Navan deja millones de euros en deudas en una explotación que le salió gratis
Los interventores que fiscalizan las cuentas de Almagrera SA (yacimiento de Sotiel Coronada) y Navan Resources (yacimiento de Aguas Teñidas) -filiales ambas de la multinacional de origen irlandés Navan Mining-, que presentaron suspensión de pagos en diciembre, están teniendo también serias dificultades para conseguir la documentación que justifique la espiral de deudas en la que se metieron sus directivos en los últimos cuatros años. Y no sólo porque los responsables de Navan sean rara avis en las oficinas de Calañas (Huelva).
La juez de Valverde del Camino que lleva el caso ha tenido que prorrogar el plazo de entrega de documentos hasta el 31 de marzo para que la empresa recomponga sus números. Porque si las primeras estimaciones que le llegaban a los sindicatos reflejaban una deuda de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas), según sus últimas informaciones los estados contables presentados multiplican esa cantidad, hasta alcanzar los 150 millones de euros. Unas cifras que marean y casan mal con la realidad de la mina, lo que acrecienta las dudas de los trabajadores sobre si se ha producido algún desvío en los ingresos. 'Son unos piratas', acusa Juan Bragado, máximo responsable de CC OO en Minas de Almagrera.
Pésima gestión
Los trabajadores reiteran que las únicas inversiones realizadas se deben a la apertura del yacimiento de Aguas Teñidas, una mina subterránea, rica en cinc, que empezó a producir en 1999. Y ni tan siquiera realizaron la infraestructura necesaria para 'atacar el mineral' de la mejor manera posible, asegura Benito Fernández. Los mineros reiteran que Navan no se gastó un euro en repuestos y apenas renovó la maquinaria. Pero la deuda se multiplicó mucho más allá de lo que la bajada de los precios de los metales auguraba.
Para concluir que la gestión de Navan ha sido 'pésima', los mineros echan la vista atrás. Entre 1981 y 1996, la explotación de Sotiel Coronada, en manos del Estado, fue dirigida por técnicos contratados por el Instituto Nacional de Industria (INI). Se invirtieron más de 120 millones de euros y, en esos 15 años, sólo se generó una deuda de 36 millones, frente a los 150 millones que habría acumulado la multinacional en cuatro años. Y eso que el Estado español limpió las cuentas de la explotación antes de regalársela. El Gobierno aprobó en abril de 1997, justo unos días antes de formalizar la venta, una subvención de 40,5 millones de euros para quitar los números rojos de la contabilidad de Minas de Almagrera.
Desde entonces, Almagrera SA y Navan Resources apenas han recibido subvenciones más allá de una ayuda de la Junta para construir una planta que depura las aguas ácidas de sus balsas. En los últimos tres años, la Consejería de Desarrollo Tecnológico ha denegado sistemáticamente sus peticiones porque Navan tampoco estaba al corriente en sus pagos con la Seguridad Social.
