_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El derecho a no ser mirado de reojo

El veto interpuesto hace siete días en el Congreso por el partido del Gobierno (con el apoyo de los nacionalistas catalanes y canarios) a la iniciativa de cuatro grupos parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre las responsabilidades de los órganos reguladores y de control (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Agencia Tributaria) en la crisis del BBVA parece orientado a ocultar la génesis política del matrimonio morganático contraído en 1999 entre el BBV (presidido por Emilio Ybarra) y Argentaria (presidida por Francisco González). Cualquier hipótesis mínimamente verosímil referida a la extraña fusión paritaria de esos dos desiguales tinglados -diferentes por su historia, estructura y recursos- da por descontada la activa participación del Ejecutivo en el macroproceso. Si el Gobierno nombró en 1996 a Francisco González presidente de la Argentaria todavía pública (constituida en 1991 mediante la agregación del Banco Exterior, el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito a la Construcción y la Caja Postal), la razón fue asegurar su continuidad -y sus servicios- al frente de la institución después de que hubiese sido completamente privatizada en 1998.

Una vez concluida esa fusión sólo explicable por la apuesta del Gobierno a favor de Argentaria, la feroz lucha por el poder librada dentro del BBVA ha traspasado los muros de la institución y ha llegado a los juzgados. La jubilación anticipada como copresidente de Emilio Ybarra, la limpieza étnico-financiera del antiguo consejo del BBV y la coronación como presidente-rey de Francisco González son los principales episodios de un tétrico dramón salpicado de traiciones, puñaladas por la espalda, intentos extorsionadores e interferencias gubernamentales. El expediente disciplinario del Banco de España -abierto tras una sosegada investigación de un año largo de duración- sobre activos extracontables del BBVA depositados en cuentas secretas de paraisos fiscales trató de circunscribir el escándalo a las fronteras sancionadoras de la Administración. Pero la Audiencia Nacional ha incorporado ya esos hechos presuntamente delictivos a otras diligencias sumariales que investigan anteriores actividades irregulares del BBV en el exterior.

Un auto del juez Garzón del pasado 25 de abril admitió parcialmente las peticiones de imputación dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción contra un amplio número de personas relacionadas con los ámbitos de la investigacion penal sobre el BBVA: delitos fiscales realizados a través de la sucursal del Banco Privanza en Jersey; operaciones de blanqueo de dinero por conducto de la oficina de Puerto Rico; y fondos de pensiones extendidos a favor de consejeros o directivos del antiguo BBV. El magistrado esgrime razones de prudencia o de carácer procesal para no imputar por el momento al actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga (acusado por un testigo protegido de comportamientos delictivos cuando trabajaba para el BBV) y al consejero delegado del BBVA, José Ignacio Gorigolzarri (designado para ese puesto por Francisco González).

El recurso de reforma interpuesto contra el auto de Garzón por la fiscalía reafirma la solicitud de imputación contra todas las personas mencionadas en su anterior escrito. Tal vez el ministerio público tenga razón en su propuesta; sin embargo, el condescendiente argumento garantista de que Rodríguez Ponga y Gorigolzarri quedarían de otra forma sometidos al peligro de comparecer sin abogado ante el juez como simples testigos y serían privados de su derecho como imputados a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables parece un exceso retórico. Ningún ciudadano que se considere inocente reivindicará jamás el derecho a ser imputado ante los tribunales para sentirse protegido de las acusaciones de un calumniador; su principal aspiración será disfrutar del derecho a no ser mirado de reojo por sus vecinos de escalera, tal y como ocurriría si los medios de comunicación reprodujeran una y otra vez su obligada comparecencia ante un juzgado.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_