Un congreso repasa en Barcelona la memoria de los campos de concentración durante el franquismo

Será difícil establecer con exactitud cuántos muertos causó la represión franquista en España. Sin embargo, la paulatina apertura de algunos archivos, sobre todo militares, ha permitido que el trabajo de los historiadores haya avanzado en los últimos años en acotar esta cifra: entre 1936 y 1943 hubo cerca de 150.000 víctimas mortales en actos de represalia, campos de concentración y trabajo, y cárceles. El congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo pondrá en común desde hoy investigaciones al respecto.

'La represión franquista tenía como objetivo atemorizar a la población española que no comulgaba con el régimen', afirma Carme Molinero, directora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID), la entidad de la Universidad Autónoma de Barcelona que organiza el congreso junto con el Museo de Historia de Cataluña, donde se celebra. Los datos de la represión que aflorarán durante el congreso, pionero en España en tratar específicamente los campos de concentración y el sistema penitenciario durante la guerra civil y el franquismo, son escalofriantes. Según el historiador Javier Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en España funcionaron 104 campos. Molinero recuerda que entre 1936 y 1939 pasaron por ellos entre 370.000 y 400.000 personas, 'muchas de las cuales murieron por las malas condiciones higiénicas y alimentarias'. Y un libro coordinado por el historiador Julián Casanova cifraba hace poco en 50.000 el número de rojos asesinados entre 1939 y 1946.

Los campos cumplían la doble función de 'depuración' y de 'clasificar a los detenidos', señala Molinero. En ellos, continúa, 'los presos podían permanecer por un tiempo indeterminado a la espera de que llegaran cargos en su contra o de ser enviados a la mili, a la cárcel, a batallones de trabajo... o, directamente, podían ser fusilados'. El congreso reunirá sobre todo a historiadores, pero también a testigos, cuya aportación ha sido fundamental para los trabajos historiográficos. El sistema de campos funcionó hasta 1942, pero las colonias penitenciarias y los batallones de trabajadores continuaron funcionando hasta la década de 1950. Estos hombres constituían 'una mano de obra prácticamente gratuita', según Molinero, cuyo trabajo beneficiaba 'tanto al Estado como a la empresa privada y la Iglesia'.