La Guardia Civil detiene a 9 personas acusadas de engañar a 500 inmigrantes con documentos falsos

La Guardia Civil ha detenido en Barcelona y el área metropolitana a nueve personas acusadas de falsificar documentos oficiales con el propósito de engañar a unos 500 inmigrantes, la mayoría de ellos ecuatorianos, a los que prometían trabajo y permisos de residencia. La red operaba a través de una gestoría y utilizaba como tapadera 76 empresas constituidas legalmente para simular las supuestas ofertas de trabajo que se ofrecían a los inmigrantes con el fin de que obtuvieran los permisos necesarios para regualizar su situación en España.

Pese a las promesas iniciales, cuando los afectados ya habían pagado los 600 euros (unas 100.000 pesetas) que se le exigían a la mayoría, se les advertía que en realidad nunca trabajarían porque la oferta de trabajo sólo era una argucia legal. La gestoría presentaba las solicitudes a la Delegación del Gobierno, pero los papeles no llegaron nunca.

A diferencia de lo que ocurre en casos similares de estafas a inmigrantes, las primeras sospechas de esta trama partieron de la Agencia Tributaria a finales del pasado año, cuando se descubrió que existían hasta 76 sociedades inactivas. En todos los casos, esas empresas estaban vinculadas a una gestoría situada en la calle de Roger de Flor de Barcelona. Después se comprobó que, además, muchas tenían el domicilio social en una vivienda, que acabó coincidiendo con el domicilio particular de los detenidos. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que el gran número de empresas ficticias utilizado era para dispersar las supuestas ofertas de trabajo a los inmigrantes y no levantar sospechas a la Administración.

Tareas definidas

Los detenidos son Manuel E. B., de 40 años; Ana F. G., de 35; Mónica E. A., de 27; María M. A., de 36; Eva A. F., de 31; y Patrick F. G., de 36, todos ellos vecinos de Barcelona. En Vilassar de Mar fue detenido Ernesto G. F., de 62 años; en Santa Coloma de Gramenet fue arrestado Jorge S. M., de 57, y en Badalona, María M. H., de 33. Las mismas fuentes también explicaron que los nueve detenidos tenían las tareas perfectamente asignadas y que mientras unos se dedicaban a falsificar los permisos, otros captaban a los clientes, muchas veces de manera directa en la calle. En varios casos, los inmigrantes habían pagado 300 euros (unas 50.000 pesetas) como anticipo desde Ecuador.

Los investigadores dijeron que la falsificación orquestada por la banda quedaba perfectamente diluida en el funcionamiento habitual de la gestoría, un centro que realizaba funciones de asesoría fiscal y laboral y que, como tantos otros que funcionan en Barcelona, han ampliado su ámbito de actuación ante el progresivo aumento de la inmigración que se ha producido en los últimos años.

La operación Ecuador, que es como se ha llamado durante este tiempo a las investigaciones, ha estado dirigida por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuentes policiales informaron ayer de que a los detenidos se les acusa de un delito de falsedad documental, de otro contra los derechos de los trabajadores y de asociación ilícita, el más grave de todos los cargos. Esta imputación es una práctica habitual en la fiscalía desde hace unos meses con el fin de atajar la actuación de ciertas bandas, aunque hasta ahora sólo se había aplicado a la llamada banda de los peruanos, que robaba a los turistas en las autopistas o a los grupos que el pasado verano desvalijaron viviendas en Barcelona. Sin embargo, el parecer de la fiscalía es que en el caso de la banda que estafaba a los inmigrantes existen todos los requisitos para acusar a los detenidos de asociación ilícita porque tenían una estructura, compartían un mismo fin, respondían a las directrices y tenían un reparto de funciones.