Laudo razonable
El laudo dictado ayer en la huelga del transporte de viajeros interurbanos de Madrid contenía elementos suficientes para que, más allá de su obligado acatamiento, trabajadores y empresarios lo aceptaran como una solución razonable y equilibrada de un conflicto que ha dejado sin transporte durante doce días a casi un millón de vecinos de la periferia de la capital. Así ha sido: anoche, la huelga quedó desconvocada.
De entrada, el árbitro -el presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo- hizo algo esencial para restañar heridas y superar el clima enrarecido dejado tras sí por un conflicto laboral llegado a un callejón sin salida: recomendar la retirada de los expedientes abiertos a varios centenares de trabajadores por incumplimiento de los servicios mínimos. Era una condición previa exigida por los trabajadores para dar por finalizado el conflicto y que los empresarios, tras la recomendación del árbitro, se han mostrado dispuestos a aceptar una vez normalizada la situación.
Los trabajadores obtienen unas mejoras salariales que representan dos tercios de las solicitadas -48,08 euros mensuales frente a 75 a partir de enero de 2002 y el IPC más 0,7% en los tres años siguientes- y que superan las ofrecidas por los empresarios. Igual sucede con el aspecto de las jornadas demasiado largas, especialmente valorado por los trabajadores por su especial incidencia en la seguridad de los viajeros. El laudo establece la reducción de un día completo de trabajo durante 2002 y otros dos más en los tres próximos años. El árbitro ha aceptado que el convenio dure cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2005, como quería la patronal del sector, pero ha dado la razón a los sindicatos en un punto esencial: la existencia de un convenio único en el sector del transporte interurbano de Madrid.
Más allá del conflicto concreto, salpicado de algunos actos vandálicos como el apedreamiento de autobuses escolares y causante de indudables perjuicios a centenares de miles de madrileños, el árbitro ha señalado una medida que puede evitar este tipo de conflictos en el futuro: fijar de antemano -en frío- un modelo de servicios mínimos para supuestos de huelga en el sector del transporte. Si se establecen en caliente, es decir, en los momentos previos a la huelga, la tendencia de los poderes públicos es a regularlos en exceso, y la de los trabajadores, a considerarlos abusivos y a incumplirlos por vulnerar el derecho de huelga. Se trata de un asunto que ha estado alguna vez sobre la mesa de negociaciones de los agentes sociales, pero que incomprensiblemente, y para desgracia de todos, no acaba de abordarse con seriedad.
