado, único poder sobreviviente, regula -derecho- las relaciones de los individuos entre sí y las de éstos con el poder-Estado.

En la filosofía política moderna la línea divisoria se establece entre Hobbes, para el que el Estado es la fuente única de derecho, y Locke, para el que existen derechos fundamentales (como el de propiedad, el de formar una familia o el de manifestar las propias creencias), anteriores a la aparición del Estado y que éste no puede suprimir sin abolir la libertad. La polémica, que dura ya tres siglos, es si todo derecho tiene su fundamento en el Estado, primando el principio de igualdad, o existen derechos previos a la constitución del Estado, que implican ya diferencias inmodificables (así, la que existe entre los propietarios y los que nada poseen) que configuraría el ámbito irrenunciable de la libertad.

Hubo que retrotraerse a los orígenes para poner de manifiesto el estatismo inherente al igualitarismo -sólo la concentración de todo poder en el Estado hace posible la igualdad de todos los ciudadanos-, así como el antiestatismo que conlleva la primacía de la libertad: cuanto menos Estado, más libertad. Ergo la supresión del Estado sería la condición necesaria para que se desplegara la libertad de cada uno, como concluye el único liberalismo coherente, el anarquismo.

El siglo XX ha vivido el terror totalitario que puso en marcha el intento serio de realizar la igualdad social y económica de todos los ciudadanos. Se comprende que ante esta experiencia retroceda la aspiración a una sociedad de iguales. Aprendida la lección, la socialdemocracia abandona el ideal decimonónico de una democracia social y económica y se repliega a principio tan elástico, y de tan difícil concreción, como es la "igualdad de oportunidades". El mito de la igualdad está declinando, con lo que se abre de nuevo la posibilidad de una reflexión ponderada sobre el imperativo, pero también los riesgos de la igualdad social.

Y es que cualquier reflexión sobre la justicia, como la que en nuestro tiempo ha llevado a cabo John Rawls, supone diferenciar, como ya hizo Rousseau, entre la desigualdad natural que subraya las diferencias obvias en capacidades y habilidades, positivas para el desarrollo de las sociedades, y la desigualdad social, que poco tiene que ver con la anterior, aunque se acuda a ella para legitimarla. Desigualdades estas últimas que no cabe imputar al individuo y que en una sociedad en la que se aspire a que cada cual sea responsable de su destino es preciso corregir. Ahora bien, la injusticia básica que sufre el individuo proviene de los distintos orígenes familiares, en los que mucho más que el nivel cultural, social y económico de los padres, que cuenta mucho, importa la herencia genética y sobre todo la dedicación amorosa que hayan tenido con sus hijos. No es suerte pequeña haber nacido en una familia sencilla que nos haya inculcado los valores de solidaridad, trabajo y disciplina, en un ambiente de libertad y reconocimiento amoroso.

Reemplazando en cierto modo al de la igualdad, en las últimas décadas se ha desplegado triunfante el mito del mercado que se regula a sí mismo, que también empieza a decaer. Si el mito de la igualdad da por supuesto que una sociedad en la que todos fuéramos iguales constituiría el mejor y más justo de los mundos, el mito del mercado que se regula a sí mismo afirma que si se dejara actuar libremente al mercado -laissez-faire- sin intervenciones del exterior, el resultado sería el máximo beneficio para todos. Milton Friedmann lo ha expresado con la mayor claridad y contundencia. "Cuando el mercado falla, la culpa es siempre de la política". Cuando el mercado no produce los beneficios que se le atribuyen, y no suele producirlos, es que la injerencia del Estado ha impedido que se regule a sí mismo.

Lo cierto es que dejar que los mercados se regulen a sí mismos, lejos de ser la panacea universal, trae costos tan altos para el conjunto de la sociedad que en muy pocos campos, si es que en alguno, se deja actuar libremente a los mercados. El mercado de trabajo se reguló a sí mismo unos pocos años en la Inglaterra de mitad del siglo XIX, con consecuencias tan catastróficas para la clase obrera y, al final, para la sociedad toda, que muy pronto el Estado tuvo que em-

pezar a regularlo (prohibición del trabajo infantil, limitación de la jornada laboral) y los obreros a organizarse en sindicatos. Todo el derecho laboral es una regulación minuciosa del mercado de trabajo.

Y tal vez no sea el mercado más regulado. El dinero, además de un instrumento de cambio, tiene un precio que tampoco se deja que sin más lo fije el mercado. Hasta Estados Unidos, el país que más tiempo ha permitido actuar al mercado, en 1913 terminó por establecer la Reserva Federal, un banco central que marca las líneas maestras de la política monetaria. Incluso el mercado que hasta ahora estaba menos intervenido, el de la Bolsa de valores, en este último tiempo se ha puesto de relieve, sobre todo en Estados Unidos, la necesidad de una mayor regulación. Nada más intervenido que el mercado inmobiliario. El Estado decide dónde se puede construir y dónde no -suelo rústico y urbano- y hasta dicta hasta el último detalle de cómo se debe construir. Es estremecedor el caos que se organizaría si se dejara que el mercado actuase a su aire. Y no han faltado voces que lo propugnan.

El mercado funciona allí donde está regulado. Los que reconocen las virtudes del mercado -que son muchas, y algunas irrenunciables- insisten en su regulación. Un ministro alemán de Hacienda, socialdemócrata por más señas, me decía que su papel principal consistía en defender el mercado, a cuya eliminación propenden casi naturalmente los agentes económicos. El mercado sólo logra perdurar allí donde está regulado; un mercado que se regulase a sí mismo terminaría por suprimirse. Dicho esto, conviene recalcar que regular el mercado es una operación tan imprescindible como compleja, difícil y llena de riesgos, en la que hay que afinar mucho.

El desarrollo del mercado ha coincidido con el del Estado. Hasta ahora esta función reguladora, mal que bien, la han realizado los Estados. Pero al internacionalizarse los mercados -globalización- la cuestión que a comienzos del nuevo siglo nos acucia es cómo regular estos mercados globalizados. A corto plazo no se ve solución, máxime cuando están declinando las organizaciones internacionales que podrían llevar a cabo esta tarea. La marea negra que asuela Galicia tiene su última causa tanto en la falta de regulación internacional como en una ideología no intervencionista que durante semanas ha paralizado al Gobierno y también, no hay que dejar de decirlo, a la oposición.

Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociología.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de enero de 2003