_
_
_
_
_
OPINIÓN | APUNTES
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Una beca no es un contrato

Los investigadores becados por los diferentes ministerios y gobiernos autónomos para el desarrollo de sus proyectos (léase, en la mayoría de los casos, tesis doctorales) hemos tenido que oír penosas declaraciones en las últimas semanas: "Una beca no es un contrato"; "Cuando se habla de becarios no se puede hablar de derechos laborales"; "El becario no es un trabajador por cuenta ajena, sino una persona que recibe una ayuda por realizar una tarea formativa".

En efecto, el objetivo de las becas es ayudar a la formación del becario y éstas suelen concederse a personas con alto nivel académico que se embarcan en proyectos de investigación subvencionados. Resulta evidente que el becario no es un trabajador por cuenta ajena desde el momento en que carece de contrato laboral. Así pues, gracias señores/as políticos por aclararnos los conceptos.

Sin embargo, la ex ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, reconoció abiertamente meses atrás la productividad de los investigadores becados. Seguramente, porque en el informe que enviamos desde la Federación Jóvenes Investigadores-Precarios se señalaba que casi el 50% de los trabajos científicos publicados en España están firmados en primer lugar por un becario. Como premio a la alta cualificación y productividad de los becarios, éstos disfrutan de uno de los puestos laborales más precarios que existen en nuestra sociedad, sin contrato laboral, con sueldos miserablemente bajos, sin cotización a la seguridad social, sin derecho a subsidio de desempleo, a bajas por maternidad, etc.

Resulta curioso que las profesiones más valoradas y respetadas, según una reciente encuesta, sean las de científico y médico. Resulta curioso también, que la mayoría de personas (becarios de investigación españoles) de una de las profesiones más valoradas no sean trabajadores puesto que carecen de contrato laboral y por tanto, tampoco se les puede llamar con todo derecho "profesionales". Como profesión, la de investigador es totalmente desalentadora, pues conlleva serias dificultades para llegar a fin de mes y la falta de perspectivas para planificar un futuro personal estable. Es más, la precariedad es tal, que incluso en algunas convocatorias de becas, en el caso de enfermedad grave o maternidad, se anula el puesto de investigador becado y sólo tras una evaluación posterior de la situación, se considera la reincorporación al puesto de ¿trabajo? Además, hay que añadir que una vez concluida tu "formación", sólo fuera de España es posible que te contraten como investigador. No nos gusta el eufemismo de que en España hay "fuga de cerebros", llamémoslo por su nombre, hay emigración de científicos. Así pues, no es de extrañar que la de científico sea una profesión respetada pues conlleva un elevado grado de aventura y riesgo.

El Gobierno español no ha desarrollado un sistema científico que permita absorber a los profesionales que forma porque no invierte lo suficiente en investigación, en particular en las Universidades, que son las principales "formadoras" de investigadores. La conferencia sobre investigación científica celebrada hace pocos días en Bruselas y titulada "La investigación europea en 2002" discutió los últimos indicadores de ciencia y tecnología de la Unión Europea. En el informe, titulado Ciencia, Tecnología e Innovación - Figuras Clave 2002 se recalca que la UE forma más doctores que EEUU o Japón, pero tiene proporcionalmente muchos menos investigadores que estos países. Para mejorar esta situación el comisario europeo de Investigación, Phillippe Busquin, reclamó un esfuerzo inversor para conseguir alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D). Actualmente en Europa se invierte una media del 1.9% del PIB, pero España sólo invierte un 0.9% de su PIB en I +D (incluyendo la "investigación militar" que encubre la fabricación de determinada maquinaria bélica).

El compromiso del Gobierno español debe estar orientado a ofrecer una carrera investigadora que, aún siendo motivada por una gran vocación, ofrezca unas mínimas garantías sociales y materiales. Los investigadores españoles somos "trabajadores" porque vamos a trabajar a nuestros laboratorios donde producimos ciencia: publicaciones, patentes, asistencia a congresos, etc., y por eso queremos ser trabajadores con contrato laboral, con los mismos derechos que cualquier trabajador en este país.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Ana Belén Ruescas es presidenta de la asociación Joves Investigadors-Precaris.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_