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sábado, 16 de marzo de 2002
LA CRISIS DE UNA AUDITORA

La Administración de EE UU anuncia que no concederá nuevos contratos a Andersen

Las autoridades dictan una normativa que facilita que las empresas abandonen a la auditora

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que no concederá más negocios a Andersen porque la auditora de Chicago no cumple las exigencias de integridad y ética que requiere el trabajo con la Administración. La decisión, además de afectar a la marcha económica de la empresa, supone una importante pérdida de credibilidad y prestigio. Esta resolución se produjo después de que el Departamento de Justicia imputara a la compañía por obstrucción a la justicia por destruir toneladas de documentos en el caso Enron. Andersen reconoce que la acusación supone un fuerte golpe, pero dice que es inocente.

El objetivo inmediato de la auditora es evitar el éxodo de clientes, aunque no lo tendrá fácil. La SEC (equivalente a la Comisión del Mercado de Valores), señaló ayer que no planteará dificultades a los que opten por el cambio. 'Para estar cualificada como parte responsable, una compañía o una persona deben de contar con antecedentes satisfactorios de integridad y ética en los negocios', señala la Administración de Servicios Generales, un ente gubernamental que aprueba los contratos. Este organismo recuerda que 'Andersen ha sido acusada de un delito de destrucción de documentos'.

La suspensión de relaciones durará hasta la resolución del caso. Ninguna de las partes supo evaluar la repercusión económica de la medida. Justicia alega que la auditora intentó socavar la investigación sobre Enron mediante un esfuerzo coordinado para destruir toneladas de documentos. Andersen niega que existiera tal estrategia y atribuye la responsabilidad de lo ocurrido al auditor jefe de Houston, sede de Enron.

La compañía -que acusa al Gobierno de grave abuso de poder y de hacer alegaciones sin fundamento sólido- pretende llegar con urgencia, en un plazo de 90 días, a los tribunales para despejar unas dudas sobre su integridad que han dado 'un fuerte golpe al negocio', según reconoció ayer un portavoz. El representante de Andersen aseguró que 'no hay planes para presentar una suspensión de pagos'.

Suspensión de pagos

Algunos expertos consideran que una suspensión de pagos facilitaría una desaparición ordenada de la auditora, desaparición que consideran prácticamente inevitable. Esta semana, negociaciones de compraventa con otras auditoras fracasaron ante la imposibilidad de garantizarse el comprador protección contra las demandas presentadas por los damnificados por el caso Enron. Éste es el caso de Deloitte & Touche y Ernst & Young, que han abandonado las negociaciones de compra de Andersen.

La máxima pena por obstruir la justicia es medio millón de dólares y cinco años de libertad vigilada, durante los cuales la compañía no puede tener ningún conflicto con la justicia. Pasado ese tiempo sin conflicto, desaparece formalmente la culpa. Para Andersen, esa hipotética sanción es ahora mismo la menor de las preocupaciones.

Lo grave es que la acusación de actuación delictiva puede provocar un éxodo de firmas cuyos responsables no se atreverán a presentarse ante sus accionistas con un balance aprobado por Andersen. En caso de que Andersen fuera considerada culpable, la SEC, organismo que vela por la legalidad del sistema corporativo, debería tomar medidas que podrían llegar a prohibirle para siempre la realización de auditorías de empresas cotizadas.

En un intento de evitar el caos, la SEC ha hecho saber que seguirá aceptando las cuentas auditadas por Andersen, que tiene 2.300 clientes que cotizan en Bolsa y asegura estar en condiciones de seguir realizando su trabajo con normalidad. El procesamiento no significa culpabilidad, pero a pesar del gesto de la SEC, las compañías auditadas por Andersen están al borde de la estampida, con un goteo diario de deserciones. En las últimas semanas se calcula que más de 40 empresas han abandonado a Andersen. A las que continúan con el auditor, se les planeta el doble problema de tener a un auditor sin credibilidad y el peligro de que una eventual condena de Andersen les deje sin auditor en unos meses.

Ante esta circunstancia, Harvey Pitt, el presidente de la SEC, dice que aceptará los balances sin auditar que presenten los clientes de Andersen que suspendan relaciones con la auditora. Estas compañías tendrán dos meses de gracia para ofrecer datos firmados por un nuevo auditor. La oferta de Pitt facilita indirectamente la ruptura de relaciones entre Andersen y sus clientes.

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