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El PSOE dice que la Fiscalía del TSJA busca 'exonerar' a Rodríguez en el 'caso Isla Chica'

El delegado de Urbanismo de Huelva insiste en la legalidad de todas sus actuaciones

El representante del PSOE que ejerce la acusación particular contra el alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, por el caso Isla Chica, José María Mohedano, afirmó ayer en Granada que la actuación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va encaminada 'a buscar la exoneración del alcalde'. Mohedano basó su opinión en la 'escasa intervención que [la Fiscalía] ha tenido en el procedimiento'. Ayer prestó declaración el concejal de Urbanismo, Francisco Moro, quien insistió en la legalidad de las actuaciones en Isla Chica.

El caso se inició en marzo de 2001, cuando un juzgado onubense decidió investigar la venta, por parte del Ayuntamiento de la ciudad, de los terrenos del antiguo Estadio Colombino y sus zonas adyacentes a una empresa, Odeinsa, por valor de 15 millones de euros. Los implicados en el caso defienden que ese dinero se destinó a construir un nuevo estadio y a convertir en Sociedad Anónima Deportiva al Recreativo de Huelva para evitar su desaparición. Las acusaciones particulares, representadas por la conocida como Plataforma por Isla Chica y el PSOE, sostienen, por su lado, que hubo operaciones fraudulentas en la venta. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, está imputado por un presunto delito de prevaricación, otro de malversación de fondos públicos, otro contra la ordenación del territorio y otro de fraude en la contratación pública.

Las declaraciones más duras de una de las acusaciones particulares, la del PSOE, representada por el letrado José María Mohedano, no estuvieron dirigidas contra Rodríguez, ni contra otro de los imputados que prestaban ayer declaración, el delegado de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Francisco Moro, sino contra la Fiscalía del TSJA. Mohedano acusó directamente a la Fiscalía de 'buscar la exoneración de Pedro Rodríguez'.

'En mi opinión', dijo, 'las preguntas del fiscal hoy, y la escasa intervención que ha tenido en el procedimiento van a buscar la exoneración de Pedro Rodríguez'. Mohedano insistió en que 'la escasa intervención' de la Fiscalía se está produciendo desde que el caso pasó al TSJA, es decir, desde que el procedimiento lo lleva el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, a quien sustituye en ocasiones otro fiscal, José Gonzalo Ruiz Román. Contra éste dirigió José María Mohedano sus críticas de ayer 'por las preguntas' que había hecho a Francisco Moro.

La opinión del letrado socialista no fue compartida por el representante de la otra acusación particular, Juan Torres, quien declaró tan sólo: 'No tengo que hacer declaraciones sobre la actuación de la fiscalía'.

Ayer comparecían Francisco Moro, como imputado, y José Arias, como testigo. El primero declaró ante el juez que todas las actuaciones se hicieron dentro de la más estricta legalidad y conforme a los informes técnicos. 'Hicimos caso a los informes jurídicos fielmente', dijo en un receso de su intervención. 'En ningún momento hubo ilegalidad penal ni administrativa'.

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Moro rechazó la existencia de informes municipales que advertían sobre posibles actuaciones fuera de la legalidad en la operación de venta de los terrenos del antiguo Estadio Colombino. 'Nunca los infomes', señaló, fueron frontalmente opuestos. Había opiniones y matizaciones, pero los informes nunca fueron frontalmente opuestos'.

El responsable de Urbanismo afirmó que él se encontraba imputado en el caso 'por una operación política de una plataforma apoyada por el PSOE y por el propio PSOE'.

'Lo que nosotros hicimos', dijo refiriéndose al equipo de gobierno, del PP, fue 'mirando por el interés de la ciudad y para apoyar a un club que ahora está en Primera División. Hoy tenemos un nuevo estadio construido y allí sigue el antiguo estadio, en donde no se han construido ni pisos ni nada'.

El delegado de Urbanismo explicó que su presencia ante el juez que instruye el caso en el alto tribunal andaluz, Miguel Pasquau Liaño, se debe a que él era 'el responsable de llevar todo el proceso'. 'Era lógico que el juez quisiera conocer mi opinión al respecto'. Moro rechazó en todo momento que ni una sola de las actuaciones que se realizaron en la operación de compraventa hubiera rozado tan siquiera la ilegalidad e insistió en que todos los movimientos se hicieron con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos municipales.

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