La Fiscalía pide prisión para dos médicos por practicar un aborto a una menor
La Fiscalía pidió ayer siete y cinco años de cárcel respectivamente para dos ginecólogos por un aborto practicado en 1999 a una joven que entonces tenía 16 años. La defensa solicitó la absolución para los médicos porque la adolescente, que vivía emancipada con su pareja con la tolerancia de sus progenitores, dio su aprobación para el aborto. El juicio quedó visto para sentencia después de que la joven, que declaró como testigo, desgranara ante el tribunal malos tratos de su pareja, ingresos en centros de la Junta y falta de apoyo familiar.
La Fiscalía pidió siete años de prisión para Sáenz de Santamaría, titular de la clínica malagueña donde se realizó el aborto, y cinco para Armando Polivio, quien hizo la intervención. Para ambos, solicitó también 10 años de inhabilitación. En el caso de Sáenz de Santamaría, la fiscal pidió una pena mayor al entender que concurría el agravante de reincidencia, ya que ha sido juzgado por el mismo delito en otras dos ocasiones. En un caso fue absuelto y en otro, indultado.
Para el Ministerio Público el aborto fue ilegal porque no existió consentimiento paterno y se omitió el informe psiquiátrico que debía encasillar el aborto en el primer supuesto legal -grave afectación para la salud psíquica de la mujer- bajo el que se realizó. Según la fiscal, el hecho de que la joven viviera con su compañero no era óbice para que se requiriera el consentimiento de sus padres, ya que era menor. Además, ayer introdujo otro argumento: que el informe en el que se recomendó la interrupción del embarazo fue firmado por Santamaría, que es ginecólogo y no por un psiquiatra, por lo que carecía de validez.
La defensa pidió a la Audiencia que no tuviera en cuenta esta 'imputación sorpresiva' porque no había sido esgrimida con anterioridad y trató de demostrar que el consentimiento que dio la joven sí era válido. Para ello, esgrimió una sentencia de la Audiencia malagueña que en un caso similar reconoció la capacidad de una adolescente de 16 años para abortar porque estaba independizada y un artículo del Código Civil que considera emancipado al menor de 16 años que viva por su cuenta con el consentimiento de sus padres.
Ayer quedó claro que la joven vivía con su pareja con la tolerancia de sus progenitores. Pero la defensa fue aún más lejos, al cuestionar que se exigiera la autorización de unos padres con quien la adolescente tenía una relación tan conflictiva que forzó en reiteradas ocasiones su acogimiento en centros de la Junta. Por ello, los letrados de los médicos pidieron su absolución tras calificar los juicios por aborto como procesos en los que las mujeres tienen que 'desnudarse de sus desgracias' ante un tribunal.
Y R.G.P. desnudó las suyas. Contó que aquel compañero, toxicómano, le daba palizas. De hecho, la causa por aborto se abrió a raíz de una denuncia que ella presentó por malos tratos, demanda que nadie sabe si prosperó. 'Temía decírselo a mis padres y él me maltrataba. Me encontraba sola', dijo con voz entrecortada. Sáenz de Santamaría pidió una ley de aborto 'acorde a los tiempos que vivimos', criticó que denuncias por malos tratos acaben en juicios por interrupción del embarazo y calificó el interrogatorio al que fue sometida ayer la joven de 'terrorismo institucional'.
