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Un diputado apela al Constitucional para lograr la lista de cargos recolocados por la Generalitat

Ante la falta de transparencia del Gobierno catalán sólo queda la vía del Tribunal Constitucional. El diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao ha decidido pedir amparo al Alto Tribunal para acceder a información que el Ejecutivo de Jordi Pujol le ha negado reiteradamente: la lista de todos los ex altos cargos de la Generalitat y ex diputados que siguen vinculados con la Administración catalana después de cesar en el cargo. El diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi Àlex Masllorens, que persigue la misma información desde hace meses, medita también recurrir al Constitucional.

El Gobierno catalán se excusa, para justificar las sucesivas negativas a facilitar la información, en la confidencialidad de los datos requeridos por los parlamentarios. Ridao y Masllorens, cada uno por su lado, han presentado en el último año varias preguntas parlamentarias sobre la recolocación de altos cargos, pero siempre se han encontrado con la negativa de la consejera de Gobernación, Núria de Gispert. Ésta ha dado algunas pistas, como por ejemplo ofrecer cifras globales, pero sin concretar los nombres: en una respuesta a Masllorens aseguró que actualmente hay 49 ex altos cargos -entendidos de forma restrictiva, es decir, exclusivamente secretarios generales y directores generales- que siguen vinculados a la Administración catalana tras su cese.

No obstante, De Gispert se ha negado una y otra vez a facilitar la identidad de las personas afectadas alegando el 'derecho a la intimidad, a la privacidad y a la dignidad personal' de los trabajadores de la Generalitat, según contestó por enésima vez a Ridao en una respuesta por escrito entregada el 15 de febrero. La consejera justifica su decisión en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y ha dado a entender que si alguien proporciona esta información incurre en una ilegalidad

La advertencia es como mínimo un aviso para navegantes. En mayo del año 2001, Ridao logró la lista completa de los asesores y del personal eventual del Gobierno catalán, lo cual puso en apuros al Ejecutivo al revelar la existencia de más de 200 asesores nombrados sin ningún tipo de control. Una veintena de ellos percibían sueldos superiores al de los mismos consejeros.

Poco después de que la lista se difundiera cesaron los dos altos cargos que habían facilitado el trabajo a Ridao: el director general de Relaciones con el Parlament, Josep Manuel Silva, fue apartado de su puesto y trasladado al Gabinete Jurídico de la Generalitat -hoy es director del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada-, mientras que la directora general de la Función Pública, Maria Àngels González, también cesó y se ha reincorporado a la Administración como inspectora de Enseñanza.

Como consecuencia de la iniciativa de Ridao y del escándalo desatado, el Parlament ha obligado al Gobierno catalán, a instancias de ERC y del Partido Popular, a hacer pública anualmente la lista de asesores, que se publicó por primera vez en el Diari Oficial de la Generalitat a principios de febrero. No obstante, la lista difundida muestra sólo los cargos existentes y evita facilitar los nombres de las personas que los desempeñan, así como el salario que perciben. Esquerra tiene presentada una proposición no de ley en la Cámara, cuyo debate sigue pendiente, para exigir que la lista se publique con la identidad de las personas, a lo que el Gobierno se niega de nuevo alegando el derecho a la intimidad de sus trabajadores.

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Poco después de difundir su informe sobre altos cargos, Ridao extendió su búsqueda al campo de los ex altos cargos que siguen vinculados a la Administración tras su cese, una línea de investigación en la que se ha encontrado también con Àlex Masllorens, pero que, ante las reiteradas negativas de De Gispert, ya no tiene camino por recorrer dentro de la vía parlamentaria convencional.

Vía cerrada

En consecuencia, el diputado republicano ha dado los primeros pasos para adoptar una medida muy inusual en Cataluña y que Masllorens también está meditando emprender: pedir amparo al Tribunal Constitucional para forzar al Ejecutivo catalán a entregar los datos reclamados. En un escrito presentado el pasado 26 de febrero, Ridao solicita a la Mesa del Parlament que le garantice por escrito que 'se ha cerrado el trámite parlamentario' de las preguntas que presentó referentes a la reubicación de ex altos cargos en la Administración. Obtener esta garantía formal es el paso previo exigido para interponer el recurso de amparo, como recuerda el propio Ridao en el escrito donde hace manifiesta su voluntad de acudir al Alto Tribunal.

Ridao considera que Núria de Gispert, con su negativa, obstaculiza el trabajo parlamentario y ésta es la razón que le llevará al Constitucional. Es la 'falta de transparencia' de la Administración, y no la situación concreta de los ex altos cargos que siguen trabajando para la Generalitat, lo que le subleva. 'En muchos casos se trata de funcionarios que tienen toda la legitimidad del mundo para seguir en la Administración después de haber sido altos cargos, pero es inadmisible que el Gobierno quiera ocultar la información', subraya.

Pese al obstruccionismo del Gobierno, el diputado republicano dispone ya de una lista parcial, extraída de un amplio informe sobre la Administración catalana, que está elaborando con material disperso que ha reunido gracias a múltiples preguntas parlamentarias. El equipo técnico de Esquerra en el Parlament está siguiendo el rastro de los más de 1.000 altos cargos que ha tenido la Generalitat desde su restauración y ha llegado a la conclusión, aún provisional, de que un porcentaje muy alto siguió vinculado a la Administración tras su cese, por lo menos durante un tiempo, aunque a través de fórmulas muy diversas.

En la lista parcial de Ridao sobre ex altos cargos que siguen vinculados a la Administración se observan situaciones muy dispares. En algunos casos se trata de personas que eran funcionarias antes de su designación y que tras cesar han regresado al mismo puesto que ocupaban.

Asesores

Un ejemplo es el citado de Maria Àngels Gonzàlez, ex directora general de la Función Pública. Según una respuesta de De Gispert, entre 1997 y 2001 hay cinco casos como éste. Otra posibilidad, más frecuente -16 casos entre 1997 y 2001-, es la de funcionarios que tras cesar siguen en la Administración, pero no en el puesto que ocupaban antes de convertirse en altos cargos, sino en lugares mejor retribuidos: uno de ellos es el ex consejero de Enseñanza Xavier Hernández, ex funcionario de prisiones y hoy vinculado al Departamento de Justicia a través del proyecto de Ciudad Judicial de Barcelona y L'Hospitalet.

En muchos casos, la vía de recolocación es la figura del asesor, lo que entronca con el trabajo inicial de Ridao, si bien los datos en este caso son del pasado mayo. El Ejecutivo no da publicidad a estos nombramientos discrecionales y evita expresamente revelar su identidad, pero en el informe que Ridao presentó en mayo aparecen varios ex altos cargos que tras cesar siguieron recibiendo un sueldo de la Administración como asesores: entre otros, Pere Sust, ex secretario general de Deportes, asesor de Cultura; Enric Prior, ex director general de Emergencias y Seguridad Civil, que pasó a asesorar a Industria; Miquel Reniu, ex director general de Política Lingüística, a Universidades; Jordi Peix, ex director general de Medi Natural, a Agricultura, y Josep Laporte, ex consejero de Sanidad y Enseñanza, siguió vinculado a Sanidad como asesor.

Otra vía es hacerse cargo de empresas públicas -Albert Juanola, ex director general de Estructuras Agrarias, dirige Promotora de Exportacions Catalanes, SA (Prodeca), y Joan Ignasi Puigdollers, ex consejero de Medio Ambiente, preside Regs de Catalunya, SA- o de instituciones vinculadas a los respectivos departamentos, como el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, donde han encontrado acomodo Josep Manuel Silva, ex director general de Relaciones con el Parlament, y Francesc Jiménez Gusi, ex secretario sectorial de Ejecución Penal.

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