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viernes, 12 de abril de 2002

EE UU facilitará la transferencia de tecnología militar a España

Washington y Madrid cooperarán en materia de contraespionaje

Estados Unidos se compromete a reducir 'las barreras innecesarias o desproporcionadas al flujo de tecnologías e información técnica' de carácter militar hacia España, según la Declaración de Principios para el Desarrollo de la Cooperación en Materia de Equipamiento e Industria de Defensa firmada por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, y su homólogo español, Federico Trillo-Figueroa.

Facilitar la transferencia de tecnología militar de EE UU a España, el acceso de las empresas españolas a los contratos del Pentágono y la entrada de capital estadounidense en las empresas españolas de Defensa son los tres objetivos, más o menos explícitos, del documento firmado el 10 de abril en Madrid por Trillo-Figueroa y el 4 en Washington por Rumsfeld.

El texto no es jurídicamente vinculante, pero sirve como marco político e impulso para posteriores acuerdos técnicos y comerciales. Su importancia se deduce del hecho de que sea una traducción casi textual del documento firmado en febrero de 2000 por EE UU y el Reino Unido, su principal aliado.

Algunos puntos, como la seguridad de los suministros o la armonización de los controles a la exportación de armamentos, se inspiran en la Letter of Intent (LOI) suscrita en 1998 por los ministros de Defensa de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Suecia, lo que da idea del interés de EE UU por no quedar al margen de la construcción aún incipiente de una industria europea de Defensa. Madrid es la segunda capital europea, tras Londres, que firma un texto así con el Pentágono.

La declaración compromete a Washington a 'tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas españolas, cuando desarrollen sus actividades en los Estados Unidos, reciban un tratamiento no menos favorable que las empresas estadounidenses cuando desarrollen sus actividades en España'. Este compromiso no pone a las empresas españolas en igualdad de condiciones con las americanas, pero obliga a aplicar el principio de reciprocidad y permitirá al Gobierno de Madrid exigir que no se vete a sus compañías por razones políticas, como en el pasado.

Ambas Administraciones se proponen 'eliminar o mitigar las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y prácticas que requieran o favorezcan la participación de la industria nacional en sus adquisiciones de defensa'. La piedra de toque de estas intenciones será la compra de 45 aviones de patrulla marítima por la Guardia Costera de EE UU, un contrato que podría suponer para CASA-EADS más de 600 millones de euros.

La transferencia de tecnología militar, a la que Washington ha puesto siempre trabas, incluso con sus aliados, como comprobó España cuando compró los cazas F-18 en los años ochenta, lleva aparejada una serie de medidas para evitar su filtración a terceros.

Los dos Gobiernos compartirán información 'en materia de contraespionaje, seguridad pública y proliferación de armamentos; de seguridad industrial; de lucha contra el espionaje económico; y de infracciones de los controles sobre la exportación'. Se trata de garantizar medidas de seguridad 'suficientes y adecuadas' para poder 'agilizar la transmisión de información clasificada'.

Los dos países se proponen también 'mejorar los procedimientos para la exportación a terceros países de bienes producidos conjuntamente', como las fragatas españolas de Izar vendidas a Noruega con el sistema de combate Aegis de la estadounidense Lockheed Martin.

Además, se comprometen a 'no imponer por razones de seguridad restricciones innecesarias o desproporcionadas respecto de la propiedad o la gestión de sus empresas' y a 'fomentar la mayor libertad posible en las inversiones transfronterizas en la industria de defensa'. Un párrafo que parece justificar a posteriori la venta de la empresa pública Santa Bárbara a General Dinamycs.

Insumisión sin pena

El pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que modifica el Código Penal común y el militar para despenalizar la insumisión. El PP aceptó una enmienda de CiU para que los procesos contra 4.000 jóvenes pendientes de sentencia se archiven de oficio, igual que los antecedentes de los ya condenados. La oposición recriminó al Gobierno su tardanza en solucionar este problema, ya que el servicio militar obligatorio desapareció el pasado 31 de diciembre. Por su parte, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, aseguró que la reforma es 'oportuna' y que la tramitación urgente y en lectura única del proyecto permitirá su entrada en vigor en unos 20 días. Hasta entonces, si el Gobierno no lo remedia, seguirán en prisión siete insumisos.

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