No tirar sobre el marino

El primero fue Francisco Rodríguez Castelo, capitán del petrolero español Urquiola naufragado en A Coruña en mayo de 1976. Con este profesional ejemplar, que honró las tradicionales virtudes de los hombres de la mar al permanecer en su buque hasta el último momento, perdiendo la vida por ello, se inauguró en nuestro país la ignominiosa costumbre de tratar a los marinos naufragados de buques petroleros como repugnantes delincuentes. Un juez militar de Marina condenó a este capitán (la muerte del culpable no extinguía por entonces su responsabilidad penal, conforme al Código de Justicia Militar) por múltiples negligencias temerarias. Años después, una luminosa sentencia del Tribunal Supremo declaraba que era plenamente inocente y que toda la responsabilidad por el naufragio recaía en el Estado español.

Hay que continuar la tradición, cargar contra el marino, convertido en perfecto chivo expiatorio

Le siguió Constantinos Stavridis, el capitán del Aegean Sea (Mar Egeo), naufragado en los accesos al puerto de A Coruña en noviembre de 1992. De nuevo la detención, la cárcel, el proceso penal. Que acabó con una mínima condena a una multa de 300.000 pesetas y, sobre todo, con una condena compartida al responsable del servicio de practicaje del puerto coruñés, lo que volvió a hacer responsable al Estado de los daños sufridos por pescadores y mariscadores. Años después, un experto del Tribunal arbitral de Londres declaraba que el puerto de A Coruña era un puerto inseguro en 1992 debido a la deficientísima organización del sistema de seguridad en la entrada de buques.

Y ahora le toca a Apostolos Mangouras, el capitán del Prestige. Es infamado, tratado por los medios como un loco peligroso que parece haber actuado irracionalmente o movido por sucios intereses crematísticos. Después de tres días de pelear a bordo contra el naufragio de su buque, este hombre de 68 años es detenido al llegar a tierra y confinado en un calabozo durante dos días.

Después se le envía a prisión con una fianza de tres millones de euros, una fianza tan desorbitada que ni Mario Conde ni narcotraficante alguno la han sufrido. Pero es que hay que continuar la tradición, hay que cargar contra el marino, convertido en el perfecto chivo expiatorio de los problemas de un transporte marítimo deficiente.

Al Prestige se le inventa un historial de detenciones previas por motivos de seguridad, y los medios tragan la fábula y describen el buque como un desecho flotante, a pesar de que basta acceder a la página web de la Unión Europea para comprobar que no ha sido detenido nunca por motivos de seguridad en los puertos de la UE y EE UU. Se monta una delirante película con Gibraltar, por motivos estrictamente políticos, y el destino del buque parece convertirse en la clave de un arcano misterio. Todo parece depender de si se dirigía o no a Gibraltar. ¡Cuánta estupidez!

La verdad irá saliendo a la luz, de eso no cabe duda. Pero para entonces no interesará a nadie, no será noticia. Entonces se demostrará que el buque no era ni mejor ni peor que otros muchos que recalan en nuestros puertos y abastecen nuestras refinerías. Que el capitán pudo equivocarse en algunas decisiones, pero que actuó en todo momento con el espíritu de salvar su buque y evitar el naufragio. Que no es un criminal como se pretende hacer ver. Pero ya será tarde para reparar el trato inhumano y degradante que se le está dispensando.

Trato que, dicho sea de paso, infringe lo dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (ratificado por España en 1997), y cuyo artículo 230 prohíbe taxativa y terminantemente a los Estados costeros imponer penas que no sean las de simple multa pecuniaria a los marinos extranjeros implicados en derrames accidentales de crudo en el mar territorial y la zona económica exclusiva. No se puede mandar a prisión a un marino extranjero por estos hechos, así de claro es el Derecho Internacional en la materia. ¿Qué hace entonces Apostolos Mangouras en la cárcel provincial de A Coruña?

Hay que luchar contra las banderas de conveniencia, auténtico cáncer del transporte marítimo. Un cáncer que fue creado, consentido y fomentado, todo hay que decirlo, por los Estados desarrollados europeos. Creo ser una de las personas que más años lleva trabajando y escribiendo en España contra esas banderas, denunciando los abusos laborales que provocan y la inseguridad marítima que generan. Ello me da legitimidad para afirmar que esa lucha no puede ni debe centrarse en el marino que navega en esos buques, en el capitán del Prestige en este caso. Son otros los foros donde puede demostrar la Administración española, si de verdad lo desea así (lo que dudo fundadamente), su voluntad contraria a las banderas de conveniencia.

Criminalizar los casos de contaminación es un error fatal, que lleva a los verdaderos perjudicados a sufrir un calvario en el cobro de las indemnizaciones. Lo demostró el caso del Mar Egeo, y también el de la balsa de Boliden en Aznalcóllar. La criminalización hace que las compensaciones económicas pasen a depender de un proceso penal complicado, dilatado e incierto en su resultado condenatorio.

Los convenios en la materia (el CLC 92 y el Fund Convention 92) que prevén una responsabilidad objetiva y automática por los daños, y un sistema de compensaciones de amplio contenido (más de 100 millones de euros en este caso) quedan trabados e inoperativos al iniciarse un proceso penal que es preferente. Quienes sufren, al final, son las víctimas.

¿Tan difícil es tratar de introducir un mínimo de racionalidad en el tratamiento de estos casos?. ¿No podemos evitar caer una vez tras otra en la trampa demagógica y populachera de tirar contra el marino?

José María Ruiz Soroa, abogado y profesor titular de Derecho Marítimo, fue defensor de los capitanes del Urquiola y del Mar Egeo y defiende ahora al capitán del Prestige.