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domingo, 22 de septiembre de 2002
Editorial:

Moral privada obligatoria

Algunas de las respuestas del Gobierno a las demandas planteadas por los avances científicos en materia de reproducción asistida y uso de células madre embrionarias para la investigación médica parecían ambiguas. Esa ambigüedad se ha disipado en las últimas semanas, y lo que se aprecia es una clara influencia de la Iglesia católica en su versión más retrógrada.

En la cumbre de Johanesburgo se debatió acerca de las medidas que habría que tomar para que las mujeres de todo el mundo, especialmente las de los países más pobres o aquellos en los que están más sometidas, tengan acceso a la salud sexual y reproductiva. España fue beligerante en la defensa de un texto que condicionaba dicho acceso a 'la conformidad con los valores culturales y religiosos', lo que pone el aborto, el uso de anticonceptivos o las relaciones sexuales libremente aceptadas en manos de los intérpretes de dichos valores, es decir, los clérigos, sean católicos, musulmanes o de otras confesiones. Y se opuso a que los únicos condicionantes fueran los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Al final, la coalición de países más conservadores, entre los que España y la Italia de Berlusconi jugaron un papel activo, impusieron la simple adición de ambas formulaciones. Una solución que parece satisfacer enormemente a nuestras autoridades, pero que es irrelevante porque los problemas surgen, precisamente, cuando hay contradicción entre los derechos humanos y los valores culturales y religiosos.

Más recientemente, el Gobierno español ha encabezado el grupo de países más conservadores de la Unión Europea para prohibir la investigación con células madre embrionarias y sobre clonación terapéutica, junto con el uso para investigación de los embriones sobrantes de los tratamientos de fertilidad asistida, más de 40.000 en España, congelados en un limbo de nitrógeno líquido con el que nadie sabe qué hacer. En este punto, el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que ha sugerido repetidas veces la conveniencia de cambiar el marco legal para adecuarse a los avances en la investigación médica y biológica, y las opiniones de la inmensa mayoría de los científicos. La ministra de Sanidad se permitió el miércoles pasado sugerir que estas opiniones son 'irresponsables' en la medida en que 'ocultan los riesgos'. Es absurdo dar lecciones de responsabilidad a científicos que conocen mejor que la ministra los riesgos que presenta la investigación que proponen, y también las expectativas que abre. Son tan responsables que han elaborado un protocolo detallado de condiciones que deben cumplir este tipo de investigaciones para minimizar los riesgos y optimizar sus ventajas. La ministra, por su parte, no nos dice qué piensa hacer con esos 40.000 embriones cuyo futuro previsible, de seguir por este camino, es la destrucción o el deterioro.

Más recientemente, ante el anuncio del nacimiento de un bebé a partir de un óvulo congelado de su madre, la reacción gubernamental ha sido la de amenazar con sanciones. La Ley de Reproducción Asistida de 1988 excluía el uso de óvulos congelados para la reproducción hasta tanto esta técnica fuera viable. En 1988 no lo era, pero parece que hoy lo es, de forma que cabría esperar una actitud más constructiva, en el sentido de estudiar la urgente modificación de una ley superada por la realidad científica. Si el Gobierno hubiera dedicado a impulsar la investigación la mitad del esfuerzo empleado en satisfacer las obsesiones de los sectores más retrógrados, muchos de los problemas que preocupan a la ministra ya estarían superados.

En resumen: se asiste a un alineamiento claro con el Vaticano y con los países y sectores más conservadores. El efecto es contraponer una moral particular, respetable, pero desde luego no indiscutible, al conjunto de una sociedad plural.

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