La violencia, único límite
Hace casi un cuarto de siglo que nuestra democracia se rige por una Constitución de derechos y por la libertad de partidos. Esta libertad ha sido siempre la obsesión de los demócratas -y particularmente de la izquierda- después del sufrimiento de una larguísima dictadura cuya ideología básica era la maldad intrínseca de los partidos políticos. Por eso, no sólo la Constitución, sino también la Ley Electoral, los reglamentos parlamentarios o la financiación de los partidos tienen una filosofía central: fortalecer el pluralismo político.
Durante 25 años, la legislación de partidos no ha establecido más límite real y concreto a éstos que el Código Penal, de modo que si un partido comete delitos puede y debe ser ilegalizado. Nunca se ha aplicado esta sanción, entre otras cosas porque el Derecho penal está pensado para personas físicas, no para organizaciones. Para haber ilegalizado a un partido político habría que haber demostrado su complicidad (la de todo el partido) en delitos concretos, graves, reiterada y continuadamente. Algo extremadamente difícil de probar.
En este tiempo, la actividad terrorista de ETA -acosada por la acción judicial y policial y por la cooperación internacional- ha descendido en magnitud cuantitativa de atentados, pero ha evolucionado hacia una estrategia en la que el terrorismo de baja intensidad, la violencia callejera y la complicidad política de Batasuna han adquirido un fuerte relieve. Batasuna permite a ETA una capacidad de penetración en ámbitos sociales, mediáticos y económicos que ETA por sí misma no podría lograr. No estamos hablando de delitos cometidos por Batasuna, sino de acción política, en sentido amplio, de apoyo directo a ETA, y de acoso a otros partidos, impidiendo el pluralismo de la sociedad vasca.
De otro lado, una hipotética funcionalidad tribunicia de Batasuna no se ha dado, ni hay condiciones para que se dé. Es decir, Batasuna no está produciendo ni liderando una doctrina o cultura política de fin del 'conflicto' parecida a la del Sinn Fein, porque está dominada políticamente por ETA. Por esa razón, una posible solución irlandesa de paz ni está ni se la espera. El fracasado desarrollo de Lizarra lo puso diáfanamente de manifiesto, y eso lo sabe muy bien el nacionalismo democrático vasco: PNV, EA y otros partidos escindidos de Batasuna.
Todo esto, pero no sólo, sirve para entender el origen del proyecto de Ley de Partidos, que regula una vía no penal de ilegalización al convertir en ilícitas las conductas políticas de apoyo al terrorismo o la violencia. Es una vía diferente a la penal, porque no sanciona delitos de un partido (para eso está el Código), sino una conducta política real de apoyo a la violencia y a la estrategia del terror, utilizando la esfera institucional, social o económica.
Lo que ha ocurrido con el proyecto de Ley de Partidos es que el Gobierno, en un ejercicio de unilateralismo, remitió al Parlamento un proyecto que iba más allá del objeto exclusivo de combatir la violencia, que es el núcleo del Pacto Antiterrorista. Valga sólo un ejemplo: el artículo 9.2 del proyecto ponía fuera de la ley a todo partido que 'no se ajuste' a 'los valores constitucionales'. ¿Qué quiere decir eso? Imposible saberlo. ¿Qué tiene que ver con el terrorismo? Muy poco. Sucede lo mismo con multitud de conceptos jurídicos indeterminados que son fuente de arbitrariedad y que figuran en el artículo 9 del proyecto.
Pues bien, ese artículo, tras la última negociación entre el Gobierno y el Partido Socialista, ha desaparecido. El futuro artículo 9.2 solamente permitirá ilegalizar a un partido por su 'actividad' (no por sus ideas) si tal actividad consiste en apoyar políticamente o colaborar con la violencia o con esa forma suprema de opresión que es el racismo. Y, repito, se trata de un apoyo político -no directamente delictivo- manifestado en conductas que la ley definirá de forma concreta y tasada (artículo 9.3), para evitar cualquier abuso.
¿Alguien puede estar en contra de que en nuestra democracia no quepa, ni se pueda financiar públicamente, un partido que apoye la violencia? Ése es genuinamente el único límite que debe tener la libertad de partidos. En la España y la Europa del siglo XXI nos negamos a que la violencia pueda ser nunca más la partera de nuestra historia. Esa convicción es parte esencial de los valores y del proyecto de construcción europea.
Es cierto que hay fuerzas políticas que han alzado la voz ante un proyecto criticable en su redacción inicial. En ello están basadas, en parte, las enmiendas de CiU, PNV, IU o Grupo Mixto. Pero los errores criticados se han subsanado. El Gobierno ha admitido las propuestas socialistas, y hay que felicitarle por ello. La ley no será retroactiva. La ley establecerá las conductas tasadas (no con el carácter abierto del proyecto originario) por las que se puede ilegalizar un partido. La ley sanciona conductas, no ideas, aunque éstas sean opuestas a la Constitución, propugnen la república, el independentismo o la autodeterminación. Y sólo un tribunal podrá decidir la ilegalización en base a actividades 'reiteradas y graves' de un partido que utilice la violencia y la coacción como arma política. En coherencia con todo ello, los citados partidos deberían ir constructivamente a una discusión parlamentaria que puede mejorar la ley y a un acuerdo que debiera ser casi unánime, tratándose de la Ley de Partidos, porque la unidad de los demócratas sigue siendo factor imprescindible para aislar y asfixiar al terror.
La sociedad española -y vasca- seguro que lo entiende. Y el hecho de que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para que los dos grandes partidos hayan podido pactar una ley así no es razón para rechazarla. Estamos ante un debate del que saldrá una ley que sólo puede interpretarse como fortalecimiento de la calidad de una democracia pacífica y pacifista, que no puede admitir que la violencia sea un factor determinante del juego político y lo sea de forma impune.
Es una ley para durar muchos años, no sólo para un caso o una coyuntura. No es una ley para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar conductas. Si a partir de ahora ningún partido apoya la violencia, no podrá haber decisiones de ilegalización, porque la ley es para el futuro, no para el pasado, aunque no pueda desconocerlo.
Quedan algunas reflexiones por hacer. Primera: el debate es libre, y oponerse a esta ley no es estar con el terrorismo, pero desde luego es no contribuir a un paso necesario para combatirlo; se trata de evitar que ETA se sirva de una organización política que se presenta a las elecciones y usa contra la democracia los espacios que proporciona. Segunda: una ley como ésta tiene que ser administrada y aplicada con lealtad al Estado de derecho y con el mismo espíritu de consenso que va a presidir su aprobación, pues, en caso contrario, se podría contribuir a debilitar la democracia en vez de a reforzarla. Tercera y última: la Ley de Partidos está abierta a todas las aportaciones positivas, porque su objeto no puede ser otro que combatir eficazmente dos de los más graves problemas que alarman hoy a los demócratas europeos: la xenofobia y la violencia.
Diego López Garrido es diputado socialista y portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso.
