La UE involucra a políticos y funcionarios españoles en gastos sin justificar por 3,6 millones
La oficina antifraude halla anomalías en el Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas
La Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF) ha concluido una investigación sobre graves anomalías e irregularidades contables en el Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), creado en 1985 por iniciativa germano-española y financiado con fondos comunitarios, con sede en Madrid hasta su desaparición por falta de fondos en 2001. La OLAF concluye que no han sido justificados entre 3,4 y 3,6 millones de euros entregados por Bruselas. El informe se refiere a las supuestas responsabilidades de eurodiputados y funcionarios españoles, entre otros, pero especialmente a las de su director y fundador, el alemán Wolf Grabendorff.
El documento ha sido remitido a la Comisión y al Parlamento Europeo, así como a las fiscalías de Bélgica y España por si procede la apertura de una causa, aunque apunta la posibilidad de que las presuntas infracciones, cometidas entre 1994 y1998, ya han prescrito. Grabendorff abandonó el cargo en julio de 2000 y hoy es director de la Fundación Friedrich-Ebert en Colombia, un centro de estudios financiado por la socialdemocracia alemana.
La Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea destaca las responsabilidades en las que pudieron incurrir los integrantes del Comité Ejecutivo del Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas, que en 1993 aprobó un plan de saneamiento por los problemas financieros que sufría.
Del comité han formado parte parlamentarios europeos, entre ellos los españoles Gerardo Galeote (PP), José Ignacio Salafranca (PP), Fernando Suárez (PP), Manuel Medina (PSOE), Ana Miranda (PSOE) y Bárbara Dührkop (PSOE).
Igualmente han figurado en el comité los ex altos funcionarios de la Comisión Juan Prat, hoy embajador de España en la OTAN, y el ahora diputado portugués Miguel Anacoreta, antiguo director de América Latina, así como Manel Camós, funcionario de la Comisión.
"Márgenes de beneficio"
La principal acusación vertida por el OLAF consiste en que el IRELA, a través de Grabendorff, justificó gastos millonarios con facturas correspondientes a otros presuntos fines no demostrados.
"El IRELA presentó a la Comisión justificantes inexactos de gastos" con el fin de "obtener márgenes de beneficio" dentro de un plan de saneamiento destinado a eliminar una deuda que había en 1993 y "conseguir un fondo de reserva de un millón de euros", señala el informe, que precisa igualmente "la pasividad y ausencia de controles serios por parte de los funcionarios de control financiero" de la Comisión.
La OLAF también investigó el sueldo de Grabendorff, sus gastos de representación, la compra de un coche oficial o fondos para vivienda. El Instituto para las Relaciones Europeo-Latinoamericanas pagaba el 60% del alquiler de su casa sin que estuviera contemplado en el contrato, según una auditoría encargada por la Comisión y difundida hace dos años.
"No tengo ninguna responsabilidad, porque todas las decisiones fueron aprobadas por el comité ejecutivo, incluido el balance de cuentas", declaró ayer desde Bogotá por teléfono el antiguo presidente del IRELA.
También han sido objeto de atención de la Oficina de Lucha contra el Fraude las supuestas responsabilidades de la ex presidenta Guadalupe Ruiz-Jiménez, y el que fue hasta el cierre presidente, el eurodiputado socialista alemán Rolf Linkohr.
Éste ha declarado que el comité ejecutivo al que perteneció no tuvo relación con la gestión financiera del instituto. "Lo que ocurrió se debió al retraso en la recepción de las subvenciones y a un cambio de la cultura financiera en la UE".
La OLAF solicita que la Comisión recupere el dinero que falta y sugiere que se abran expedientes disciplinarios a los funcionarios y ex funcionarios afectados.
La Comisión prevé hacer antes una investigación complementaria. A la vez, la Oficina Antifraude, que ha invertido dos años en la investigación, algo más que lo habitual, ha enviado las conclusiones a las Fiscalías de España y Bélgica.
Reparto de responsabilidades
Personas citadas en el informe han reconocido que fueron interrogadas por técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF). Los consultados han admitido la mala gestión financiera del centro, pero niegan responsabilidad alguna, en contra de lo que afirma Wolf Grabendorff.
Gerardo Galeote, líder del PP en la Eurocámara, quien participó en el IRELA entre 1994 y 1996, asegura que nunca participó en decisiones de gestión, "sino sólo de orientación de programas". "Sí hablamos en ocasiones de los problemas financieros que había, porque la Comisión tardaba en pagar y había desfases". "Yo no he aprobado cuenta o balance de ninguna clase", agregó Galeote, quien insistió en que estaba en ese comité "no por elección, sino por el cargo que ocupaba en el Parlamento".
José Ignacio Salafranca recalca que él entró en el comité a partir de 1996, que "el Parlamento Europeo nunca tuvo una vinculación directa o indirecta en la gestión del instituto" y que no pone "en duda" la honradez de los miembros de la Comisión señalados por la OLAF. El socialista Manuel Medina asegura que no detectó irregularidades durante el tiempo que formó parte del comité (1987-1994). "Las subvenciones eran insuficientes y probablemente le faltaron apoyos gubernamentales", agrega.
Para el embajador Juan Prat, director general para las relaciones Norte-Sur en la Comisión entre 1990 y 1996, "da la impresión de que ha habido voluntad de retrasar la finalización de la investigación y evitar así poder actuar" contra Grabendorff, "que es, en todo caso, el único responsable de las irregularidades que puede haber habido". "Ningún miembro de mi dirección general tenía una función ni hubiera estado en condiciones de supervisar las cuentas del instituto, que eran auditadas anualmente por una firma independiente. Por otra parte, los proyectos que se encargaban al IRELA eran aprobados por el servicio del Control Financiero de la Comisión", agrega.
La OLAF, cuyo director es el alemán F. H. Brüner, se vio obligada a retirar de la investigación a los 16 meses de iniciada a uno de los cuatro encargados, Roger de Greef, por presunto conflicto de intereses al haber sido anteriormente jefe de unidad en el servicio de Control Financiero, según personas que conocen la investigación. Entre sus responsabilidades figuraba la revisión de las finanzas del IRELA.
