Reforma a ciegas

La reforma del sistema de financiación de las haciendas locales, que acaba de proponer el Gobierno, suscita algunas razones para la perplejidad. El proyecto de Hacienda suprime el impuesto de actividades económicas (IAE) a más de dos millones de contribuyentes, con el criterio de beneficiar a personas físicas o empresas que no superen el millón de euros de facturación. Esta decisión -un compromiso electoral de Aznar- equivale a dejar a los ayuntamientos sin ingresos por importe de 847 millones de euros, casi la mitad de los ingresos que obtienen por el IAE. Como contrapartida, se ofrece a los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes participar en los ingresos por IRPF (el 1,6%), IVA (1,78%) e impuestos especiales (2,04%). La reforma incluye la posibilidad de que los municipios puedan modular el tipo de impuesto de bienes inmuebles (IBI) en función del uso de las viviendas; la invención de una tasa que tendrán que pagar las empresas de móviles de casi 1.270 euros por cada 1.000 abonados y la extensión de una tasa -que ya existía- del 1,5% de la facturación a las empresas que utilizan redes de suministro, que gravará las cuentas de resultados de las empresas eléctricas, de telefonía fija o de gas.

La causa principal de asombro es que mientras está muy bien definido el recorte del IAE y, por lo tanto, la rebaja de los ingresos que produce, las contrapartidas son confusas o arbitrarias. Las operadoras de móviles se han encontrado de repente con que tienen que pagar una nueva exacción sin que se conozcan bien los motivos económicos, industriales o distributivos que justifican la imposición. Lo mismo cabe decir del impuesto sobre las redes; como se crea un agujero de 847 millones de euros, alguien tiene que pagarlo. Poco importan los efectos sobre la competitividad de las empresas, los precios o la calidad del servicio.

Con esta reforma, el Gobierno se ha conducido de nuevo con las dosis de arbitrariedad e indefinición que acostumbra. Como los ayuntamientos no estaban dispuestos a ingresar ni un euro menos y el Ministerio de Hacienda no hizo las cuentas pertinentes, al final será el Presupuesto el que pague la diferencia. A pesar de que en la disposición adicional quinta del anteproyecto se establece expresamente que el Estado no pagaría las consecuencias de la reforma, el Ministerio de Administraciones Públicas ha llegado a un acuerdo para compensar las mermas de recaudación. No es ésta la mejor manera de estimular la autonomía tributaria de los ayuntamientos, y como el procedimiento de sorprender a las empresas con nuevas cargas fiscales, sin consulta previa ni negociación, tampoco parece el método adecuado para garantizarse la colaboración de las grandes sociedades, cabe preguntarse si esta reforma irreflexiva no producirá más daño que beneficio.